Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 11/9/2013 7:00:00 AM

Se exportan casos judiciales

¿Por qué tantos políticos colombianos están llevando sus problemas jurídicos a estos organismos? ¿Tienen posibilidades de ganar?

Como si no fuera suficiente con la crisis que atraviesa la Justicia en Colombia, ahora se le abrió un nuevo frente de batalla más allá de las fronteras del país. Muchos de los políticos condenados o destituidos por diferentes casos han decidido abogar a cortes y a organismos internacionales para tratar de salvar su pellejo.

El caso más reciente es el del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien provocó sorpresa en el país cuando notificó que había demandado al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el proceso que sobre él adelanta la Procuraduría. Pero Petro no es el primero, ni mucho menos, parece ser el último. 

Lo paradójico de esta nueva tendencia es que hasta ahora se tenía la idea de que la aparición de los tribunales internacionales se debía a la necesidad de que no pasaran impunes ciertos crímenes de lesa humanidad. 

Y por eso se creó en su momento el Tribunal de Nuremberg, para juzgar los delitos de los nazis, y en los últimos años se han visto casos como el del chileno Augusto Pinochet, que estuvo bajo arresto en Gran Bretaña en sus últimos años de vida, o el de la Corte Penal Internacional que trata de castigar las atrocidades cometidas por los gobernantes de ciertos países africanos. En el caso de Colombia, por el contrario, los políticos buscan a los tribunales internacionales para que los absuelvan.

Hoy en las cortes internacionales se juegan su condena importantes protagonistas de los principales escándalos que ha tenido el país: la parapolítica, la yidispolítica y hasta la muerte de Luis Carlos Galán. Sin embargo, ninguno de estos casos ha logrado la relevancia nacional que tuvo la petición de Gustavo Petro y de Piedad Córdoba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por diferentes motivos ambos han denunciado ante ese organismo que existe en su contra “una persecución política”.
  
El caso de la exsenadora es el más sensible, pero también el que más tiene chance en ese organismo. El procurador, Alejandro Ordóñez, la destituyó e inhabilitó por 18 años para desempeñar cargos públicos por, según el fallo, colaborar y promover a las Farc. La Procuraduría utilizó como fundamento unos correos encontrados en el computador de Raúl Reyes, a pesar de que la Corte Suprema había prohibido utilizarlo como prueba. Piedad Córdoba puso una tutela, pero hace unas semanas la Corte Constitucional confirmó su destitución. 

Córdoba asegura que su caso es un ejemplo de hostigamiento político. “El régimen al que no lo mata, lo desaparece o lo acaba moralmente, como es el caso mío”, dijo cuando presentó su recurso ante la CIDH. La senadora tiene un argumento que en esa comisión es muy poderoso. 

Para ella un funcionario elegido por voto popular solo puede ser destituido por un juez y no por el procurador como fue su caso. Hay una sentencia que le da la razón. La Corte Interamericana condenó a Venezuela porque la Contraloría de ese país inhabilitó a un candidato a la Alcaldía de Caracas. 

Aunque el proceso puede demorarse, si la CIDH le da la razón a Piedad Córdoba, como algunos expertos dicen que lo hará, Colombia se verá ante el dilema de si reforma o no la Constitución. Pues hoy la Carta Política le permite al procurador tomar esas decisiones, contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, firmada por el país, que dice que los derechos políticos pueden ser restringidos por vía de sanción solo cuando existe “condena, por juez competente, en proceso penal”.

Por esa misma razón Gustavo Petro pidió hace una semana que la CIDH suspendiera su proceso en la Procuraduría por el caos de las basuras en Bogotá. En este último caso es más difícil que ese organismo actúe pues, aunque el fundamento es parecido al de Córdoba, la Comisión solo suele intervenir en los casos en que se han agotado los recursos internos.

Otro paquete de casos que llegó a la Comisión Interamericana es el de los parapolíticos. Se trata de los otrora congresistas Luis Humberto Gómez Gallo, Miguel Pinedo, Luis Alberto Gil y Odín Sánchez. Todos están representados por el abogado Ricardo Cifuentes. Y a diferencia de Petro y Córdoba, lo que piden es que sus condenas, de entre tres y diez años de cárcel, que la mayoria ya cumplieron, sean anuladas por tres razones. 

