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| Foto: Juan Carlos Sierra

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¿Les llegó su hora a los jueces de descongestión?

Así parece demostrarlo un acuerdo que acaban de firmar los presidentes de las altas cortes en el que aprueban el proyecto para nombrarlos como jueces permanentes.

21 de octubre de 2015

El tira y afloje entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para nombrar como permanentes a los jueces de descongestión parece llegar a su fin. Dicha Comisión acaba de firmar el acuerdo que tenía frenados los nombramientos.

Este organismo, conformado por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior y el Consejo de Estado firmó el acuerdo que hacía falta para que la Sala Administrativa ordenara hacer los esperados nombramientos.

En el documento, se da vía libre al proyecto que tiene planeado la Judicatura para convertir en permanentes unos ocho mil cargos que funcionan desde hace años en el marco del plan nacional de descongestión. Esto significa que, en pocos meses, miles de funcionarios de la Rama que han sido nombrados provisionalmente empezarán a hacer parte del personal de planta del poder jurisdiccional.

Ahora solo falta que la Sala Administrativa del Consejo Superior firme el acuerdo definitivo, que tenía preparado desde hace varios meses para poner en marcha el plan para que jueces, sustanciadores y otros colaboradores de los juzgados de descongestión asuman sus cargos en propiedad. Hasta ahora, la Sala no había podido ordenar los nombramientos, porque se encontraba a la espera de que la Comisión Interinstitucional emitiera el concepto previo, indispensable, para poner en marcha la restructuración.

Y es que aun cuando este concepto no es vinculantes, es decir que no obliga a que se aborte o se adopte el plan, si es estrictamente necesario para poder emitir el acto administrativo que han esperado miles de jueces y demás funcionarios, para que la Justicia cumpla su parte, frente a la promesa del Gobierno de convertirse en servidores permanentes de los despachos para los cuales trabajan desde hace años.

Ambos organismos estuvieron enfrascados en una discusión que, por meses, ha impedido que el acuerdo para los nombramientos salga avante. La Comisión Interinstitucional dijo no estar de acuerdo con algunas de las condiciones del plan de la Sala Administrativa del Consejo Superior. A su juicio, era necesario hacer algunos ajustes, para tratar de hacer más eficiente el uso de los recursos. Por eso se había abstenido de entregar el concepto y esto era lo que impedía materializar los nombramientos.

Ahora que la Comisión le da la bendición a la ejecución del plan, la posesión de los jueces y sus colaboradores en los cargos permanentes dependerá de la celeridad con la cual la Sala Administrativa emita el acuerdo. Veremos si esta decide acoger o no las recomendaciones para eliminar ciertos gastos del proyecto.

Los presidentes de las cortes no están  de acuerdo, por ejemplo, con la posibilidad de crear nuevos cargos administrativos,  salvo que sean de apoyo judicial. Tampoco están de acuerdo con que se redistribuyan, se fusionen, trasladen o supriman tribunales y tampoco aprueba que los tribunales especializados se conviertan en promiscuos.

Los funcionarios, que han impulsado un sin fin de actos de protesta y algunos paros judiciales, han enfocado muchos de sus descontentos en esta promesa incumplida.