Uno de los documentos mejor guardados del anterior gobierno, que los dueños de los equipos de fútbol colombiano esperaban con angustia, acaba de ser revelado. Se trata de un concepto del Consejo de Estado de 2008 que deja en claro que, desde 1985, a los clubes profesionales se les creó un régimen especial que a la larga permitió que los equipos quedaran en pocas manos, que los manejaran como si fueran sociedades comerciales y que los dineros calientes siguieran campeando en los estadios del país.

El documento, hasta ahora conocido por pocos funcionarios, se originó en 2007, cuando la ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno, decidió recurrir a la Sala de Consulta del Consejo de Estado para aclarar si los equipos profesionales podían mantener un régimen jurídico y un sistema de votación diferentes a los de las otras organizaciones sin ánimo de lucro que existen en el país.

 La consulta fue resuelta el 16 de mayo de 2008, pero el Ministerio y en especial el entonces director de Coldeportes, Everth Bustamante, decidieron mantenerlo en reserva por cuanto de ser aplicado cambiaría la forma como se ha manejado a los equipos por más de 25 años.

El concepto es contundente: los equipos de fútbol no pueden seguir siendo controlados por dos o tres personas, como ocurrió en América, Millonarios, Tolima o Medellín, y los derechos de participación que les permiten mantener el control no pueden equipararse con las acciones de una sociedad anónima. La razón es que el Código Civil prevé que los miembros de las corporaciones solo tienen derecho a  un voto en las asambleas. El documento dice que se debe legislar para corregir los decretos reglamentarios que permitieron que los clubes se desviaran de su verdadera naturaleza.

Es que desde que nació el fútbol profesional en 1948, los equipos se organizaron como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, forma asociativa que por su naturaleza es muy diferente a las sociedades comerciales, pues su funcionamiento está sujeto a estrictos controles.

Sin embargo, estas estructuras fueron infiltradas desde finales de los años 70 por el narcotráfico. Los Rodríguez Orejuela se tomaron al América, Pablo Escobar al Nacional y Gonzalo Rodríguez Gacha a Millonarios, para dar unos ejemplos. La alianza funesta empezó a cambiar tras las denuncias y el asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en abril de 1984, y el gobierno de Belisario Betancur le solicitó al Congreso facultades extraordinarias para controlar a los clubes de fútbol.

Bajo estos poderes se expidieron dos decretos-ley que fijaron normas, como que ninguna persona natural o jurídica podía ser dueña de más del 20 por ciento de un equipo, que los clubes debían tener mínimo 1.000 socios, aportes por más de 1.000 salarios mínimos, los pasivos no podían superar por tres veces el patrimonio y en las asambleas cada afiliado tendría derecho a un voto.

El mismo gobierno al poco tiempo flexibilizó sus medidas al expedir en 1985 el Decreto 1057, que creó un régimen especial para estas corporaciones, con el que abrió un boquete que fue usado para que unos pocos controlaran los clubes. El decreto permitió equiparar los aportes, típicos de las corporaciones, a las acciones de las sociedades anónimas. De ese modo podían ser transferibles entre los asociados o con terceros, y una persona podía tener tantos votos como títulos de aportación. Pero la Constitución de 1991 y otras nuevas normas -además de la crisis que le cayó al fútbol- generaron confusión sobre la estructura jurídica y económica que sustentaba el balompié. Y esta fue la razón por la que la ex ministra de Cultura Paula Marcela Moreno hizo la consulta al Consejo de Estado.

  En su respuesta, el máximo tribunal administrativo dice que cuando el Estado buscó en 1985 "democratizar la participación de los clubes profesionales no modificó el régimen  jurídico previsto en el artículo 637 del Código Civil para las asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro en cuanto a la inexistencia de derechos de propiedad en cabeza de sus asociados, ni creó una excepción que permita concluir que los derechos de los afiliados a este tipo de personas jurídicas son los mismos que tienen los accionistas de un club constituido como una sociedad anónima y que, por ende, darían derecho a reclamar o repartir utilidades o bienes de la asociación deportiva".

Para el Consejo "resultaría abiertamente contradictorio que en un club profesional constituido como asociación, donde no hay derechos de propiedad, existe un mandato constitucional de democratización y es requisito tener un número mínimo de afiliados no inferior a 250 personas en el menor de los casos, las decisiones puedan ser adoptadas por unos pocos afiliados

(3 o 4) que logran tener una mayoría basada en su capacidad económica (...). Por eso, la regla es la misma para este tipo de organizaciones: una persona, un voto". Esto quiere decir que casi todos los equipos profesionales tienen que modificarse.

