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| 3/4/2015 7:10:00 PM

A Pretelt lo investigará un ‘abogado’ sin diploma

El representante a la Cámara Julián Bedoya, presidente de la Comisión de Acusaciones, ha dado respuestas contradictorias frente a su formación como abogado. Semana.com consultó en universidades.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene en sus manos investigar el peor escándalo que ha sacudido a la Corte Constitucional desde su creación, en 1991.
 
Se trata de esclarecer, con consecuencias penales, si el magistrado y presidente de esa corporación, Jorge Pretelt, recibió o pidió 400 millones de pesos para influir en la revisión y fallo de una acción de tutela, como parte de un supuesto soborno en el que estaría involucrado el abogado Víctor Pacheco, quien para la ocurrencia de los hechos representaba los intereses de Fidupetrol.
 
Hasta el momento sólo se trata de supuestos y por eso la investigación que adelante la Comisión de Acusaciones, conformada por 15 representantes a la Cámara y presidida por el liberal Julián Bedoya Pulgarín, constituye un escenario de verdaderos pesos pesados en materia de derecho penal.
 
El periodista Yamid Amat, en su programa Pregunta Yamid del 2 de marzo, le preguntó a Bedoya por su formación de abogado y su respuesta fue: “estudiamos derecho en la Universidad de Medellín”. Pero Amat nuevamente le insistió, “¿usted es abogado?” Y esta vez la respuesta fue: “Sí, señor” (Ver entrevista, minuto 9:15).
 
En medio del acecho de los reflectores de los medios de comunicación que indagaban en los pormenores de las acusaciones contra Pretelt, Bedoya cambió su versión dos días después y, en otra entrevista que concedió en directo para Noticias RCN dijo que no era abogado, sino que había estudiado cinco años de derecho.
 
En efecto, en conversación con Semana.com, el doctor Juan Carlos Vásquez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, aseguró que Bedoya ingresó a estudiar en el año 2002 y se retiró en el 2007. Nuevamente, prosigue Vásquez, el estudiante retomó sus estudios, para finalmente abandonarlos en el 2009.

El estatus de Bedoya no dice que tenga título de abogado ni tarjeta profesional. Se trata de un estudiante de pregrado que dejó sus estudios por voluntad propia. “Se retira voluntariamente. Cuando lo hace está en quinto año de derecho. Podríamos decir que le faltan materias, pero no tengo el récord aquí. Si decidiera reingresar, debería hacerlo con el plan vigente, en el caso en que hubiese habido cambios en el programa”, dice Vásquez.
 
Las versiones contradictorias frente al título de abogado de Bedoya, que no configuran un impedimento legal ni en sus funciones como congresista ni como miembro de la Comisión de Acusaciones, no son del todo nuevas.
 
En varios escenarios de seguimiento a la labor de los congresistas ha habido información ambigua frente a la formación académica del representante. En la página web de Congreso Visible se lee que Bedoya es un “joven político liberal antioqueño, nacido en Medellín. Estudió en el Colegio José María Córdoba y derecho en la Universidad de Medellín”. En ítem de nivel educativo dice: “universitaria completa”.
 
Bedoya también aparece con título de abogado en la información que consignan las páginas web tanto del Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, como en el sitio Antioquia Visible, del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit.
 
Más allá de la poca claridad frente a los estudios de Bedoya, las preguntas que subyacen de fondo son, por un lado, por qué el congresista dijo ante cámaras ser abogado cuando no lo era, y dos, cuál va a ser el papel que jugará dentro de la Comisión de Acusaciones, una instancia que legendariamente no ha brillado por sus resultados.
 
Por mandato constitucional, a la Comisión de Acusaciones le corresponde conocer sobre denuncias penales y quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado, entre ellos el presidente de la República, el fiscal general y los magistrados de las altas cortes.
 
La dimensión de los hechos que investigará dicha instancia se centrará en ratificar o desvirtuar el episodio que puso en conocimiento el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González. Para tales efectos, la Cámara de Representantes, a través de la dirección administrativa, asignará recursos  para contratar asesores idóneos. Y es en el monto de los recursos y en la escogencia de los profesionales en derecho, que la Comisión de Acusaciones se jugará su eficiencia.
 
En manos de Bedoya, como presidente de la Comisión, estará seguramente la ponencia con la que se acusará o se precluirá la investigación en contra del magistrado Pretelt, quien durante un mes estará apartado de la Corte, en medio de un escándalo que no muere.
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