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| 7/5/2017 6:36:00 PM

Se agita la contienda por el aval de la Corte Constitucional a la JEP

Aunque la espina dorsal del acuerdo con las Farc fue aprobada en el Congreso, le falta el visto bueno del alto tribunal. Las criticas del fiscal Néstor Humberto Martínez llegan a un nuevo escenario de discusión.

Colombia es un país de contrastes. Desde Mesetas el país se quedó la semana pasada con la imagen de las Farc almacenando los últimos fusiles. Aunque la escenificación le inyectó una alta dosis de esperanza a la implementación, en el fondo se ocultó un nerviosismo. Los tiempos del acuerdo jurídico nada que empatan con la realidad de 7.000 excombatientes que dieron el paso a la legalidad.

La Jurisdicción Especial de Paz aún no pasa el examen de la Corte Constitucional. En audiencia pública, este miércoles y jueves se analizó desde diferentes sectores la reforma. Como se sabe, este acto legislativo, espina dorsal de la negociación con la guerrilla, se encargará de investigar y juzgar los crímenes cometidos por las Farc, agentes de Estado y terceros civiles en el marco del conflicto. Por eso, la cita en el Palacio de Justicia generó tanta tensión.

Horas después de que el comité de escogencia anunció los tiempos y las bases para la selección de los 51 juristas que la conformarán, el alto tribunal sentó a los principales promotores y adversarios de la Jurisdicción Especial de Paz para compartir sus posiciones en una audiencia pública. El primero que tomó la palabra, fue el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. Aunque durante su intervención aseguró que la JEP cumple con todos los estándares fijados por "la jurisprudencia constitucional para la participación de las víctimas", envió un contundente mensaje a los críticos del acuerdo.

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“Se equivocan quienes sostienen que esta reforma se reduce a otorgar beneficios judiciales a guerrilleros. Al contrario, dota al Estado de una institucionalidad robusta dirigida a imponer sanciones de diferentes tipos a todos los actores del conflicto armado”, dijo.

Aunque sus palabras no encontraron respuesta, se toparon de frente con el siguiente ponente que aguardaba su turno en el recinto, para presentar su larga lista de reparos al nuevo modelo de justicia transicional. El fiscal Néstor Humberto Martínez se paró frente al micrófono y centró sus objeciones en cinco puntos trascendentales: la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, Justicia y Paz, delitos continuados y las competencia de su entidad una vez el Tribunal de Paz empiece a funcionar.

Al igual que horas después lo resaltó Gloria María Borrero, representante de la Corporación Excelencia a la Justicia, el jefe del ente investigador hizo un contundente llamado para que la JEP entre a funcionar de manera armónica con los demás entes de la Rama Judicial, especialmente la Fiscalía, con el fin de que no se entorpezcan ciertos procesos que ya vienen caminando en la justicia ordinaria. Para el fiscal Martínez, "esta nueva unidad no puede sustituir ni impedir las investigaciones que el Estado tiene la obligación de adelantar".

Renglón seguido, manifestó que es necesario que la Corte defina los límites del mandato de exclusividad que tiene el nuevo tribunal a la hora de abordar los crímenes cometidos por causa, con ocasión o relación directa o indirecta con el conflicto armado. Concretamente, se refirió a la compulsa de copias que propone el acuerdo, desde el Tribunal de Justicia y Paz a la JEP y que comprometen investigaciones sobre agentes de Estados y terceros que financiaron o contribuyeron con el paramilitarismo.

Durante su intervención, el fiscal Martínez abrió el capítulo de los testaferros de las Farc. A su parecer, no es claro ante quiénes responderán los hombres y mujeres que no militaron directamente con la guerrilla pero que sí la auxiliaron. "Se debe resolver quien tendrá la competencia para analizar sus conductas en relación con el patrimonio ilícito de las Farc", aseguró.

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Otro de los temas sensibles, durante la negociación en La Habana, que fue objeto de críticas a lo largo de su discurso, fue la Unidad de desmantelamiento de las organizaciones criminales. Aunque el fiscal no se fue en contra de su función como tal, sí criticó la falta de claridad sobre el vínculo que tiene ese despacho con la justicia ordinaria y la justicia especial. A su juicio, son muchas cosas las que se deben precisar antes de que la Corte Constitucional, dé luz verde al acto legislativo que ratifica el aterrizaje del Tribunal de paz. Un ejemplo de ello es la intención de "suspender las investigaciones de actos criminales relacionados con el conflicto". Se invoca "una parálisis absoluta de la justicia, del recaudo de pruebas que alimentará los procesos que involucran personas que irán a la JEP una vez inicie sus funciones", dijo.

El problema sin embargo, de acuerdo a la exposición de la abogada Borrero, es que los motores de la justicia especial permanecerán apagados un tiempo más. ¿La razón?, aunque ya se abrió la convocatoria para elegir los magistrados, apenas estarían listos en noviembre y como se acordó que ellos mismos fijan las normas procesales que se tramitarán en el Congreso, eso no ocurrirá en menos de dos meses. Así las cosas, cuando comience la diligencia, habrá desaparecido la figura del fast track, tendrá que ser sancionado vía ordinaria y las como tal al nuevo tribunal apenas empezaría a funcionar a mediados del otro año- 

Por su parte, durante la audiencia pública, el abogado Juan Carlos Lancheros manifestó que "no tiene presentación" que después de que la corte avaló la refrendación que se llevó a cabo vía Congreso, "se entre a controvertir constitucionalmente las leyes y reformas". "La Corte se va cuidar mucho de interferir en la ejecución de los acuerdos", manifestó y al igual que Elliot Parra, otro de los ponentes, coincidieron en afirmar que "el acto legislativo es redundante y está mal redactado".

