Presidente de Cafesalud cumplió orden de juez para paciente con cáncer

La desesperación de Gilberto Salinas por no poder seguir con rigor su tratamiento contra la leucemia y su insistencia interponiendo acciones judiciales para hacer valer su derecho a la salud, llevó a que se profiriera un duro fallo en contra del representante de una EPS. El caso del quindiano es como el de miles de colombianos que padecen de enfermedades graves y no tienen acceso a un tratamiento integral por los problemas administrativos de su empresa prestadora de salud.

Una juzgado de Armenia ordenó 30 días de cárcel para Carlos Cardona Mejía, representante a nivel nacional de la EPS, pues la entidad había desobedecido un fallo de una tutela interpuesta por un paciente con cáncer. La sanción también alcanzaba al director departamental del Quindío y a la representante legal del Eje Cafetero. Sin embargo, las directivas de Cafesalud, una vez conocieron la orden del juez programaron la cita y entregaron el médicamente que Salinas requería. 

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Esta batalla empezó hace un año cuando Salinas fue trasladado a Cafesalud porque Saludcoop, la EPS que venía atendiéndolo, entró en liquidación. Entonces, los procesos para obtener la medicina que controla la evolución de la leucemia se volvieron más lentos. A Salinas le diagnosticaron el cáncer en la sangre en 2013 de manera temprana y para que la enfermedad no avance debe tomar nilotinib, un medicamento que inhibe el crecimiento de células cancerosas. Gilberto debe tomar dos dosis diarias y de por vida. “En estados tempranos, se puede controlar la enfermedad con quimioterapia oral. El éxito del tratamiento depende de que se cumpla de manera estricta con la administración del medicamento y la continuidad de los controles médicos”, asegura la médica Melisa Montoya.

Salinas conoce muy bien esta condición, pero le ha resultado difícil de aplicar debido a que Cafesalud no sólo le estaba demorando la asignación de sus citas de control, sino la entrega de su medicamento. “Las citas me las están dando cada tres meses y el medicamento, que deben entregarme cada mes, en un año me lo han dado como unas seis veces”, cuenta. Esta situación ya está teniendo impacto en su salud, pues los síntomas de su enfermedad, como los dolores de cabeza y el cansancio continuo, están volviendo.

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Lograr tener acceso a su medicina ha sido todo un desafío lleno de tutelas y desacatos, que es la herramienta mediante la cual Gilberto ha tenido acceso a su tratamiento. La Fundación Esperanza Viva, que se dedica a prestar asesoría legal, médica y científica a pacientes con cáncer, ha acompañado a Salinas en este caso. Su presidenta, Nury Esperanza Villalba, cuenta que este año ha visto un incremento en el número de tutelas para reclamar los derechos de los pacientes y lo más preocupante es que parece que este mecanismo de amparo ya ni siquiera es una garantía. “Puedo afirmar que he puesto más tutelas por cosas que están en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y por normas vigentes, que por lo que no está”, afirma.

Cuando a un paciente no le entregan su medicamento o le dilatan las consultas con el médico, puede acudir a la tutela, “una herramienta que tiene el ciudadano para que se le garanticen los derechos de manera inmediata”, explica el abogado Andrés Gaitán. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en el país se interponen al día unas 324 para reclamar algún servicio de salud.

Cuando la medida de amparo no es resuelta, entonces el proceso llega al desacato, que es un “medio de coerción para el cumplimiento del fallo. La amenaza es la cárcel y una multa Este se debe resolver en máximo diez días, según una sentencia reciente de la Corte”, explica Gaitán. Este año, Gilberto Salinas ha acudido a cuatro desacatos y solo de esa manera ha conseguido que le den su medicamento.

Precisamente, los reiterativos incumplimientos en el caso de este hombre llevaron a que un Juzgado Penal Municipal impusiera 30 días de arresto para los representantes de Cafesalud, así como una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno. “Generalmente uno ve que se dan dos o tres días de arresto, pero esta vez la orden fue de 30 días. Quedamos gratamente sorprendidos. Esos son los precedentes que se deberían sentar cuando se le vulnera a un paciente que necesita de un tratamiento”, afirma Villalba.

Después de publicado el fallo, cuenta Salinas que la EPS lo contactó para conciliar y le asignaron una cita para el próximo 5 de diciembre, después de más de tres meses de insistencia, pues a pesar de que tiene que asistir mensualmente a control, la última consulta que tuvo fue el pasado 31 de agosto. El lunes la EPS se comunicó con él y le solucionó temporalmente el problema, sin embargo, el viacrucis que ha vivido en la entidad y que espera que no se repita conmovió al sistema judicial.