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| 12/8/2006 12:00:00 AM

Juego de póker

El presidente Álvaro Uribe y las autodefensas se amenazan mutuamente. Sin embargo, a ninguno de los dos le conviene un rompimiento.

Desde que el gobierno del presidente Álvaro Uribe inició sus diálogos con las autodefensas en 2003, las crisis en el proceso han sido el pan de cada mes. Cada una considerada peor que la otra. Cuando estalló la última revuelta, el miércoles pasado, con recriminaciones de lado y lado, el consenso era que ahora sí se había tocado fondo y que de ésta no se salvaba el proceso. Incluso la OEA, normalmente parca, expresó su preocupación. Peor aun fue la declaración del jefe paramilitar, y habitual vocero, 'Ernesto Báez', de que el proceso se había roto.

El jueves el presidente Uribe les contestó con la misma vehemencia: "Queremos una Nación sin paramilitares. A aquellos que están en el proceso de paz y lo cumplan, se les respetará lo que la Ley de Justicia, Verdad y Reparación define, que es la consagración jurídica del proceso. Los que insistan en sus actividades delictivas, serán combatidos por la Fuerza Pública con toda determinación".

A pesar del tremendismo de las dos posiciones, lo más probable es que estén cañando. Las autodefensas no tendrían ningún interés real de abortar la única salida jurídica que tienen y el Presidente tampoco en acabar con un proceso que ha sido el pilar de su programa de gobierno y que ha tenido éxitos relativos: la desmovilización de 40.000 hombres y una reducción sustancial en homicidios. Por eso es poco factible que se rompa el proceso. Este concepto se aplica más cuando una de las partes está en el monte y no en la cárcel, como ocurre con la cúpula de las autodefensas.

Es diciente que 'Báez' no haya hablado de renunciar a la Ley de Justicia y Paz y de aceptar la justicia ordinaria. Allí sí habría un cambio real y tangible. Pero parece inverosímil que los jefes paras prefirieran someterse a leyes penales mucho más onerosas y que abandonaran el único seguro contra la extradición existente: la promesa del Presidente de no enviarlos a Estados Unidos mientras forman parte del proceso. Es posible que algún día opten por quemar ese puente de no retorno pero, hasta ahora, en estos tumultuosos años, han controlado ese impulso suicida.

Las frases temerarias de 'Báez' se generaron por la decisión presidencial del viernes primero de diciembre de 2006 de ordenar el traslado de los 59 jefes paramilitares recluidos en La Ceja a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. En un abrir y cerrar de ojos, los cabecillas de las autodefensas perdieron la autonomía que disfrutaban en el centro vacacional, convertido en sitio de reclusión provisional. Uribe sustentó su audaz acción en dos hechos: que había información creíble de un plan de fuga por parte de algunos integrantes de las AUC y que desde La Ceja se había ordenado el asesinato de dos lugartenientes de los paramilitares. La firmeza de Uribe fue aplaudida por varios sectores, incluido el jefe del Partido Liberal, el ex presidente César Gaviria. (Ver artículo '¿Se volteó Gaviria.

Sin embargo, la explicación del Presidente sobre la fuga no es totalmente convincente. La gran mayoría de los jefes paramilitares que estaban en La Ceja había llegado a ese lugar por su propia voluntad. Durante meses, contra muchos de ellos no había ni un proceso judicial abierto en su contra. Estaban allí por cuenta de un entendimiento -llámese acuerdo- con el gobierno y a la espera de someterse a la Ley de Justicia y Paz. Tenían fácil comunicación con sus abogados y gente de su organización. No era un hotel de cinco estrellas, pero tampoco una prisión. Por lo tanto la hipótesis de fuga es inconcebible.

El propio Presidente reconoció en una entrevista con La W radio el lunes pasado que "un director de un medio me dijo que tenían información de que se estaba planeando una fuga en la cárcel de La Ceja". Una evidencia frágil para una decisión tan trascendental.

En cambio, la preocupación sobre la eventualidad de que se ordenaran asesinatos desde La Ceja por los jefes paramilitares suena más verosímil. La experiencia de la Catedral demuestra que las guerras en el bajo mundo no paran por cuenta del encarcelamiento de uno de sus cabecillas. Incluso, a veces se incrementan en una lucha por el control del negocio. Y en una organización tan dispersa como las AUC, que haya ajustes de cuentas y lucha por rutas de narcotráfico no sorprende a nadie.

