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| 8/22/2014 12:00:00 AM

En libertad jueces capturados por presunta corrupción

Un mal procedimiento en la captura culminó en la libertad a seis personas vinculadas con el fallo de una tutela que afectó a víctimas.

Por un aparente mal procedimiento al realizar un allanamiento durante la captura, el juez 42 de garantías de Bogotá dejó en libertad a seis personas, entre ellas dos jueces, dos empresarios y dos funcionarios judiciales implicados en presuntos actos de corrupción en los cuales, con una tutela, habrían favorecido a particulares para que se apropiaran de un lote en Cartagena.

Las personas implicadas en los hechos y que recobraron su libertad son los jueces civiles de Bogotá, Pablo Correa y Luis Bolaño; los directivos de la empresa Conequipos, Honorato Galvis y Jorge Dávila; y los funcionarias judiciales Yolima García y Diana Santos.

Según la Fiscalía, estas personas son responsables de los delitos de prevaricato por acción agravado, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y falsedad ideológica en documento público. Según el abogado Iván Cancino, defensor de uno de los procesados, los investigados buscan asumir el caso y demostrar que no tienen ningún tipo de responsabilidad en los hechos de los que se les sindica.

“Lo que es claro es que se presentan a unas personas honorables como delincuentes. La justicia (...) tendrá que tomar las medidas para rectificar todo el daño que se les ha hecho a personas que no han cometido delito alguno. La Fiscalía tendrá que reflexionar frente a estos casos cuando se dedique a tomar medidas que no tienen un sustento legal”, dijo el abogado.

El hecho radica, según la Fiscalía, en que la propiedad estaba destinada para que la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca), en liquidación, reparara a 63 familias campesinas Mompox (Bolívar) afectadas por el paso de una línea de alta tensión. Los damnificados ganaron un proceso legal en el 2007 contra la empresa, por lo cual tuvo que pagarles 14.000 millones de pesos.

El acto ilegal habría estado en que los jueces y los dos funcionarios judiciales, al parecer, fueron contactados por Galvis y Dávila para que fallaran a su favor una tutela instaurada el 16 de diciembre del 2011 por los últimos y así, lograr la inscripción del lote avaluado en 50.000 millones de pesos localizado en Mamonal (Cartagena) a nombre de su empresa.

Según la investigación, las dos funcionarias fueron fundamentales, puesto que se habrían encargado de que la acción interpuesta llegara de manera irregular al juez 29 Civil Municipal Pablo Correa quien, presuntamente, los favoreció con el fallo que habría permitido la apropiación del terreno.

Pero los hechos irían más allá para que una segunda instancia avalara la decisión. El 25 de enero del 2012, el juez 35 Civil del Circuito de Bogotá, Luis Bolaños, entró a fallar también a favor de los accionantes, presuntamente, de manera irregular.

La Fiscalía señala que cada juez recibió por su actuar la suma de 40 millones de pesos.

En el proceso también se encuentran vinculados, desde abril del 2012, entre otros,  el notario décimo de Barranquilla para la fecha de los hechos (2009), Álvaro Ariza; la exregistradora de Instrumento Públicos de Cartagena, Emilia Fadul; el particular Luis Alberto Ballesteros; el abogado Argemiro Lafont Díaz y el exgerente de Corelca, Julio Alberto Mendoza.

El exjuez primero promiscuo de Monpox, Orlando Puello, ya fue condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena por los delitos de prevaricato por acción, en concurso homogéneo sucesivo y peculado por apropiación agravado.
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