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| 5/24/2017 9:39:00 PM

El tortuoso camino que le espera a la JEP

El Gobierno ya radicó la ley estatutaria que desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz. Se anticipa que vendrán los debates más difíciles que ha tenido el proceso de Paz en el Congreso. ¿Qué está en juego?

Los tiempos del cronograma de La Habana nada que empatan con los de la realidad política de Colombia. Si todo hubiera ocurrido de acuerdo con los cálculos iniciales del Gobierno y las FARC, la justicia transicional que investiga y juzga los crímenes cometidos en el marco del conflicto se estaría estrenando por estos días. Sin embargo, las cosas no son así y apenas este miércoles radicaron el proyecto de ley estatutaria que estructura ese nuevo sistema. 

Esta ley puede ser una de las más esperadas por los actores del conflicto. En el derecho suele aplicar la frase de que el "diablo está en los detalles", y en esta oportunidad, los de la justicia transicional, están en la norma que comenzará a ser debatida por el Congreso desde la semana entrante. Aunque en el Capitolio ya se le dio el visto bueno a la Ley de Amnistía y el Acto Legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, la fecha en la que se verá funcionando en pleno el nuevo tribunal, es todavía un misterio. 

Si se tratara de la construcción de una casa, podría decirse que se sabe que hay cinco cuartos, la cocina y un estudio. Falta, eso sí, definir cómo se va a adecuar cada uno y por ende especificar qué funciones se les va a dar. Algo similar ocurre en la implementación del quinto punto del acuerdo que tiene que ver con la justicia transicional y que ya tiene la bendición del plano diseñado.

Se sabe que existirá una Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos, una de Amnistía e Indulto, una de definición de situaciones jurídicas y una Unidad de Investigación y Acusación, pero aún falta por aclarar qué normas regirán cada una. Allí, es donde radica la importancia del proyecto de Ley Estatutaria.

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El Acto Legislativo le dio vida a la columna vertebral del proceso de paz, pero por sí sólo no sirve para implementar todo lo que se acordó en materia judicial. Se requieren normas de desarrollo que especifiquen los principios de la Jurisdicción Especial de Paz, así como las que cobijan el funcionamiento organizativo del mismo. ¿La razón?, los funcionarios se rigen por el principio de legalidad y no se pueden inventar sus competencias.

Por ejemplo, a la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad va a llegar todo lo que no tenga que ver con las amnistías o las renuncias a la acción penal. Recibirá todos los informes de la Fiscalía y será la encargada de armar los contextos del conflicto armado sobre temas tan diversos como reclutamiento infantil y abuso sexual. Entre sus funciones está hacer la priorizacion de los casos y recoger información que ayude a construir las conclusiones que se mandarán al tribunal que impone la sanción en cada casp. Es decir, recopilará la evidencia de los crímes más grandes. Aquellos que tendrán que rendirle cuentas a los jueces para poder conocer cuál es el estado de su pena.

Con 151 artículos, hace unas horas se radicó el proyecto de 60 páginas. En compañía de los senadores Juan Manuel Galán, Roosvelt Rodríguez, Mauricio Lizcano y Luis Fernando Velasco, el Ministro del Interior presentó las normas que delinearán el camino judicial del acuerdo. "Esto básicamente señala los procedimientos, las normas frente a las cuales deben funcionar, por ejemplo, las salas, la práctica de pruebas y los derechos de las víctimas", manifestó Juan Fernando Cristo, quien apuntó a que las decisiones de las últimas horas demuestran que las mayorías del Congreso están apoyando el proceso de paz. "El fast track esta vivito y coleando", agregó.

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El tema es clave porque la Jurisdicción Especial de Paz va a tener una planta que supera las 1.000 personas. Se sabe, por ejemplo, que la Unidad de Investigación tendrá 16 fiscales y un director. Sin embargo, no se ha reglamentado cuál es la naturaleza del personal que se vincula a esa nueva institucionalidad.

¿Van a ser empleados de libre nombramiento?, ¿Van a desarrollar un régimen legal para que tengan contratos privados? y ¿Van tener carrera o no?, son algunos de los interrogantes que saltan a la vista. Incluso, el periodo de los magistrados que se eligan, de los que se ha dicho que van hasta la muerte, es otro de los detalles que está en cola por esclarecer.

El pulso

Aunque el tema del monopolio de las armas del Estado pretendió ilustrar el ritmo con el que ahora se tramitarán las leyes y reformas, la prueba de fuego que experimentará el acuerdo de paz -después del ajuste que le hizo la Corte Constitucional al fast track- se vivirá en cuerpo presente con la expedición de la ley estatutaria. 

Hace unas horas las comisiones de paz anunciaron una fórmula para contrarrestar las discusiones sin fin y la avalancha de proposiciones que los congresistas podrán presentar sin el aval del Gobierno en cada uno de los puntos del articulado. Sin embargo, hay muchas razones para pensar que en el camino el proyecto puede languidecer. La formula que propusieron los congresistas de aprobar en bloque los artículos solo funciona si no existen proposiciones nuevas, un escenario poco probable en un Congreso dividido. Ante ese escenario, si los partidos presentan ajustes, la discusión sí debe ser uno por uno. De no hacerlo de esa manera podría incluso llevar a que la norma se caiga en la Corte Constitucional por vicios de forma. 

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Por sí sólo, el documento de más de 300 páginas que firmaron el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las FARC, Timochenko, no pasa de ser más que un consenso de palabra. De ahí la importancia de que cada uno de los seis puntos negociados se traduzca jurídicamente para no sólo adecuar el tránsito de esa guerrilla a la vida civil, sino también para encarar los temas que han servido de combustión para el conflicto. Cuando en diciembre la Corte Constitucional le dio vía libre al fast track el entusiasmo se sintió en plena temporada navideña cuando se sacó adelante la Ley de Amnistía. El optimismo duró poco y las turbinas se fueron apagando durante el trámite del Acto Legislativo. Con 61 votos a 2 y con la abstención del Centro Democrático, la plenaria del Senado aprobó el pasado 14 de marzo el proyecto que había sido radicado en enero. 

A la reforma que dio vida a la justicia transicional se le hicieron 83 modificaciones desde que comenzó su trámite, la mayoría de las cuales fueron en el cuarto y último debate. El fantasma de la falta de quorum y el precario consenso en más de una oportunidad hicieron temer que la discusión se siguiera dilatando. Por eso el Gobierno y sus principales escuderos decidieron someterlo a votación con los cambios propuestos, sobre todo, por el fiscal general y la bancada de Cambio Radical.

Las leyes estatutarias requieren para su aprobación que sean votadas afirmativamente por la mitad más uno de los miembros de la Comisión o Plenaria. El problema, sin embargo, es que además el endeble seguro que concentra a la coalición por la paz, abrir la discusión, artículo por artículo, puede llevar a que la oposición se aproveche de su derecho a discernir y prolongar el trámite.

Falta ver la impresión que deja el primer debate una vez se abra, pero de lo que no cabe duda es que el escenario para la implementación es sombrío partiendo de la idea de que en menos de un mes el Congreso sale a vacaciones y aunque citen a sesiones extraordinarias, ese atajo no será suficiente para evitar que al trámite de la Ley Estatutaria se le dé un boleto directo rumbo a la puja electoral que se empezará a sentir con fuerza en el segundo semestre del año.

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