A juicio en Alabama

A partir del próximo 14 de mayo, en Birmingham, Estados Unidos, 12 jurados del estado de Alabama, de los cuales tal vez ninguno conozca Colombia, y menos Cesar, decidirán si Drummond Ltd., una de las mayores productoras de carbón del país, y su presidente, deben responder por perjuicios causados por el asesinato de tres dirigentes sindicales en ese departamento. Que este juicio se adelante en una Corte norteamericana no tiene precedentes y un veredicto adverso contra la compañía podría abrir las puertas a una andanada de demandas civiles similares.

La acción civil contra Drummond fue radicada en marzo de 2002 y se sustenta en una ley de 1789, que les permite a extranjeros demandar en Cortes estadounidenses a personas domiciliadas en ese país por delitos de lesa humanidad. Esa ley, conocida con la sigla de Atca y que fue una de las primeras normas promulgadas por Estados Unidos, buscaba en ese momento combatir a los piratas de alta mar. En otras palabras, a los sucesores de sir Francis Drake.

Durante casi dos siglos, Atca se utilizó poco y parecía condenada al cuarto de san Alejo de las leyes inútiles. Pero en 1980, un paraguayo demandó exitosamente en Estados Unidos a un policía que había torturado y asesinado a su hijo en su país y Atca renació de las cenizas. Al final de los 90, las ONG se dieron cuenta de que esa norma podría servir para presionar a las multinacionales que operan en países en vía de desarrollo. Las más conocidas afectaron a la petrolera Unocal en Myanmar (antes Birmania), demandada por utilizar trabajadores esclavos, y a Exxon-Mobil, por comprar servicios de seguridad al Ejército de Indonesia, acusado de violar derechos humanos. Son más de 15 acciones que cursan en las Cortes estadounidenses: tres de ellas contra empresas por sus operaciones en Colombia: Coca Cola, Occidental y Drummond.

Coca Cola y Occidental hasta el momento han ganado sus batallas jurídicas. Han alegado exitosamente que las Cortes norteamericanas no son competentes para estos casos. El gobierno de Estados Unidos ha respaldado a sus empresas e incluso arguye que de prosperar las demandas, estarían en juego sus intereses geopolíticos.

Hasta ahora, ninguna de las demandas había llegado a la etapa de juicio. Y con la de Drummond se entra en un terreno desconocido. Como era de esperarse, los abogados demandantes -activistas de derechos humanos- están eufóricos. "Este es un hito en nuestra lucha", dijo a SEMANA Dan Kovalik, miembro de la firma que también maneja las demandas contra Coca Cola y Occidental. Preguntado sobre cuánto esperan como indemnización para sus clientes, habló de "millones de dólares".

¿Cuáles son los hechos que sustentan la acción civil contra Drummond? En 2001, el presidente y el vicepresidente del sindicato de la empresa, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita, fueron asesinados por presuntos paramilitares. Unos meses después, Gustavo Solera, quien reemplazó a Locarno, sufrió la misma suerte. Los demandantes alegan que sus muertes fueron ordenadas por Drummond y que la empresa debe responder por los perjuicios civiles. Drummond niega categóricamente los cargos.

En su decisión de llamar a juicio, la juez Karon Bowdre calificó como "débil" y "muy, muy mínima" la prueba contra Drummond. Por eso ha generado especial interés el posible testimonio de Rafael García, el ex jefe de informática del DAS y testigo estrella de la Corte Suprema y la Fiscalía contra los llamados parapolíticos. García alega tener pruebas que comprometerían a la Drummond, pero la juez aún no ha decidido si permitirá que testifique en el juicio.

Según conoció SEMANA, la investigación penal de la Fiscalía colombiana por los homicidios no avanza: no hay detenidos ni sindicados. Parece un contrasentido que un jurado en Alabama se pronuncie sobre un tema que la justicia colombiana aún no ha resuelto. Pero esa, infortunadamente, es una de las consecuencias imprevisibles de la impunidad.