Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2001/06/04 00:00

Juicio a la justicia

El estudio más completo sobre la justicia en Colombia desbarata los mitos acerca de sus problemas.

Juicio a la justicia

En la ultima decada el país ha hecho una gigantesca inversión para mejorar el funcionamiento de la rama judicial. Tan sólo entre 1990 y 1993 el presupuesto destinado a la justicia se incrementó en 105 por ciento, casi el doble de lo que crecieron los recursos destinados a defensa. Y sin embargo dos de cada tres homicidios que se cometen en el país siguen sin ser investigados, la actual capacidad del Estado para capturar sindicados es una tercera parte de lo que era a mediados de los años 70 y la recurrencia a ejercer justicia por mano propia es cada vez mayor. El estudio más completo realizado hasta el momento sobre la justicia en Colombia, que fue publicado recientemente con el título ‘El caleidoscopio de las justicias en Colombia’, arroja pistas para entender por qué, pese a los millones de dólares que se han invertido en descongestionar juzgados y a las sucesivas reformas judiciales impulsadas por organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial, la justicia colombiana sigue cojeando. El abogado Mauricio García Villegas y Boaventura de Sousa Santos, pionero internacional de la sociología del derecho, tras dirigir esta investigación colectiva e interdisciplinaria financiada por Colciencias y realizada durante seis años por 15 profesores de la Universidad Nacional y de Los Andes, cuestionan que el problema de la justicia en Colombia sea sólo la congestión de despachos judiciales como comúnmente se ha visto hasta el momento. Analizando la justicia, no desde su funcionamiento interno sino desde la relación que tiene con la democracia y con la violencia, concluyen, entre otras cosas, que el problema más grande es que la justicia es selectiva, es decir, que sólo trabaja para unos pocos, generalmente para los más ricos. Estas son algunas de las revelaciones más novedosas: El estudio revela que la justicia en Colombia, lejos de ser ciega, pareciera tener unas gafas que sólo ‘ven’ lo que le interesa. Por ejemplo, descubrió que la justicia civil dedica más de la mitad del tiempo a recuperar la cartera de empresas grandes, principalmente entidades financieras, que recurren a este sistema de cobro con grandes economías de escala ya que el 94 por ciento de estos casos concluyen a su favor. Los conflictos entre individuos que requieren la intervención de un juez son, por tanto, relegados a un segundo plano, lo que aumenta el tiempo que tarda un proceso. Ello, unido al costo de un abogado, disuaden a la gente común y corriente de llevar su pleito a un juzgado. Lejos de los emocionantes casos judiciales de las películas gringas, la mayoría de los que llegan a los jueces colombianos están virtualmente resueltos desde antes porque ya existe un pagaré o un cheque. El juez termina jugando una función simplemente coactiva para cobrar esas deudas. En cuanto a la jurisdicción penal, el estudio realizado por el economista Mauricio Rubio también encontró un tipo parecido de selectividad. La investigación concluye que las reformas para aliviar la congestión llevaron a que el sistema penal se concentrara en los procesos fáciles, rápidos y seguros de evacuar y, progresivamente, fuera abandonando aquellos que requieren mayor esfuerzo de investigación y que son, precisamente, los que representan mayor peligro para la sociedad. La conclusión escalofriante es que el 95 por ciento de las muertes violentas en Colombia no llegan a la jurisdicción penal. Como tampoco la mayoría de los demás delitos. Pese a la gigantesca inversión en la Fiscalía, para 1994 las investigaciones criminales por delitos contra la propiedad disminuyeron a una novena parte, los delitos contra la vida a una cuarta parte y aquellos contra la libertad personal a una quinta parte de las iniciadas a mediados de los años 80. Las nuevas prioridades, dice la investigación, están concentradas en los crímenes contra la familia, que entre 1989 y 1994 multiplicaron por cuatro su participación en el total de investigaciones (constituyen el 12 por ciento). Y por otro lado el narcotráfico, que era una categoría inexistente en 1985, ocupa actualmente el 12 por ciento de las investigaciones. El estudio también demuestra que, dado que el sistema penal se dedica a estudiar sólo aquellos casos en los que la identidad del acusado y las circunstancias del crimen son claras desde el principio, existe una tendencia hacia la ‘irrelevancia’ de la etapa más importante del proceso, que es el juicio. En la actualidad nueve de cada 10 acusados son condenados, lo que confirma el prejuicio popular de que en Colombia no se le niega un carcelazo a nadie. En contravía con las frecuentes propuestas de restringir la tutela los investigadores salen en su defensa. Demuestran que el gran problema de esta herramienta es que, como la tutela funciona porque los jueces tienen un plazo de ocho días para fallar, la gente acude masivamente a ella en cambio de iniciar un proceso ordinario, lo que redunda en sobrecarga de trabajo para las altas Cortes, especialmente