Aunque muchos consideran que la Corte ha dado pruebas de que es consciente de que el país transita por una etapa transicional que muy posiblemente conduce a una decisión favorable en este caso, coinciden en argumentar que los magistrados terminarán metiéndole la mano a algunos de los puntos que encendieron el debate durante estos dos días. Precisamente aquellos que apunta a dirimir el choque de tres. Es decir, aclarar las competencias que tendrán durante la transición, la jurisdicción ordinaria y la JEP.

Ahí radica la nuez del asunto y la incertidumbre que tiene en ascuas a los excombatientes. Cualquier condicionamiento, por mínimo que sea, tendrá un efecto considerable en el aterrizaje de los acuerdos. El problema se vuelve mayúsculo si se tiene en cuenta que además del aval de la Jurisdicción Especial de Paz, falta el de la Ley de Amnistía. Además, que se tramite en el Congreso la Ley Estatutaria que reglamenta la JEP y que también tendrá que pasar por las manos del alto tribunal.

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En este contexto fue el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, hizo un llamado para que este trámite surta en el menor tiempo posible. "Hemos llegado al fin del conflicto. La semana pasada asistimos al desarme individual de las Farc, el final de tanta violencia y victimización. Así como las Farc han cumplido con esa parte del acuerdo, nos corresponde a nosotros cumplir", dijo.

Pero las víctimas tienen sus propios reparos al sistema. "El conflicto se ha usado como fachada o excusa para la perpetración de la violencia política. Atribuir todos los hechos y sus consecuencias al conflicto armado, diluye la responsabilidad del Estado en las violaciones a los Derechos Humanos", manifestó Soraya Gutiérrez, vocera del Movimiento de Víctimas de Agentes de Estado, quien le pidió a la Corte que defina el sentido jurídico de la expresión: "delitos cometidos por causa, con ocasión o relación directa o indirecta con el conflicto armado". 

Aunque a su juicio, el acto legislativo desborda "las competencias dadas al Gobierno y al Congreso, al conceder una serie de beneficios a agentes del Estado", durante su intervención, el general retirado Jaime Ruiz planteó todo lo contrario. En palabras suyas, "la jurisdicción especial de paz fue hecha a la medida de las Farc" y para ilustrar esa premisa recordó el encuentro que varios miembros de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) sostuvieron con los abogados Enrique Santiago y Álvaro Leyva. 

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Como ocurre desde que se selló el acuerdo, el oficial volvió a poner sobre la mesa el tema de la responsabilidad de mando. Los parámetros de la justicia internacional aún tienen a los militares preocupados desde un episodio muy confuso que ocurrió en la firma del segundo Acuerdo de Paz. En ese momento, se agregó un párrafo al parágrafo 44 de los principios básicos del componente de justicia con el fin de incluir el artículo 28 del estatuto de Roma. Como el tema no se había discutido ni acordado con ellos, a última hora el Gobierno tuvo que recular y cambiarlo.

La situación a dado mucho que pensar. Pese a que desde diferentes sectores se ha dicho que el ajuste es muy laxo. Ellos, por el contrario, creen que es muy duro. En últimas, lo que está en juego es qué tanto tienen que responder los jefes por lo que hicieron sus tropas. 

Por su parte, el llamado que hicieron las víctimas de las Farc este jueves, coinciden con los reparos que esgrimieron algunos abogados en la primera jornada de la audiencia. En ese sentido, consideran que el Acto Legislativo no ofrece las suficientes garantías de reparación y por eso piden que se les otorguen herramientas jurídicas que les permitan encarar al alto tribunal una vez empiece a funcionar. 

"No es posible que se discrimine a las víctimas para favorecer a los victimarios. Nuestros derechos no están garantizados ni en este acto legislativo ni en el acuerdo", dijo Herbin Hoyos. Según el documento que leyó como representante de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, "el derecho a la verdad no se garantiza plenamente (...) no es lo mismo la confesión plena y completa en la participación de un hecho que el simple reconocimiento".

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La tarea que se ha hecho en Colombia en la reparación a las víctimas y los retos que tiene por delante fueron precisamente uno de los temas que caldeó los ánimos durante la discusión en el Congreso. Aunque en principio se amarró la participación política de los excombatientes al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, al final la condición se cayó. 

Hay una gran paradoja en lo que está sucediendo y es que nadie está contento. Sin embargo, durante su intervención la abogada Catalina Botero Marino les dijo a los magistrados que pese que hay aspectos del modelo que no satisfacen ciertas expectativas, la Corte Constitucional está para evaluar si se está o no sustituyendo la constitución. 

"Ustedes van a oír en esta audiencia y seguro ya lo han escuchado en otras discusiones, objeciones sobre si es o no conveniente este acto legislativo. Si el acuerdo pudo haber sido mejor o peor. Si hemos podido negociar con más justicia y más verdad. Sin embargo, eso no es lo que la Corte debe discutir y ustedes lo saben mejor que yo. Lo que hay definir es si eso sustituye la constitución. No si es bueno o malo, o si nos gusta más o nos gusta menos", apuntó. 

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