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| 6/11/2014 12:00:00 AM

Jueces piden “mesura” a fiscal general

Están en desacuerdo con el anuncio de Eduardo Montealegre de pedir investigación contra la juez que dejó libre a Andrés Sepúlveda.

Inconformes y en desacuerdo con el actuar del fiscal general Eduardo Montealegre, luego de que anunció públicamente que buscará que investiguen a la juez décima de conocimiento Teresita Barrera -quien dejó libre al hacker Andrés Sepúlveda-, los jueces penales del circuito y municipales de Bogotá le pidieron al jefe del ente investigador mesura y ponderación cuando no esté de acuerdo con sus determinaciones.

“La actividad judicial, en el compromiso de la resolución pacífica de los conflictos que se generan en el interior de la sociedad, está dotada de los principios de autonomía e independencia judicial, a través de los cuales se cumplen con la transcendental misión constitucional de administrar justicia, erigiéndose como bastiones fundamentales que permitan a los jueces de la República asumir su responsabilidad de garantizar la efectividad de los derechos y garantías de los asociados”, señala un comunicado de prensa leído por William Castiblanco, juez 11 especializado.

Según los funcionarios, Montealegre se valió de la prensa para hacer sus manifestaciones, tomando así la vía equivocada, dado que él más que nadie sabe cuál es el camino correcto para tomar acciones en este tipo de situaciones.

“Resulta por tanto censurable que la propias instituciones del Estado, y en este caso el señor fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet, pretenda minar estos pilares fundamentales, descalificando la decisión de la señora juez décima penal del Circuito de Bogotá, en el proceso seguido en contra del señor Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, utilizando para ello los medios de comunicación, en lugar de las vías judiciales que le son propias”, argumentaron.

Además le pidieron a Montealegre que no descalifique su labor, que tampoco los amenace con indicar a acciones penales y que no los exponga por el hecho de estar cumpliendo con el trabajo que les fue encomendado, de manera autónoma e independiente.

“Resulta inadecuado que una de las partes que eleva solicitudes ante los jueces penales, en este caso el ente acusador, nos ponga en la picota pública, amenazando con las consecuencias de una acción penal por el hecho de cumplir con el compromiso constitucional de interpretar la ley y administrar justicia, cuando el marco jurídico brinda los canales legales a seguir para traducir su disconformidad, poniendo en riesgo la propia seguridad de los administradores de justicia”, explicaron.

Según Castiblanco, todos los jueces por su labor son susceptibles de investigaciones penales y disciplinarias. Pero que sus determinaciones son tomadas en cumplimiento de su deber y que en caso de ameritar una investigación, esta debe ser basada en la mesura y sin sometimiento al escarnio público, por el simple hecho de no compartir sus fallos.

“Para eso están los recursos judiciales y los mecanismos de ley como la tutela y demás, y obviamente si se estima que hay un alejamiento de la ley en nuestras decisiones hay que evaluar por parte del ente investigador si hay lugar a una investigación pero no de manera tan apresurada y sin la medida que implica poniendo en riesgo la seguridad personal de los jueces como lo declaró esta mañana la jueza Teresita Barrero”, dijo.

Mientras el juez Javier García indicó que el tema “no se trata de enfrentarnos a fiscal sino que efectivamente se trabaje con mesura, la disconformidad de uno de los sujetos procesales no ponga en riesgo las actividades de los jueces o bien puede suceder esto con un fiscal, no es lógico que ante las discrepancias ante un tema se ponga en riesgo la seguridad de cualquiera de los actores del proceso penal”.

La juez Barrero ya había dicho que el anuncio del fiscal general de investigarla no sólo la afecta a ella, sino a todos los funcionarios que imparten justicia en el país “porque cuando no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman, el mensaje que se envía es que cometió un delito porque no nos hizo caso. Significaría que tenemos que arrodillanos, ya no ante un Estado de Derecho, sino ante algo muy parecido a la tiranía o la dictadura”. 
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