para la Corte Suprema, que dedica la mitad de su tiempo a resolver tutelas. Sin embargo nueve de cada 10 jueces tienen una opinión positiva de la tutela y consideran que es un mecanismo eficaz para proteger los derechos fundamentales. El estudio sugiere que, en vez de restringir la tutela, se sancione a las entidades reincidentes que son ‘entuteladas’ sucesivamente por los mismos hechos y que haya una mayor información de tal manera que se prevengan las demandas inocuas. También en contravía con aquellos que dicen que la Corte Constitucional busca una “revolución social” a través de la tutela, el estudio demuestra que si bien la Corte es muy progresista cuando se refiere a libertades es muy restrictiva cuando se trata de derechos sociales que implican repartir dinero. El estudio resalta el efecto perverso que ha tenido el narcotráfico sobre la justicia. Concluye que además del poder corruptor y de intimidación de los empresarios de la droga sobre el Poder Judicial ese delito ha reforzado el autoritarismo jurídico ya que el Estatuto Antiterrorista, la creación de jueces y testigos secretos y el incremento de las penas fueron justificados como mecanismos necesarios para enfrentar la violencia de los narcotraficantes. Por otro lado la investigación señala que el narcotráfico reforzó la tendencia del Estado a recurrir de manera permanente a las normas de excepción. “No hubo una policía estatal consistente frente a este delito sino que la estrategia se redujo en muchos casos a la extradición de los empresarios de la droga y a la expedición de medidas de Estado de sitio después de cada magnicidio”, concluye el estudio. Esta falta de estrategia ha conducido, según los investigadores, a que el país asumiera una política penal impuesta desde Estados Unidos, la que debilita la autonomía, no sólo en el diseño de políticas públicas contra este delito sino también en su capacidad para manejar problemas económicos y sociales ligados al narcotráfico. Relacionado con lo anterior, la justicia en Colombia, muestra el estudio, combina rasgos hiperdemocráticos con características hiperautoritarias. Por un lado, la Corte Constitucional ha expedido sentencias muy progresistas sobre el libre desarrollo de la personalidad, como la despenalización del consumo mínimo de droga y la legalización de la eutanasia. Pero al mismo tiempo la justicia colombiana ha abusado de figuras autoritarias, como los estados de excepción, que crearon un patrón recurrente de violación de los derechos humanos por parte de funcionarios del Estado. El activismo de los jueces, sobre todo el muy criticado de la Corte Constitucional, es el otro lado de la moneda de la pasividad del Congreso y la debilidad de los partidos políticos, dice el libro. Es decir, que ante la poca efectividad de los políticos para desarrollar las normas que aparecen en la nueva Constitución los jueces terminan sobrecargados con demandas que no están en capacidad de tramitar, como es el caso de derechos como el de la salud y el empleo. Por otro lado, como el Congreso no ejerce esta función, las reformas a la justicia las termina haciendo el gobierno por vías de excepción sin pasar por un debate democrático. El estudio destaca los logros de la justicia indígena en Colombia, una de las más sofisticadas del mundo. Entre los movimientos aborígenes en América Latina el colombiano es, de lejos, el que más beneficios jurídicos y políticos ha conseguido. Y en opinión de los líderes indígenas citados en el estudio los logros obtenidos durante este período no se hubieran conseguido sin el apoyo de la Corte Constitucional. La investigación concluye que si bien las reformas que se han realizado para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con menos recursos a través de programas como las Casas de la Justicia y los Centros de Conciliación han tenido resultados positivos, también se corre con esta informalización el riesgo de crear una justicia de segunda clase. “En ocasiones el criterio central para la promoción de la justicia informal ha sido relevar a las Cortes de tareas que deberían hacer eficientemente. Entonces es una estrategia que opera más para favorecer a los jueces y empleados judiciales que a los beneficiarios del sistema”, concluye el estudio. El estudio es enfático en que para que la justicia informal funcione se requiere como condición básica que exista una comunidad fuerte. De lo contrario este tipo de mecanismos pueden no sólo ser ineficaces sino aprovechados por las élites locales, como sucedió en el barrio Jerusalén, en Bogotá. Uno de los aspectos más novedosos es la relación que los autores del estudio establecen entre la justicia y la violencia. Revela cómo en las últimas décadas, ante la falta de respuesta del sistema judicial a sus conflictos, la gente recurre cada vez más a la justicia privada. También muestra cómo la justicia oficial interactúa con justicias paraestatales como la guerrilla. Cita casos de jueces que recurren a la guerrilla para que le traigan un testigo o la formalidad de las instancias guerrilleras que resuelven los conflictos de los ciudadanos en zonas como el Caguán.

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