Como era de esperarse, los jefes de las autodefensas negaron a los cuatro vientos su participación en los asesinatos denunciados por el primer mandatario. Acusaron a miembros de la Fuerza Pública de los crímenes. Sin darles crédito a las imputaciones, pero para curarse en salud, el presidente Uribe pidió a la Fiscalía que investigara con diligencia esos hechos. En diálogo con SEMANA, el fiscal general, Mario Iguarán, dijo que su entidad maneja, hasta ahora, dos posibles hipótesis: que los asesinatos provinieran de los jefes paras desmovilizados o de un nuevo grupo criminal que busca eliminar posibles rivales del tráfico de droga.

En todos casos, independientemente de la validez de la justificación del Presidente, el hecho es que su golpe de mano le dio una ventaja. Una cosa son los jefes paramilitares vociferando desde La Ceja, otra, desde Itagüí. Y ellos lo saben. Diego Fernando Murillo, 'Don Berna', perdió capacidad de acción desde cuando el gobierno lo trasladó a esa cárcel de máxima seguridad hace un año.

Las opciones de las autodefensas son limitadas. Si proceden a recurrir al terrorismo contra el Estado -al estilo de Pablo Escobar- se exponen a la colectiva extradición de todos los jefes y a una reacción masiva y contundente del gobierno y la Fuerza Pública. En estos cuatro años algo que ha quedado claro es que dado el temperamento de Uribe, de presentarse un rompimiento definitivo, habrá guerra total. A pesar de lo que se ha dicho, en Colombia nunca ha habido una guerra frontal contra los paramilitares. El que más los ha combatido es el gobierno de Uribe, pero no con el ánimo de derrotarlos, sino para presionar a algunos bloques de autodefensa a incorporarse al proceso y para satisfacer a la comunidad internacional.

Si llegara a haber una guerra, los paramilitares tendrían que enfrentarse simultáneamente a la guerrilla y al Estado. Y lo harían en condiciones de creciente debilidad: sus jefes están confinados en una cárcel de máxima seguridad -muchos en fila para ser extraditados- y la gran mayoría de sus hombres, desmovilizados y con poco interés de seguir la lucha. Por algo accedieron a desarmarse y a sumarse al programa de reinserción. Regresar a la ilegalidad y emprender acciones terroristas no es una opción atractiva para ellos.

Pero la decisión de Uribe implica riesgos. Aunque las autodefensas ya no tienen las mismas estructuras militare s del pasado, aún subsisten grupos armados que pueden hacer mucho daño, con o sin el permiso de sus jefes. Las autodefensas interpretan el traslado intempestivo a Itagüí como una nueva violación de los acuerdos. Se imaginaban pasando sus ochos años de condena en colonias agrícolas. En otras palabras, creen que el gobierno les hizo conejo y esa sensación es peligrosa.

Desde hace días, existe el rumor de que se extraditaría a algún jefe paramilitar. Y el nombre que más se menciona es 'Don Berna'. Pero la extradición selectiva es un campo de arena movediza. Si bien enviar a Estados Unidos a uno o dos cabecillas puede asustar a los que quedan y alinearlos, también podría producir lo contrario: acciones desesperadas.

El Presidente pareció descartar esa opción el jueves, aunque advirtió que extraditaría al que no se sometiera, como es el caso del prófugo Vicente Castaño. Y envió dos mensajes conciliadores: el primero, que el gobierno protegería a los familiares de los paramilitares, y segundo, derogó el decreto que obligaba a las autodefensas a ratificar su decisión de acogerse a la Ley de Justicia y Paz. Ese requisito se había incluido por petición de la Fiscalía, que quería retrasar las versiones libres de los comandantes mientras recopilaba evidencias y testimonios. Esa demora generó tensiones dentro de las autodefensas y malestar en el gobierno. Y por lo menos para el alto comisionado, Luis Carlos Restrepo, fue uno de los detonantes de la crisis.

Aún es temprano para saber si esa decisión bajará la tensión o generará nuevas dificultades. Desde el comienzo del proceso la política ha dominado la interlocución entre las autodefensas y el Estado. Ahora se atraviesa la justicia. El 22 de diciembre Salvatore Mancuso será el primer jefe paramilitar en contar su verdad ante la justicia. Sólo entonces se comenzará a dilucidar si las autodefensas cumplirán su palabra de confesar todo, si la Fiscalía tiene la capacidad de juzgarlos y si las gambetas del gobierno tuvieron el efecto esperado.

Si bien los excesos de los paramilitares y el golpe de mano del gobierno parece que no acabarán el proceso, es preferible en el futuro evitar sobresaltos que sí podrían hacerlo explotar. La contraparte del gobierno es un grupo de criminales, pero eso se sabía desde el principio. Y hasta con ellos hay que respetar las reglas de juego.

Porque de tanta crisis y crisis, de repente llega una que sí sea definitiva.
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