El viacrucis que le espera a la JEP en el Congreso

La amenaza de una operación tortuga en el Congreso, tiene al Gobierno y las FARC hablando diferentes idiomas. Mientras que los primeros insisten en que la decisión de la corte sirve para legitimar más el acuerdo porque "exige la construcción de consensos más sólidos", la guerrilla está convencida de que "sí se abrió la puerta para cambiarlo".

“Esto para mí no es un tropiezo sino un pronunciamiento de la Corte. Vamos a trabajar dentro de esa nueva realidad y daremos un buen debate”, dijo el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, en entrevista con La W radio. Minutos después el jefe guerrillero Iván Márquez argumentó "que urge una salida a la más grave crisis que ha enfrentado el proceso (...) ya que se está poniendo en riesgo el cumplimiento de la letra de lo acordado".

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El temor que proyecta uno y matiza el otro tiene fundamento. Durante el trámite del Acto Legislativo que le dio vida a la Jurisdicción Especial de Paz, quedó la impresión de que hay sectores que tienen serios reparos con lo que se firmó y le quieren meterle la mano al acuerdo. Aunque en esa ocasión, los esfuerzos estuvieron menguados por el blindaje que otorgó el fast track, en el trámite de la Ley Estatutaría la batalla por sacar adelante banderas políticas está más despejado.

La discusión está servida sobre la mesa. El trámite del Acto Legislativo dejó muchos cabos sueltos que ahora sí se tienen que definir. Por ejemplo, falta la ley que gradúe las consecuencias de haber incumplido las condiciones del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Así las cosas, la lista que quedó pendiente es larga: una ley definirá los delitos que se consideran estrechamente vinculados a la dejación de armas; una ley reglamentará el tratamiento penal diferenciado en lo relativo a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos; una ley regulará la participación de las víctimas en el régimen de sanciones; una ley determinará qué actuaciones procesales deben estar protegidas por reserva y una ley reglamentará los mecanismos idóneos de monitoreo, vigilancia y control del cumplimiento de las sanciones.

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Hay mucha tela por cortar y el fiscal Néstor Humberto Martínez lo demostró durante el trámite del Acto Legislativo, cuando pidió aclarar cuál será el tratamiento para quienes sigan delinquiendo después de la firma del acuerdo de paz con las Farc. Pidió, entre otras cosas, aclarar cuál será el tratamiento para quienes sigan delinquiendo después de la firma del acuerdo de paz con las Farc. “Los delitos continuados en que eventualmente incurran las personas desmovilizadas deben ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria cuando se extiendan más allá del 1 de diciembre de 2016”, dijo en el Salón Boyacá del Capitolio.

"La participación de las víctimas va a ser uno de los más polémicos en el trámite de la Ley Estatutaria. Hay dos posiciones: unos que no quieren tanta participación y piden cerrarles la posibilidad de interponer recursos y otros que dicen que como son el centro del acuerdo, se les tiene que abrir un espacio para todo", manifestó una fuente a Semana.com. Así las cosas, o se deja a las víctimas como simple espectadoras por el miedo a la conflictividad y la inseguridad jurídica o se les da herramientas para interponer recursos.

Una de las proposiciones que se vaticinan durante la discusión de la norma que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz viene de la mano del senador liberal Juan Manuel Galán quien está convencido de que se debe trabajar en garantías procesales que les den herramientas a las víctimas a la hora de acceder a la verdad judicial.

Los senadores Hernán Andrade (Partido Conservador), Rodrigo Lara (Cambio Radical) y Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), no se aventuran exponer las proposiciones sobre las que están trabajando pero aseguran que lo que se construya debe ser en el marco de lo que se pactó, "no nos podemos poner creativos", dijo uno de ellos.

Pese a que en el trámite del Acto Legislativo se reforzaron las condiciones que llevarían a los terceros civiles a sentarse en el banquillo de los acusados, en esa matería aún falta mucho por reglamentar. Ya se acordó que la presentación será voluntaria siempre y cuando no estén estrechamente vinculados con infracciones al Derecho Internacional Humanitario de manera "sistemática", sin embargo, falta especificar el desarrollo normativo que regirá entre otras cosas el beneficio a la libertad. 

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Como ha ocurrido en estos cinco años, el golpe más duro aprovechando la decisión de la corte, seguramente vendrá desde las toldas uribistas. "Partimos de la absoluta ilegitimidad de todo el sistema, uno que fue ideado por Álvaro Leyva y Enrique Santiago", señaló el senador José Obdulio Gaviria. Aunque ya hay unos parámetros que delinean el rumbo de la Jurisdicción Especial de Paz, los negociadores no podrán cantar victoria hasta que se conozca el texto definitivo de la Ley Estatutaria. La implementación aún está cruda y el peligro es que se termine de enredar la dejación de armas.

Con esta norma que moldea la JEP, especialmente, se le medirá el pulso al fast track teniendo en cuenta que gran parte de los reparos que se le hicieron al acuerdo versan sobre la justicia que volcó a muchos a la calle durante el plebiscito. Los primeros debates en las comisiones conjuntas serán definitivos para medirle la temperatura a la discusión que seguramente dividirá al Senado y generará mucha controversia.