Al final, el Consejo dijo que "de acuerdo con lo expuesto, se recomienda al Ministerio de Cultura y a Coldeportes tomar las medidas a que haya lugar para promover que los clubes deportivos profesionales constituidos como asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro ajusten sus estatutos a la Constitución y a la Ley, en armonía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado".

Pero en vez de hacerlo público y tomar el toro por los cuernos, el gobierno de Uribe decidió pasar de agache y promover que el Congreso modificara el régimen para permitir que los equipos se convirtieran en sociedades anónimas del régimen común.

Pero entre tanto, la crisis del fútbol no se detuvo. A los escándalos de infiltración del narcotráfico en equipos como el América o el Medellín se agregó la revelación según la cual un nuevo cartel del narcotráfico se apoderó del Santa Fe, uno de los equipos insignia de la capital.

Si algo ha quedado claro en los últimos dos años es que el mundo del balompié no es transparente y claro. Una de las dificultades para que los equipos se conviertan en sociedades anónimas formales, con capital real y controles eficaces, es la falta de claridad sobre su propiedad. El concepto del Consejo de Estado dice: "Un elemento distintivo y sustancial de las asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro está en el propósito de sus miembros de desarrollar una actividad de interés general o de bienestar común, pero sin esperar como contraprestación la repartición de utilidades o dividendos en proporción a sus aportes, ni la recuperación del mismo en el momento de su disolución o liquidación, tal como sí ocurre en las formas societarias". Este concepto podría acabar con el proyecto de ley que cursa en el Congreso para convertir a los equipos en sociedades anónimas.

Los equipos quieren una salida similar a la que le dio el gobierno anterior a Millonarios, al permitirle migrar sus activos a otra sociedad privada. Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dijo a SEMANA que en otros países se les ha permitido a las corporaciones y sociedades sin ánimo de lucro trasladar sus activos, pues de lo contrario las nuevas empresas no podrían existir. "Lo que plantea el proyecto de ley que cursa en el Senado es que los derechos pagados que hoy tengan las personas en un club queden representados en acciones de los nuevos equipos, con una equivalencia del 75 por ciento", dice.

El reto es grande, más ahora que se conoce el concepto del Consejo. El gobierno deberá tener en cuenta, por un lado, a quienes no quieren ceder su poder ni sus activos a los hinchas bajo la supervisión del Estado, pero a la vez no puede permitir que los equipos sigan quebrados, con activos intangibles en un 80 por ciento.

En este sentido, el nuevo director de Colderportes, Jairo Clopatofsky, le dijo a SEMANA que si bien hay algunos equipos que están bien, como el Nacional o el Tolima, hay otros que tendrán que hacer un gran esfuerzo para salir del embotellamiento fiscal en el que están sumidos.

Según Coldeportes, en este momento los equipos Cúcuta, Pereira, Armenia, Junior, Santa Fe y Millonarios, de la A, están incursos en la causal para que se les quite su reconocimiento deportivo. Lo mismo pasa con el Unión Magdalena, Alianza Petrolera, Patriotas, Atlético de la Sabana y Juventud Fútbol Club, de la B.

Para no ahondar la crisis, Clopatofsky y el presidente Juan Manuel Santos acordaron  darles a estos y a otros clubes con problemas un periodo que va hasta el 31 de diciembre del presente año para organizar sus equipos, pero la directiva es clara: a partir de 2011 los que no estén al día en los pagos tributarios, a jugadores y parafiscales no podrán jugar o perderán el reconocimiento. "Nosotros tomamos la decisión de ponerle orden al fútbol y lo vamos a hacer sin importar las presiones o los callos que tengamos que pisar", dijo Clopatofsky.

Más allá de los problemas financieros, que pueden ser coyunturales, si el Estado no obliga a los equipos a cambiar, para que haya absoluta información y control de los activos y movimientos financieros, para que sean verdaderas sociedades y no de papel, dentro de 20 años los medios y el país seguirán escribiendo sobre un mundo que parece estancado en los años 80, cuando el país supo que en el fútbol había poco juego limpio.