¿Quién no quiere cumplirles a los jueces de descongestión?

La Sala Administrativa del Consejo Superior ha expedido acuerdos prorrogando la duración de los cargos de descongestión. El problema es que para cumplirle a esos funcionarios se necesitan, además de la voluntad del gobierno, dos instancias distintas del poder jurisdiccional: la Sala Administrativa, por un lado, y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, por el otro.

La primera es la encargada de elaborar el proyecto que hace posible los nombramientos de estos y otros funcionarios de la Rama, en tanto que la Comisión está obligada a emitir un concepto que se pronuncia sobre su viabilidad, pero que no obliga a la Sala a actuar en uno u otro sentido. Esto significa que las objeciones ante un proyecto de acuerdo no tienen la capacidad de tumbarlo.

En años anteriores, la Sala Administrativa consideraba que no estaba obligada someter a estudio de la tantas veces citada Comisión sus proyectos de acuerdo antes de elaborarlos. Solo le rendía informes sobre todas sus gestiones, para que esta emitiera los respectivos conceptos.

Así, nombramientos de funcionarios y otras decisiones del Consejo Superior, aunque eran valoradas por dicha Comisión, no tenían ese estudio previo de su parte.

Ahora, antes de discutir la firma de cualquier acuerdo, la Sala le pide a la Comisión su concepto. De ahí la dificultad para encontrar un camino común en torno cómo debe cumplirse la voluntad del Gobierno de incorporar a las plantas de personal -de manera permanente- a los miles de empleados que año tras año ejecutan el plan de descongestión.

En cumplimiento de la promesa, la Sala Administrativa elaboró un borrador del acuerdo con el que se quería nombrar en propiedad –desde agosto- a los funcionarios en provisionalidad que hacen parte del plan nacional de descongestión.  Ese escrito ha sido sometido al escrutinio de la Comisión Interinstitucional, que se ha pronunciado varias veces frente a la manera como ha diseñado el plan, sin aprobarlo finalmente. 

Ese organismo –del que hacen parte los presidentes de las cuatro altas cortes- aclaró que su participación en el estudio del proyecto de acuerdo se ha reducido a formular objeciones, adelantar recomendaciones, pero que ninguna de ellas supone que haya presentado ya el concepto que exige la ley para emitir el acuerdo final.

De hecho, la Comisión informó este martes que luego de 10 sesiones, se abstendría nuevamente de emitir su concepto. Esto impide aún que vea la luz el acto administrativo del que dependen los funcionarios para ser nombrados en propiedad.

Ese organismo -que reúne a todas las cortes- explicó que la Sala responsable de la redacción del acuerdo ha hecho oídos sordos a sus sugerencias. En su criterio, no se ha tenido en cuenta el deber de racionalizar la oferta de justicia y por eso se rehúsa a emitir el concepto sobre este discutido proyecto de acuerdo.

No se conocen muchos detalles de las razones que tiene la Comisión. De momento, es difícil establecer si la Sala Administrativa del Consejo Superior ha desatendido las observaciones que se le han formulado.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, explicó que con la nueva ley estatutaria "se acaban los nombramientos a dedo de funcionarios judiciales, y se reduce la figura de los jueces de descongestión para los casos en donde sea absolutamente indispensable e incluso cuando sean necesarios va a ser por un tiempo limitado de 2 años. En términos generales, se desarrolla el principio de la meritocracia para que sea mucho más transparente la elección de los funcionarios judiciales".

El proyecto busca desarrollar la reforma de Equilibrio de Poderes que se aprobó en el Congreso el semestre pasado y que representó un verdadero revolcón para un sector de la justicia.