Bogotá: buscarán anular orden de arresto contra secretarios

La Administración Distrital anunció que va a adelantar acciones legales contra el fallo de la juez 71 municipal quien anunció un incidente de desacato contra los secretarios Gobierno, Guillermo Jaramillo; Ambiente, Néstor García y Hábitat, Mercedes Maldonado.

El tema tiene que ver con el incumplimiento por parte de la Alcaldía del fallo de la Corte Constitucional que ordenó reubicar a 160 familias desalojadas de la hacienda Los Molinos en el sur de la ciudad.

La secretaria general de la Alcaldía, María Susana Muhamad, aseguró que las familias tienen garantizadas sus viviendas dignas: "Se ha realizado la gestión para el pago de sus enceres y se han realizado acciones de sensibilización ambiental a la comunidad en la Quebrada la Chiguaza", advirtió la funcionaria.

Para Muhamad los secretarios han cumplido un fallo difícil y por eso van a iniciar acciones legales frente al fallo. Por ello van a instaurar un “incidente de nulidad frente al incidente de desacato y lo hará por todas las irregularidades dentro del proceso”.

La administración contempla otras acciones: instaurar una tutela por violación al debido proceso e impedimento de acceso a la justicia, además solicitar acompañamiento al Consejo Superior de la Judicatura para la verificación del cumplimiento de la sentencia.

También se va a radicar una queja de carácter disciplinario en contra de la juez. Para la administración la juez dio inicio al incidente de desacato cuando eso está expresamente prohibido por la Corte Constitucional.

En febrero del 2013, la Corte Constitucional le ordenó a la Alcaldía usar recursos del Distrito para la construcción de viviendas de interés social dentro de los seis meses siguientes a la notificación de este fallo. Asegura también que es un deber de la Administración que “asigne y reubique en sendos predios en similar sitio, terreno y área a los desalojados”, se resaltó een el texto.

Pero el fallo no queda allí. El alto Tribunal también ordenó cancelar, tras un proceso de conciliación con los afectados, una compensación económica que se deriva de los bienes muebles y enseres que perdieron en el proceso de desalojo, ocurrido a mediados de enero del 2012. Como se sabe, las precarias casas fueron tumbadas con maquinaria pesada.