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| 11/20/2017 11:10:00 AM

Por pena 'irrisoria', juez tumba preacuerdo con Otto Bula

Considera que la Fiscalía se excedió en sus facultades al imponer una pena de 5 años y medio, y que antes de llegar a una negociación el exsenador debió reintegrar el 50 por ciento del patrimonio obtenido ilegalmente. 

Esta semana se hicieron públicas las declaraciones del testigo del caso Odebrecht Federico Gaviria, quien entró a controvertir la versión que había entregado el hasta hoy testigo estrella Otto Bula. Las declaraciones de ambos tienen diferencias importantes, sobre todo en términos del supuesto dinero que la constructora brasileña pagó en Colombia a quienes ayudaron con su gestión a favorecer sus intereses. 

En este escenario, Bula adelantó un preacuerdo, el cual fue avalado por la Fiscalía y lo obliga a pagar 6.800 millones de pesos además de 5 años y medio de cárcel. 

Sin embargo, este martes, un juez de Bogotá rechazó la firma de este preacuerdo al considerar que se trató de una pena irrisoria y que la Fiscalía excedió sus facultades. El juzgado precisa que el ente investigador incurrió en fallas al concederle doble beneficio: al degradar la condición de las conductas de autor a cómplice y luego al negociar la reducción de pena cuando calculó el concurso de delitos. El juez agrega que se llegó a concretar una negociación por hechos que nunca se le imputaron a Bula. Esto es la supuesta existencia del pago de coimas por 4.000 millones de pesos para acelerar la firma de un contrato de estabilidad jurídica. 

En suma a Otto Bula se le imputaron los delitos de lavado de activos y cohecho, cuando el preacuerdo se terminó suscribiendo por tres cohechos, un lavado de activos y un enriquecimiento ilícto. Y en concepto del juzgado, esto atenta contra las garantías del exsenador.

Primero la plata

En la revisión que hizo el juzgado segundo especializado de Bogotá también indicó que existe una limitación para llegar a fimar un preacuerdo con la Fiscalía y está relacionada con que antes de sentarse a negociar el imputado debe haber devuelto por lo menos el 50 por ciento del patrimonio obtenido de manera ilegal. En este sentido, el juez llama la atención a la Fiscalía por haber presentado su negociación ante un juez sin que se haya hecho una restitución efectiva del porcentaje de esos recursos. 

Para pagar, Bula había ofrecido un pagaré por $2.400 millones y el predio La Bomba, una finca en Córdoba avaluada en 4.400 millones de pesos. Este último, sin embargo, se encuentra con medidas cautelares por cuenta del proceso de extinción de dominio. 

“La negociación adelantada debe ser rechazada, no exigió el reintegro en el momento en que la ley lo exige. Es insustancial la situación jurídica del bien inmueble, ya que la ley le prohibe hacer una negociación sin haber entregado el dinero. La Fiscalía debió, previa negociación, haber exigido el reintegro del 50 por ciento de incremento patrimonial”.

El juzgado hizo sí una precisión adicional con relación al predio. Si lo que va a devolver es una finca -dijo el juez-, esta no podría entregarse en tanto no se levante la medida cautelar que lo tiene afectado por el proceso de extinción de dominio. 

La Fiscalía apeló la decisión argumentando que Bula manifestó su insolvencia y que lo que hizo en ese escenario fue tratar de brindar alternativas para poder adelantar la negociación. El fiscal Álvaro Betancourt Martínez indicó que no está por fuera de los mínimos exigidos para tasar la pena y negó que con la firma del preacuerdo se esté invadiendo la órbita del juez para hacerlo.

El abogado defensor de Bula también apeló la decisión al considerar que se negoció dentro de los mínimos permitidos y que la Fiscalía, aunque degradó la imputación de delitos de autor a cómplice, no entró a aplicar reducciones por agravantes, ya que estos no se le imputaron nunca. En cuanto a que se incluyeron hechos que no habían sido imputados, el abogado Alejandro Sánchez señaló que fue una decisión voluntaria de las partes.

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