Home

Nación

Artículo

| Foto: SEMANA

JUSTICIA

Juez rechaza negociación de Gustavo Moreno con la Justicia

Por un error en la relación de hechos sobre los cuales se suspenderá la acción de la Justicia, la funcionaria judicial negó la solicitud de principio de oportunidad. La defensa dice que podría ser subsanable, sin embargo, frenaría la colaboración de Moreno en las siguientes semanas.

16 de enero de 2018

Por motivos de seguridad, el exfiscal Gustavo Moreno se excusó de no asistir a la audiencia que se llevó a cabo este martes en Paloquemao. En la diligencia, el ente investigador presentó los términos de la negociación que adelantó con el abogado y que lo cobijarían con inmunidad para todos los delitos cometidos mientras fue abogado litigante.

Pese a que los términos del principio de oportunidad venían finiquitándose durante los últimos meses, sorprendió la solicitud de la defensa de Moreno de hacer precisiones. Específicamente, los abogados del exfiscal pidieron hacer claridad sobre cuáles son los casos sobre los cuales se suspenderá la acción penal. Esto teniendo en cuenta que en la resolución que avala el principio de oportunidad no se detallan los hechos delictivos por los cuales se le va a conceder esta inmunidad. Alegan además que se impuso la exigencia de autoincriminarse y esto -para el defensor- riñe con la presunción de inocencia. 

Estas manifestaciones alertaron a la Fiscalía. El delegado ante la corte Jaime Camacho rechazó la mención del abogado defensor y aseguró que no tiene sentido que pretenda un principio de oportunidad sin autoincriminación: “¿Qué ganaría la Fiscalía?”.

Minutos después la jueza dio su veredicto y con su decisión puso a tambalear la negociaciación de Moreno. La funcionaria 23 con funciones de control de Garantías le dio la razón a la defensa del exfiscal al considerar que el aval que la Fiscalía dio del principio de oportunidad no incluye los hechos objeto de investigación. Con este argumento negó la aplicación de la negociación.

El abogado Pedro Aguilar, que defiende los intereses de Moreno, precisó que existen, por ejemplo, radicados de investigaciones que cursan en la Corte Suprema de Justicia que no fueron relacionados en el documento. 

"Toca renegociar con la Fiscalía y atenerse a las observaciones que hizo la jueza. Necesitamos sentarnos con ellos y discutir los puntos. Claramente el principio de oportunidad tiene como base la autoincriminación, pero deben precisarse los hechos porque al tratarse de indagaciones previas debe haber claridad total sobre lo que va a versar el principio de oprtundad", explicó el abogado.

¿Cuál es la colaboración de Moreno?

La Fiscalía le concedió a Moreno el cese de la acción penal sobre cuatro delitos: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada. En este sentido, el ente acusador admite que el exfiscal entregó información para desmantelar una organización criminal liderada por los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Esa organización habría funcionado con contactos que tenía con aforados que estuvieran incursos en investigaciones. 

Aunque la matriz de colaboración de Moreno incluye 26 nombres, el ente investigador admite que no sobre todos hay una declaración que permita incriminarlos. En este sentido, destacó la colaboración sobre los siguientes: 

Musa Besaile: A finales de 2014, por orden de Bustos y Ricaurte, Moreno asegura que se comunicó con el senador Besaile y acordaron el pago de 2.000 millones de pesos con el fin de evitar una orden de captura. La organización criminal -dice la Fiscalía- sabía que se iba a emitir. 

Álvaro Ashton: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelanta desde hace varios años una investigación por supuestos nexos con el bloque Norte de las AUC, por la que hace unas semanas le dictó orden de captura. Según la declaración de Moreno, Ashton acordó con la organización el pago de 1.200 millones de pesos con el fin de lograr el archivo de la investigación. Como no se consiguió este objetivo, se apuntó a dilatar el proceso con miras a la prescripción. 

Julio Manzur: En este caso, la Fiscalía asegura que con la finalidad de favorecer los intereses de la organización, Moreno contactó a Manzur, con el fin de informarle de una orden de captura que venía en camino en su contra. Le ofrecieron resolverlo favorablemente a cambio de 2.000 millones. 

Juan Carlos Abadía: Según el ente investigador, se delegó a Moreno para orientar hacia decisiones de archivo las investigaciones en contra del exgobernador del Valle, que era llevado en el despacho del fiscal delegado ante la corte Alfredo Bettín. En dos casos lograron su propósito. Sin embargo, con el cambio de administración en la Fiscalía, Bettín habría informado las dificultades que tenía en uno de los procesos por las evidencias que reposaban en el expediente. 

También se investiga sobre la información aportada en los casos de los congresistas Nilton Córdoba Manyoma, Julio Archbold, Argenis Velásquez y el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz.

“Brindó información para desarticular organización criminal, se comprometió a seguir como testigo de cargo ante cualquier autoridad. El balance de intereses favorece la aplicación del principio de oportunidad, difícilmente se encontrarán episodios tan graves y con profunda repercusión. Se ve a la Justicia en los mas altos niveles en connivencia con el Congreso y en la más grande degradación del oficio de abogado. Todo ello develado en el proceso de colaboración”, manifestó Camacho. 

De ser avalado por un juez, los procesos contra Moreno quedarán suspendidos por un año, tiempo en el cual se compromete a seguir colaborando con la Justicia desde Estados Unidos, una vez sea extraditado.