Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2015/12/26 22:00

Los otros 'sapos' que habrá que tragarse para alcanzar la paz

El modelo de justicia anunciado por el gobierno para los militares también tiene elementos de gran controversia. Pero sin ellos, la paz no sería posible.

Después de los anuncios de Santos y del ministro Villegas sobre justicia para las Fuerzas Armadas, José Miguel Vivanco afirmó que hay “un acuerdo de impunidad”. Foto: Carlos Julio Martínez

Una semana después del acuerdo alcanzado entre el gobierno y las Farc en el punto de víctimas, que incluye un sistema especial de justicia transicional, el presidente Juan Manuel Santos informó que también habrá un esquema para miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido delitos graves. Lo redactaron los ministros de Justicia, Yesid Reyes, y de Defensa, Luis Carlos Villegas. Forma parte del mismo aparato que juzgará a los miembros de las Farc, pero será “diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo” según el texto, que incluye diez puntos.

Las primeras reacciones de los militares han sido positivas. Las principales razones para esa satisfacción tienen que ver con el hecho de que no es exactamente el mismo procedimiento que se aplicará a la guerrilla, y en el caso de las Fuerzas Armadas se presumirá la legalidad de los actos. A quienes han hecho parte de la cúpula militar también les beneficia el hecho de que se rompe el principio según el cual los jefes tienen que responder por las conductas de sus subalternos. Las responsabilidades serán individuales. Los militares también han visto con buenos ojos que las decisiones del Tribunal para la Paz se convertirán en cosa juzgada y, en consecuencia, no se podrán modificar en el futuro de ninguna manera. Y que, quienes sean encontrados culpables y deban pagar una pena de privación de la libertad lo podrán hacer en instalaciones de las Fuerzas Armadas.

La idea de poner en marcha un sistema particular para los militares se había debatido desde hace tiempo. Del exitoso proceso de paz con el M-19 en los años noventa se ha criticado, no obstante, que hubo un desequilibrio cuando los miembros de la guerrilla resultaron indultados mientras algunos militares que participaron en el enfrentamiento fueron condenados y detenidos. Otras voces consideran que el proceso de paz con las Farc es un elemento, pero no el único, para terminar el largo conflicto y que, si en verdad se busca voltear para siempre esa página violenta, todos sus protagonistas deben tener acceso a algún sistema de justicia transicional para definir su situación.

También se han formulado críticas. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, considera que el sistema especial de justicia para las Farc es “un acuerdo para la impunidad” y cuestiona también el procedimiento anunciado para procesar a los militares. Según él, implica un retroceso y no cumple los parámetros del Tratado de Roma –que incluye la Corte Penal Internacional– y podría conducir a su intervención en el futuro.

Los interrogantes son varios, pero hay dos puntos principales. Uno es la inclusión de los falsos positivos como una de las conductas que pueden recibir tratamiento especial con penas inferiores a las que impone el código ordinario. En realidad, las explicaciones de los ministros tienen una dosis de ambigüedad. Dicen que se distinguirán cuáles falsos positivos fueron cometidos en cumplimiento del servicio y cuáles no, y que solo los primeros podrán ser asumidos por el Tribunal Especial. Y será este último el que determine si tiene o no competencia. En todo caso, la puerta quedó abierta, y la polémica no se superará fácilmente. El otro tema es el de haberles quitado responsabilidad a los comandantes sobre las conductas de sus subalternos. Vivanco y otros defensores de derechos humanos consideran que esa fórmula contradice preceptos reconocidos del derecho internacional. Lo menos que se puede decir es que son los dos ‘sapos’ más grandes que llegan por el lado de los militares.

El camino hacia adelante no es fácil. Por ahora hay un memorando firmado por dos ministros. Para convertirlo en ley, el gobierno debe propiciar nuevas normas o reformas constitucionales, y los debates serán arduos. Al mismo tiempo, si de lo que se trata es de actuar con pragmatismo para ponerle fin a 50 años de guerra, también es casi seguro que los diez puntos se convertirán en normas y que los militares contarán con su esquema de justicia. Sería el costo de contar con el apoyo, o la tolerancia, de los militares para el proceso de paz con las Farc.

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