Martes, 30 de septiembre de 2014

| 2013/06/22 01:00

Justicia empapelada

Por cuenta de reclamaciones con montos exorbitantes, en causas temerarias que abusan del derecho, un puñado de personas ha logrado congestionar la Justicia. Una nueva ley aprobada la semana pasada los puede frenar en seco.

Justicia empapelada Foto: Gabriel Peña

Las demandas por montos descabellados  que congestionan el sistema judicial del país tienen un nuevo capítulo. Hace tres meses esta revista contó la historia de una demanda por mil trillones de pesos, la más alta –y ridícula– en pretensiones en la historia del país. 

Ahora comienza un nuevo proceso con pretensiones por el doble: dos mil trescientos cuarenta y ocho trillones veinticuatro mil setecientos cinco billones novecientos tres mil ochocientos cincuenta millones de pesos ($2.348’024.705’903.850’000.000).

Además del monto, son varios los absurdos en este nuevo caso. El primero es el motivo: se trata de una reclamación por las pérdidas que generó el fallo de La Haya en la disputa del país con Nicaragua. 

El segundo es el demandante: Otoniel Tangarife Franco, el mismo demandante de la vez anterior. El tercero es que no haya una forma para frenar este tipo de procesos, que según varios abogados consultados podrían catalogarse como abuso del derecho, y que en este caso ya implicó una reunión de conciliación en la Procuraduría entre el apoderado de Tangarife  y el  representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la primera demanda, la de mil trillones, Tangarife reclama por la vía contencioso administrativa que una lista al Senado en la que participó no ganó porque la Registraduría no aceptó que quien la encabezaba usara un sobrenombre. Además alega que por no llegar al Congreso no logró los derechos para la pensión que según él le correspondía. Esta pretensión se frenó pues en la conciliación la Procuraduría conceptuó que Tangarife debía recurrir a la jurisdicción civil.

Según le confirmó a SEMANA Guillermo Pérez Luna, su apoderado, Tangarife comenzó el nuevo proceso por la pérdida del mar territorial en el Caribe para buscar una nueva vía para lucrarse. Su idea es llevar el caso ante un juez y presionar un acuerdo. “Vamos a ver qué ocurre” dice Pérez. 

Esta increíble y abusiva actitud frente a la administración de justicia no es un caso aislado. En el centro de conciliación de la Procuraduría, una dependencia por la que pasan quienes quieren demandar al Estado, calculan que al año puede haber al menos unos 1.000 procesos de este tipo. Aunque un alto funcionario del ente de control asegura que “debe haber algo de demencia en el perfil de quienes hacen esto”, explica que no existe una fórmula para negar el acceso a la justicia de ningún ciudadano.

‘Tangarifadas’ hay en varias regiones. Por ejemplo en Caldas, según cuenta un funcionario de la Rama Judicial,  hasta hace poco una persona logró que el 80 por ciento de los tribunales estuvieran atendiendo sus recusaciones, tutelas y derechos de petición, que acompañaban centenares de acciones populares. Algo similar sucedió en Santander, en una época en que había un incentivo económico a quien ganara este tipo de reclamaciones de derechos fundamentales en grupo. 

Un hueco, una alcantarilla destapada, un poste caído, un edificio público sin rampa se volvían un gran negocio para estos personajes. Pero hace un par de años se desmontó esa norma y ha bajado el volumen de demandas.

Tangarife, y otros como él, no se están tomando en serio una norma de 2011 de la que solo ahora se conocen resultados, que consiste en que quien pierda el pleito en demandas temerarias, tiene que pagar el 20 por ciento al país por el desgaste ocasionado a la Justicia. Además, la semana pasada el Congreso aprobó una ley que obliga a pagar por anticipado el llamado arancel judicial, un porcentaje que siempre se liquidaba al final del proceso para ayudar en los gastos de la Rama Judicial. 

Si bien la norma no fue pensada con el fin de atajar la temeridad de causas descabelladas que congestionan a la Justicia, sí tendrá un efecto colateral pues ahora estos demandantes de oficio no solo tendrán que pagar por las miles de copias con que usualmente acompañan sus procesos, sino que también deberán girar un porcentaje de lo que consideran fue su derecho vulnerado. Quizás esa sea la única forma de que respeten el derecho a los demás ciudadanos de no tener una Justicia congestionada. 

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