¿Justicia de opinión?

LA SEMANA PASADA SE CERRO UN NUEVO CApítulo de la increíble y cada vez más triste historia de Juan Martín Caicedo y los auxilios distritales. La Procuraduría solicitó la inmediata libertad para el ex alcalde y su secretaria de Hacienda, Marcela Airo de Jaramillo, al haberse cumplido los 180 días de plazo límite para la calificación del sumario, sin que ella se hubiera producido. De este modo se concedió por segunda vez la libertad a Caicedo y a su secretaria de Hacienda, sin que el proceso haya a vanzado y sin que su situación jurídica haya sido resuelta.
La figura de los auxilios, que venía siendo empleada desde hace más de 20 años y había dado pie para usos indebidos de los recursos del Distrito, fue suspendida por la Constituyente en 1991 , en momentos en que la aprobación por el Concejo y la Alcaldía distrital del paquete de auxilios de ese año se encontraba a vanzada. Por aquellos días, el procurador Carlos Gustavo Arrieta envió una carta a Juan Martín y a los ediles, advirtiendo que la culminación de dicho proceso con el pago de los auxilios sería inconstitucional, no a la luz de la nueva Carta-que aún no había entrado en vigor- sino de la de 1886, pues dicha práctica no contaba con una ley preexistente que la autorizara a nivel distrital, como sí la había para los auxilios del orden nacional. De todos modos y en desarrollo de un nuevo acuerdo del Concejo (el número 13 del 91 ) que cambió de nombre a los auxilios y los condicionó al cumplimiento de una serie de requisitos, la alcaldía pagó más de 1.600 millones de pesos a las entidades beneficiarias recomendadas por los concejales y, con base en ello, Juan Martín, sus secretarios de Hacienda y los ediles fueron procesados penalmente en un caso que hizo famoso al juez 23 de Bogotá, César Tulio Lozano.
LOS BANDAZOS DE LA JUSTICIA
Lozano se mostró inflexible en su posición acerca de la ilegalidad del acuerdo 13, ordenó detener a Caicedo, a sus dos secretarios de Hacienda y a algunos concejales, y en declaraciones a los medios amenazó con poner tras las rejas a todos los implicados, pues aseguró repetidamente que había pruebas suficientes para demostrar no solo la ilegalidad de las decisiones del Concejo y del ex alcalde, sino todas las maniobras por medio de las cuales buena parte de los concejales se había apropiado indebidamente de los recursos.
La opinión pública permaneció a la espera de un carcelazo masivo para todos los concejales, que podía hacerse extensivo a otras ciudades del país donde se dieron las mismas prácticas. Sin embargo, en una sorpresiva decisión en junio del 92, el juez 23 sólo dictó auto de detención contra uno de los ediles, concedió beneficio de excarcelación para otros, cesó procedimiento contra varios más, y puso en libertad condicional a Juan Martín y a sus dos ex secretarios de Hacienda, Marcela Airó y Luis Ignacio Betancur. La decisión, basada más en el uso debido o indebido de los dineros o incluso en su devolución que en la ilegalidad del Acuerdo, dejó perplejos a quienes habían seguido el caso de cerca.
Seis meses después, en enero de 1993, la justicia cambió de parecer por segunda vez. En un espectacular operativo, las autoridades detuvieron a varios concejales. En los días que siguieron, Caicedo, Airó, Betancur y varios ediles más se pusieron a disposición de la justicia, que no sólo volvía sino que endurecía su posición inicial. La fiscal 248 Lilian Acosta ordenó la detención, sin beneficio de excarcelación, contra casi todos los implicados en el caso. Basada en la ilegalidad del Acuerdo, la funcionaria dio otra vuelta de tuerca al proceso que Lozano había dejado a mitad de camino, y articuló sus decisiones alrededor de una amplia y severa definición del peculado por apropiación según la cual, para que el delito se configurara no era necesario haber hecho uso indebido de los dineros, sino simplemente haber sacado los recursos de la órbita del Estado. Con ello, la Fiscalía colocó a todos los implicados en la misma canasta. Resultaban igualmente culpables el que votó el acuerdo 13, el que lo sancionó, el que lo aplicó y el que se embolsilló los dineros.
La excarcelación de Juan Martín la semana pasáda inclinó nuevamente el péndulo de la justicia hacia la segunda tesis del juez 23. A pesar de las declaraciones iniciales de la fiscal Acosta, muchos de los ediles restituyeron los dineros y recobraron su libertad. La Procuraduría, que en un principio había corroborado la ilegalidad del Acuerdo 13, se mostró hace un par de semanas por intermedio de su agente especial para el caso, partidaria de la presunción de legalidad del mismo arguyendo que, a pesar de haber sido demandado ante el Contencioso Administrativo, hasta el momento no había sido suspendido. Con ello se demostró que en esta entidad tampoco hay ahsoluta claridad sobre la correcta interpretación jurídica que se le puede dar al caso.