La primera es que como eran aforados y fueron juzgados por la Corte Suprema no tuvieron doble instancia, a pesar de que esta es reconocida como un derecho en diferentes tratados internacionales. Sobre este punto también hay antecedentes. Hace un año el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le dio la razón por ese argumento al exregistrador Jaime Calderón Brugés, quien había sido condenado por enriquecimiento ilícito en la Corte Suprema. 

Cabe anotar que en este caso, como en el de la Procuraduría, también podría necesitarse un cambio constitucional. De hecho, como se recordará, el gobierno de Juan Manuel Santos trató de incorporar la doble instancia para los congresistas en la fallida reforma a la Justicia. Los parapolíticos también alegan que no tuvieron derecho a la tutela. La Corte Constitucional evitó que el Consejo Superior de la Judicatura tumbara por esta vía las condenas de los congresistas, por ejemplo la de Mauricio Pimiento y Sandra Arabella. 

A diferencia de Piedad Córdoba, los parapolíticos no la tienen fácil. No es muy probable que la comisión postule sus casos a la Corte Interamericana pues sus condenas fueron revisadas en Colombia por las más altas cortes, la Suprema y la Constitucional. Por otro lado, como ese organismo ha condenado a Colombia por las violaciones más aberrantes  del paramilitarismo no es muy fácil que se la juegue a absolver a quienes de alguna manera están relacionados con ese fenómeno.

Un tercer paquete de casos como la Yidispolítica y el proceso 8.000 han acudido ya no ante organismos de la OEA, sino a Naciones Unidas. Iván Díaz Mateus, el congresista que le dio una palomita a Yidis Medina en la Cámara de representantes, acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU. 

A Díaz Mateus lo condenaron porque presionó a Medina para que votara a favor de la reforma que permitía la reelección del presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, Díaz Mateus sostiene, entre otras cosas,  que lo juzgaron en la Corte Suprema como si fuera congresista cuando él ya no ejercía esas funciones.

No se descarta que el comité se pronuncie sobre su caso pues ya lo hizo en el pasado con el proceso 8.000. Hace un tiempo ordenó a Colombia reparar al excongresista José Guerra de la Espriella y antes lo hizo con el excontralor Manuel Francisco Becerra. Ambos habían sido condenados por enriquecimiento ilícito, y el Comité de la ONU consideró que había violaciones al debido proceso en sus casos.

Otro que también les prendió una vela a los tribunales internacionales es Alberto Santofimio. El político liberal fue condenado a 24 años por la muerte de Luis Carlos Galán, pero espera que su condena sea revisada por la Corte Interamericana. Santofimio sostiene que no tuvo derecho a la doble instancia, pues lo condenó la Corte Suprema en una casación después de que dos jueces lo habían declarado inocente. También intenta demostrar que el testimonio de Popeye, que lo llevó a la cárcel, tiene muchas incongruencias.
 
Hasta los congresistas y magistrados damnificados del reciente fallo de las pensiones millonarias amenazaron con acudir al sistema interamericano. Para ellos, va en contra de sus derechos la decisión de la Corte Constitucional de limitar a 15 millones de pesos lo que reciben mensualmente. No obstante, es muy poco probable que ganen pues la CIDH le dio la razón al gobierno peruano en un caso similar cuando los afectados por una reforma constitucional que reducía el monto de las pensiones acudieron a ese organismo. 

Aunque a primera vista parezca que es un mal síntoma que los políticos acudan a las cortes internacionales en el fondo no lo es. El conflicto armado que ha vivido el país ha hecho creer que estos organismos están conformados solo para las víctimas de la guerra. Pero también están constituidos para quienes crean que se han vulnerado sus derechos. 

Lo que decidan esos tribunales tendrá mucho que ver con la construcción de la paz en Colombia. En últimas, la mayoría de los casos están relacionados con la forma como se ha juzgado la vinculación de sus gobernantes con los grupos armados. A juicio de varios expertos consultados por SEMANA, es poco probable que la CIDH o la ONU les metan el diente a esos casos mientras no se defina el proceso de paz.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.