JUSTICIA CON ROSTRO

Nadie sabe qué pretende el Ministerio Público al querer obligar ala comisión de fiscales sin rostro que investiga el proceso 8.000 levantar el secreto de su identidad.
LA SEMANA PASADA ESTUvo marcada por las declaraciones explosivas. Las que dio el ministro del Interior, Horacio Serpa, a raíz del atentado a Antonio José Cancino, el abogado del Presidente, en el sentido de que podía haber intereses extranjeros en la desestabilización del país, levantaron ampolla. Las del Departamento de Estado norteamericano y la DEA, que respondieron con duros comunicados. Las que dijo el vicefiscal Adolfo Salamanca Correa a CM& y el diario El Tiempo, en el sentido de que a la justicia le están poniendo trabas y zancadillas, también despertaron agrias polémicas. Pero aún más explosiva que todos esos pronunciamientos es una solicitud de la Procuraduría que pasó prácticamente inadvertida a ojos de la opinión.
Se trata de una investigación que el Ministerio Público está haciendo a la comisión de fiscales sin rostro que tiene a su cargo la instrucción del proceso 8.000. A raíz de las acusaciones de violación de la reserva del sumario que han proliferado desde que salió a la luz pública la indagatoria de Santiago Medina, la Procuraduría le ha seguido los pasos de cerca a la comisión de fiscales. Tanto es así, que en varias oportunidades ha sido tal el acoso que los fiscales gastan más tiempo cumpliendo con los requerimientos de los delegados del Ministerio Público que evaluando el material de la investigación.
Pero todo parece indicar que la diligencia de los investigadores no ha bastado. Aparéntemente la Procuraduría tiene la intención de elevar pliego de cargos por lo menos contra dos miembros de la comisión de fiscales por presuntas violaciones al secreto sumarial, y para ello ha pedido que le sea revelada la identidad de sus integrantes con el argumento de que no se puede adelantar una investigación disciplinaria sin individualizar a los funcionarios y sus responsabilidades. Y, de hecho, la ley prevé que sus nombres se pueden dar a conocer en caso de existir investigación disciplinaria en su contra. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación persiste en su alegato de que no hay razón para que los funcionarios no puedan ser investigados utilizando el número que los identifica.
Aunque existen fundamentos legales para revelar las identidades de los investigadores, lo cierto es que el asunto no es de poca monta. Las lecciones del pasado tienden a demostrar que, en los casos de las investigaciones vinculadas con asuntos de narcotráfico, la vida y la integridad de jueces e investigadores deben ser protegidas a toda costa. Es por eso que esta legislación nació precisamente para preservar la independencia y la seguridad de los funcionarios judiciales que manejen procesos tan delicados como éstos.
Aun si finalmente la Fiscalía lograra que los nombres de sus funcionarios se mantuvieran en secreto, lo que ha sorprendido a la opinión es que este no es la primera vez que la Procuraduría abre un proceso disciplinario contra los funcionarios que han desempeñado un papel clave en el proceso 8.000. El Ministerio Público abrió investigación en contra del vicefiscal Adolfo Salamanca por una presunta omisión en el caso del comisario venezolano Eduardo Iglesias, vinculado a una investigación por participar en una red de robo de vehículos en el vecino país. Ya en ese entonces algunos sectores de la opinión habían interpretado la apertura de investigación contra Salamanca como una eventual retaliación contra la Fiscalía, por la conocida vinculación del nombre de Orlando Vásquez Velásquez a las investigaciones sobre narcopolítica. Ahora, al tiempo que hacían carrera las versiones de que algunas de las violaciones a la reserva sumarial podrían haber tenido su origen en funcionarios de la Procuraduría, la entidad responde con la apertura de una investigación contra los miembros de la Fiscalía. Y no sólo es esa nueva coincidencia la que ha dejado un mal sabor. Ha despertado más de una suspicacia que, precisamente, los fiscales sean vigilados por los subalternos del inculpado.