Jueces que vendían libertades en Barranquilla

Si hay un hecho que haya deteriorado profundamente la confianza de los barranquilleros por la justicia fue la reciente captura de cuatro jueces y un fiscal del distrito judicial de esa ciudad.

Las acusaciones contra ellos no son de poca monta: se cree que manipulaban el reparto y la asignación electrónica para que los procesos penales y las solicitudes de libertad condicional cayeran en manos de funcionarios que vendían esas decisiones.

El rumbo del caso se definirá este martes por la juez Novena Penal Municipal de Cartagena, Elisabeth Araújo Arnedo.

La funcionaria puede decidir enviarlos a un centro penitenciario, concederles la detención domiciliaria o dejarlos libres hasta el fallo si considera que no son un peligro para la sociedad. Cualquiera que sea la decisión que tome, generará ruido.

De acusadores a…

Los implicados son Edwin Volpe Iglesias, juez Noveno Penal Municipal; José De Jesús Vergara Otero, juez 12 Penal Municipal; Rafael Uribe Henríquez, juez 13 Penal Municipal, y Gloría Giraldo Ruiz, juez Cuarta penal del Circuito.

También fueron detenidos los funcionarios del Centro de Servicios encargados de programar las fechas de las audiencias. En ese grupo están un inspector de policía, un comisario, los abogados Orlando Anaya Durán y Gabriel Ramos Fontalvo, la líder comunal del barrio Las Estrellas Nerilda Caré.

Están así mismo comprometidos el fiscal Óscar Contreras Amarís, que se encuentra recluido en una clínica de Barranquilla donde se legalizó su captura, y Edilberto Maestre Fernández, quien era el secretario del juez 13 penal municipal, se encuentra prófugo.

Los delitos que les imputan son concierto para delinquir, concusión, constreñimiento ilegal, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción, tráfico de influencias y falsedad en documento público. Aunque no todos incurrieron en los mismos delitos, hay algunos con más grado de gravedad en su conducta. Se calcula que las penas irán de tres a ocho años de cárcel.

Las pesquisas

La investigación comenzó en septiembre del 2014 por cuenta de un anónimo que llegó a la Fiscalía. En este se mencionaba la comisión de presuntos actos de corrupción en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Barranquilla.

A comienzos de octubre, con la captura de los miembros de una banda conocida como los 'químicos’, que fabricaban y traficaban cocaína, la Policía Judicial comenzó a atar cabos. Interceptaron a los miembros de la banda y así encontraron cómo los abogados y los funcionarios acordaban asignaciones de turnos a los jueces presuntamente comprometidos con la banda criminal.

El método para obtener beneficios empezaba en las solicitudes de libertad o de beneficios de detención domiciliaria que hacían los abogados de los capturados a los funcionarios de los juzgados.

Después iban donde los responsables de asignar audiencias en el centro de servicios, a quienes solicitaban que los procesos de sus defendidos correspondieran por reparto a los jueces de los juzgados Noveno, 12 y 13 Penal Municipal y Cuarto del Circuito, que son los jueces que se encuentran detenidos.

Los funcionarios presionaban a los programadores de audiencia para que asignaran de procesos a los jueces que antecedían nominalmente a aquellos despachos con quienes existían ‘arreglos’.

Varios casos que avivaron el interés del fiscal anticorrupción Germán Arias Cortés. El primero fue el de la banda de los ‘Químicos’, Jairo Rada Atencia, alias ‘Kike’, a quien le tenían interceptadas sus líneas. También el del polémico empresario Alfonso el ‘Turco’ Hilsaca y el del exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez.

Casos representativos

En una de las conversaciones se estableció que la esposa de Rada, Steffy Díaz, apodada la ‘Beba’, había logrado el beneficio de la domiciliaria y la devolución de un vehículo en el que la Policía había encontrado un alijo de cinco kilos de cocaína semanas antes.

El hecho de que la audiencia de libertad solicitada por la esposa de Rada y miembro de la banda, alias la 'Beba’, fuera asignada al juez José Vergara Otero fueron las primeras pruebas del caso. En las conversaciones reveladas por el fiscal Arias, queda claro que dieron seis millones de pesos por su libertad.

Para que ‘Beba’ obtuviera la libertad se necesitaba un certificado que dijera que era cabeza de hogar. Este documento lo obtuvieron de la líder comunal del barrio Las Estrellas, a través del comisario Luis Carlos Tovar Vanegas y del inspector de policía Francisco Sanabria.

El otro caso de mayor envergadura, fue la libertad del empresario Alfonso Hilsaca Eljadue, a quien la Fiscalía había dictado orden de captura en el mes de agosto del 2014 porque presuntamente estaba colaborando con la banda de los ‘Rastrojos’.

Los abogados de Hilsalca, ante la orden de detención intramural ordenada por un juez ‘antibandas criminales’, presentaron un recurso de apelación con la aparente seguridad de que correspondería a uno de los juzgados de la componenda, donde podría llegar con la certeza de que lo dejarían en libertad.

De acuerdo con las versiones que circularon en Cartagena, por la libertad de Hilsaca habían pagado 2.500 millones de pesos. Pero el recurso de apelación no correspondió a uno de los cuatro juzgados cuyos jueces están detenidos en este momento, lo que obligó a sus defensores a desistir el recurso de apelación.

Previo a este caso, había sido relevado de su cargo el juez Abelardo Andrade Meriño, quien había otorgado un habeas corpus al exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, en un caso calificado como rápido, porque la solicitud fue presentada un sábado a la medianoche, entregada al juez el domingo al mediodía y el lunes en la mañana ya había sido resuelta.

Otros tres jueces fueron condenados por prevaricato, al ordenar pagar una multimillonaria suma vía tutela a unas personas que decían ser empleados del Distrito.

En defensa de los togados han salido algunos de sus colegas de la Rama Judicial a quejarse por la espectacularidad de la detención y la presunta violación de sus derechos al debido proceso.

Lo cierto es que ante los fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Barranquilla, está llegando mensualmente un promedio de 40 denuncias contra jueces y fiscales.

Algunas no pasan de ser temerarias, pero durante el 2013 los magistrados condenaron 48 jueces por delitos como prevaricato, falsedad ideológica, cohecho impropio y cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación y peculado culposo, entre otros delitos. Algo que definitivamente hace quedar muy mal a la justicia.