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| 3/4/2014 12:00:00 AM

La ley de Justicia y Paz al banquillo

Pocas sentencias, parte de la verdad y muchas expectativas insatisfechas: el balance de la Ley 975 es agridulce.

A cinco meses de que se cumplan los primeros ocho años de la Ley de Justicia y Paz, y cuando 268 exparamilitares podrían quedar libres porque se les cumple la pena alternativa, SEMANA y la Fiscalía hicieron un foro de balance sobre qué se ha logrado y qué no, y qué se puede alcanzar, en materia de justicia y paz. 

La Ley 975 del 2005, o de Justicia y Paz, tiene críticos y defensores y fue la primera pieza de justicia transicional en Colombia, que despertó inmensas expectativas entre las víctimas y en el país en general. Introdujo por primera vez la posibilidad de penas de prisión alternativas a cambio de la colaboración de los perpetradores de los crímenes más graves del conflicto armado en materia de verdad y reparación a las víctimas.

El debate sobre el balance de la ley fue álgido y matizado. A estos ocho años de aplicación se les reconocen logros pero también se detectan fallas y problemas.

El vicefiscal Jorge Perdomo, quien instaló el evento, dijo que pese a dificultades, "el proceso de Justicia y Paz ha venido avanzando". 

Él y el nuevo jefe de la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía, Juan Pablo Hinestrosa (que lideraba hasta hace poco la Unidad de Justicia y Paz), insistieron en que la estrategia de dar prioridad a los crímenes más graves y los máximos perpetradores en 16 grandes procesos le sale al paso al "embudo" que ha llevado a que hoy haya menos de 20 sentencias y a la preocupante perspectiva de que el proceso judicial pudiera durar un siglo, al ritmo en que venía. 

Hinestrosa anunció que, además de ‘Don Mario’ y ‘Gordolindo’, quienes fueron exlcuidos del proceso, y de ‘Macaco’ y ‘Jorge 40’, a punto de serlo, está pendiente la exclusión de Justicia y Paz de otros 350 paramilitares, es decir, casi 10 % de los postulados. 

“El proceso de Justicia y Paz no es un proceso de paz y no fue diseñado como un proceso de justicia porque no se desmanteló la estructura paramilitar, sino una parte de ella”, aseguró Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas. 

Por su parte, Léster María González, presidente de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, califica la Ley 975 como un mecanismo de justicia transicional único en el mundo. 

González reivindicó el papel de los jueces, pese a la escasa cantidad de sentencias emitidas. "Teníamos que decirle al mundo cómo nacieron, se desarrollaron y consolidaron los paramilitares", dijo. 

En ello coincidió Andreas Forer, del proyecto 'Profis', quien llamó a reflexionar sobre lo que demanda producir una sentencia de 600 o 1.000 páginas en la que se explica el origen y la expansión de un bloque paramilitar. 

La magistrada González coincide con la Fiscalía en la necesidad de priorización de los máximos responsables, pero no está de acuerdo con que investigue sólo parte de los crímenes que se les imputan. “Honestamente no son macrosentencias, sino microsentencias. En el caso de Éver Veloza, la sentencia priorizada no abarca ni siquiera el 20 % por las conductas por las cuales debe responder”, arguyó.

Dentro de los puntos positivos, varios personajes apuntan a que la Ley de Justicia y Paz les permitió a las víctimas organizarse para pedir verdad, reparación y garantías de no repetición. 

“Ha sido una ayuda judicial para esclarecer, en buena medida, las ramificaciones del fenómeno paramilitares, recuperar más de 5.000 cadáveres, identificar restos y extraer información para nutrir los procesos de parapolítica”, dijo Juan Carlos Monge, representante adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 

Aunque ocho años después, menos de 20 de los más de 4.000 postulados a la Ley de Justicia y Paz han sido condenados, los paramilitares han confesado más de 40.000 crímenes que afectaron a 51.000 personas, entre ellos cerca de mil masacres, 25.000 asesinatos, más de 3.500 desapariciones forzosas que involucran, entre otros, a más de 1.400 agentes del Estado. 

Las víctimas piensan que aunque sí se han dicho verdades, no se ha contado toda la verdad. “Las confesiones se han concentrado más en decir dónde están las fosas y no en quiénes financiaban el paramilitarismo en Colombia”, opinó Mayerlis Angarita, líder de restitución de tierras en Montes de María y directora de la Red Para vivir. 

“Lo más importante es que se revele lo que no se ha revelado. Quiénes eran los miembros de las AUC y qué responsabilidad tuvo Álvaro Uribe Vélez en ello”, dijo Gallón, al explicar que la verdad es muy limitada y se frustró todavía más con la extraditación de jefes paramilitares a Estados Unidos. 

Gallón, uno de los críticos más enérgicos de la ley, la declaró “la más gigantesca operación de impunidad realizada en Colombia” porque pese a que le reconoce numerosos avances, no ha conducido al desmantelamiento completo de la estructura del paramilitarismo y permitió su desmovilización parcial. 

Fue gran objeto de debate en el foro la posible salida de varios centenares de paramilitares a partir de agosto próximo, cuando se empiezan a cumplir los ocho años de sus penas alternativas, incluso si no están condenados. 

Los participantes estuvieron de acuerdo en que se ha generado un “pánico infundado”, como señaló María Camila Moreno, del Centro Internacional de Justicia Transicional. Tanto la Fiscalía como los magistrados coincidieron en que no será una salida automática, pues cada uno tiene que haber cumplido los requisitos de contar la verdad y reparar a las víctimas. 

Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, dijo que se incumplieron promesas. “Las víctimas y el proceso de paz no aguantan promesas incumplidas. Hay ciertas promesas que fueron incumplidas, de las que ya aprendimos como Estado, y no podemos volver a fallarles”.

Uno de los grandes cambios que señaló es que "las víctimas tienen que ser el centro. Ese es el gran cambio de la ley de víctimas frente al proceso de justicia y paz".

Moreno criticó que la ley se hizo con la lógica de la justicia ordinaria, con la expectativa de investigar todos los crímenes y todos los responsables. "Esto generó frustraciones enormes para las víctimas, a las que se les vendió la idea de que sus hechos individuales iban a ser esclarecidos y que iban a ser reparadas". 

Monge sostuvo que es necesario que esta experiencia sirva para los mecanismos de justicia transicional que vengan para Colombia. “Que se tome en cuenta una etapa seria de planificación procurando la participación amplia de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Eso evitaría tener unas expectativas demasiado grandes”. 

En todo caso, como lo señaló Moreno,"este ha sido un grandísimo aprendizaje para el país". Un aprendizaje clave, por otra parte, frente a futuros procesos de paz, en particular, como lo señaló el vicefiscal Perdomo en el cierre del evento, frente a un acuerdo con las FARC. 

En eso coincidió Francisco Ricaurte, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien expresó que la “prueba de fuego” de justicia y paz llegará cuando empiecen a salir libres los primeros grandes perpetradores. 

“El Estado tendrá que cuidar muy bien a estas personas. Si llegan a ser asesinados, no sólo esto pondrá en tela de juicio este proceso de justicia y paz, sino que generará muchas dudas hacia el futuro frente a los acuerdos de La Habana”, señaló.
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