Sábado, 25 de febrero de 2017

| 1988/07/04 00:00

"JURO"

Con el inspirador de la ley de alcaldes secuestrado, se inicia el cambio político más importante de este siglo.

"JURO"

Lo que debía ser el inicio festivo de una nueva era para los municipios colombianos, debió limitarse a los simples actos de posesión de los alcaldes elegidos por el voto popular, como una muestra del repudio que despertó el secuestro de Alvaro Gómez Hurtado, quien fuera precisamente uno de los mayores gestores de esta nueva era, como autor del proyecto de reforma constitucional que permitió la implantación de la elección popular de alcaldes.
Sin embargo, pese a la conmoción causada por los hechos de la semana pasada, son muchas las expectativas que se han creado en torno a la gestión de los nuevos alcaldes. Lo primero que salta a la vista es que el esquema gobierno-oposición, que continúa vigente a nivel del gobierno central, se desmontó en la inmensa mayoría de los municipios. Los diferentes tipos de coaliciones que se formaron durante las campañas electorales, llevaron a que en la actualidad los alcaldes le hayan dado participación a la mayoría de los grupos que actúan en sus regiones. Este hecho es especialmente importante en áreas de conflicto, como Barrancabermeja y Caquetá, en donde se está buscando una integración de las diferentes fuerzas, para consolidar a nivel regional un proceso de paz que a nivel global está cada vez más resquebrajado. En el Caquetá, por ejemplo, hay un "pacto de no agresión" en el que intervienen cinco frentes de las FARC todos los grupos políticos -liberales, conservadores y Unión Patriótica-, los gremios, las organizaciones populares, la Iglesia -representada por monseñor José Luis Serna, promotor del arreglo-, y hasta el Ejército y el gobernador militar. Otro hecho significativo de la nueva dinámica que se está alcanzando a nivel municipal es la participación que se le ha dado a la Unión Patriótica en ciudades como Medellín, Cúcuta y Pereira, aparte de las 15 alcaldías que alcanzaron con candidatos propios y de los 106 municipios en los que ganaron candidatos apoyados por ese movimiento. De otro lado, el 15% de las alcaldías quedó en manos de representantes de coaliciones suprapartidistas y movimientos cívicos que gobernarán, por primera vez, más allá del control de los partidos tradicionales.
Claro está que lo que más cuenta en todos los casos son las realizaciones. En este aspecto los nuevos alcaldes cuentan con buenos instrumentos pero también con algunas limitaciones. Los ingresos que tendrán los municipios por concepto del IVA, que en el presente año serán de 86 mil millones de pesos -y que se espera que alcancen los 273 mil millones de pesos en 1992-, sumados al presupuesto ordinario, deben reflejarse en obras que por mucho tiempo han estado frenadas, por culpa de los tardíos desembolsos y la mala destinación de los recursos. Esto podría permitir que los alcaldes, aprovechando la independencia que tienen frente a organismos como el Incora, adelanten, por ejemplo, proyectos locales de reforma agraria. Pero, a corto plazo, tales reformas deben contar con el índice de endeudamiento que encuentren los alcaldes en sus respectivos municipios que, por el momento, sólo por concepto de desmonte del Insfopal alcanza los 14.500 millones de pesos, que no fueron asumidos por la Nación.
De todos modos, se puede afirmar que en la actualidad, la modernización del municipio colombiano se encuentra en fase de acoplamiento y que es necesario esperar algún tiempo para poner en marcha los ajustes necesarios. En fin, lo único claro es que la última palabra la darán los electores, es decir, en un sentido más amplio, los gobernados, que volverán a votar para alcalde dentro de dos años y para quienes el mandatario municipal -en especial en las poblaciones más pequeñas- ya no será el lejano político impuesto desde la capital del departamento, sino un simple vecino al que le podrán hacer exigencias en forma directa. Con base en esto, es fácil predecir que, ahora sí, el alcalde tendrá quién lo ronde.-

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