Y es que justamente eso es lo que ha habido a lo largo de estos dos años de discusiones sobre el caso: numerosas interpretaciones. Como le dijo hace algunos días a SEMANA el ex alcalde Caicedo desde su lugar de reclusión "el juez 23 hizo una interpretación, la fiscal otra, la Corte otra y otra el tribunal . Yo también hice una y por eso estoy en la cárcel ".
MAS ALLA DEL DEBATE
Independientemente del debate jurídico que ha surgido a raíz de los auxilios, la conclusión que parece saltar a la vista es que el gran error de las diferentes instancias judiciales que han tenido que ver con el caso puede haber sido el convertir éste que es un caso de interpretación jurídica y hasta de tránsito constitucional en la bandera de la lucha contra la corrupción.
Consecuencia del anterior error es que el segundo que cometió la Fiscalía, que fue el de no investigar el destino de los dineros a cambio de una tesis jurídica discutible: que sacar de la órbita del Estado unos recursos constituye peculado por apropiación, incluso si se hace en desarrollo de una norma vigente. Para medir los alcances de esa tesis, baste decir que con ella, el ejecutar una obra pública en virtud de una ley que la autorisa puede constituir un peculado si dicha ley es luego declarada inconstitucional.
Habiendo casos como el del Guavio, con sobrecostos 100 veces mayores al monto de los auxilios decretados por Caicedo y los concejales y que causó, por no haber entrado a tiempo, pérdidas que no se miden en pesos sino en puntos de crecimiento del PlB, lo triste que la primera gran batalla contra la corrupción haya terminado jugándose en un terreno pantanoso y de tantas interpretaciones y debates jurídicos como el de los auxilios distritales. Como bien lo había recomendado la Misión para la Moralización de la Administración pública contratada por el Gobierno de Virgilio Barco, la lucha Contra la corrupción, más que una indiscriminada cacería de brujas, debe estar orientada por un lado a eliminar la tramitología y agilizar el funcionamiento del Estado, y por el otro, a aplicar todo el peso de la justicia en casos tan ejemplarizantes como incontroversibles jurídicamente.
Este ha sido sin duda el gran lunar en la actividad-en general acertada- de la Fiscalía. Ello se debe no sólo a la controversia jurídica misma del caso, sino a la espectacularidad con que se ejecutaron las órdenes de captura enero pasado. Nadie olvida la rueda de prensa de la fiscal Lilian Acosta con el fiscal De Greiff a su lado, ni las declaraciones de la funcionaria que dio a los medios de comunicación días después, en el sentido de que todo el mundo en la calle la reconocía, se acercaba a felicitarla.
Y es que en esa declaración puede estar la clave del problema. Es posible que los bandazos que la justicia ha dado en el caso de los auxilios distritales tenga que ver no solo con debates jurídicos, sino con los diferntes climas de opinión que han rodeado el caso. Al principio, cuando el escándalo estalló en 1992, todo el mundo pedía el má severo de los castigos para el conjunto de los implicados. Luego, el hecho de que fueran a parar a la cárcel Juan Martín y sus dos ex secretarios, pero los concejales quedaran libres, indignó muchos e hizo que el ex alcalde pasara de victimario a víctima, y entonces vino la excarcelación para todos los implicados. En enero de este año, y ante la impresión de que de la severidad se había pasado a la total impunidad, volvió la mano dura y terminaron en la cárcel la mayoría de los implicados. Pero el hecho de que una vez más quedaran en la misma canasta los que malgastaron los dineros y los que cometieron un error de interpretación, debilitó la posición de la justicia, con lo cual vinieron nuevamente las excarcelaciones.
Y esa impresión cada vez más generalizada, de que de la justicia de los códigos se pueda estar pasando a la justicia de opinión, es la que más preocupa en el asunto de los auxilios. Y la misma que hace que Juan Martín Caicedo y los demás implicados se pregunten si ahora que la investigación quedó paralizada por varios meses y es posible que todo termine en un nuevo caso de impunidad, no soplarán otra vez en el futuro los vientos del carcelazo. Lo que cabe esperar es que si eso vuelve a suceder, al menos vayan a parar tras las rejas los indiscutibles culpables de este caso: aquellos que además de aprobar un acuerdo en el Concejo, hicieron que los dineros terminaran en sus propios bolsillos o en los de sus socios.