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| 5/22/2005 12:00:00 AM

Justicia con la resistencia

El gobierno no puede equivocarse con la captura de decenas de indígenas que han sido pioneros de la resistencia civil contra la guerrilla.

La resistencia civil de los indígenas es una de las experiencias que más orgullo han generado entre los colombianos en los últimos años. Cuando el 12 de noviembre de 2001 los indígenas de Caldono se volcaron a la plaza de este poblado en el norte del Cauca para espantar con canciones de Mercedes Sosa y José Luis Perales a los guerrilleros que atacaban la estación de Policía hubo euforia nacional: un pueblo había sido capaz de oponerse abiertamente a los fusiles de las Farc. Su coraje fue emulado en las siguientes semanas por los pueblos caucanos de Bolívar y Puracé. La resistencia civil desarmada entró en el imaginario colectivo.

Cuando en agosto del año pasado los guardias paeces penetraron las selvas del Caquetá, armados sólo con sus bastones de borlas de colores y rescataron sano y salvo a Arquímedes Vitonás, alcalde de Toribío, secuestrado por las Farc, los colombianos aplaudieron nuevamente tanta valentía.

Por eso cuando el 14 de abril la guerrilla arrasó con Toribío el ataque fue sentido en todo el país como una afrenta personal. El Ejército finalmente pudo controlar la situación, aunque según los indígenas, los ataques de las Farc continúan de manera intermitente.

Pero lo que ha sucedido después ha dado mucho de qué hablar. El gobierno, en cambio de diseñar una estrategia integral para proteger a la población, ha emprendido una serie de capturas que han ofendido profundamente a los indígenas.

Entre el 9 y el 10 de mayo el Ejército arrestó a 12 indígenas en Jambaló, municipio vecino de Toribío y cuna de la guardia indígena, y a otros cinco en Tacueyó, sindicados de colaborar con los frentes guerrilleros que habían realizado la toma de esa población. Y el 19 de mayo, miembros del DAS, la Fiscalía y la Policía allanaron varias viviendas de Caldono. En la casa del indígena José Vicente Otero Chate -según el DAS- encontraron una granada de mortero y un radio de comunicación de uso militar. Los indígenas, sin embargo, creen que se trató de un montaje con una motivación política ya que el próximo 22 de mayo se celebrarán elecciones en el municipio para elegir al sucesor de Otero, destituido por la Procuraduría recientemente. "Consideramos que es una persecución política, es un montaje político donde los contradictores están angustiados", dijo a SEMANA Gilberto Yahué, consejero de la Asociación de Cabildos de Caldono.

El director seccional del DAS en el Cauca, Hugo Daney Ortiz, explicó que el allanamiento obedeció a que el Ejército tenía información de que la guerrilla iba a hostigar al municipio antes de las elecciones. "Buscamos nuestras fuentes, nos dieron información de sitios donde podrían almacenar la munición y de colaboradores y procedimos a hacer los allanamientos", dijo Ortiz a SEMANA. Agregó que desde hace dos años su entidad viene judicializando a miembros de la guerrilla, incluidos los capturados en las últimas semanas. "Este trabajo ha arrojado como resultado que judicialicemos a 401 delincuentes de las Farc y el ELN en el Cauca". Aclaró que esas órdenes no eran contra los indígenas como lo había, según él, malinterpretado El Tiempo -que tituló en primera página el anuncio de órdenes de captura contra 200 paeces- sino contra los guerrilleros del Cauca. "La última orden de captura es del 5 de marzo, anterior a la toma de Toribío. Sólo las hacemos efectivas ahora porque ya el Ejército llegó a la región", dijo Ortiz.

Mal interpretado o no, el anuncio sobre cientos de nuevas capturas fue entendido por muchos como una retaliación directa del gobierno contra esta población indígena. Sobre todo después de que el ministro de Defensa. Jorge Alberto Uribe, afirmó que el ataque de Toribío había contado con la participación de indígenas dentro de la población y de que el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, cuestionó públicamente la neutralidad de las comunidades de San José de Apartadó y de los indígenas de Toribío.

Así como los paeces se han opuesto con vehemencia contra la guerrilla lo ha hecho también contra varias políticas del presidente Álvaro Uribe. Se negaron a vincularse como soldados campesinos; luego, en septiembre de 2004, promovieron una multitudinaria marcha desde el norte del Cauca hasta Cali en rechazo a las políticas de seguridad democrática; el 6 de marzo votaron masivamente una consulta popular contra la firma del Tratado de Libre Comercio, y por último, le pidieron al presidente Uribe retirar a la Policía y al Ejército de los cascos urbanos de sus municipios alegando un principio de autonomía territorial.



La resistencia

"Quien domine el macizo colombiano determina el curso de la guerra. Es la bisagra entre la región sur y suroriental, donde las Farc tienen su más fuerte presencia, y el resto del país", dice el boletín del 22 de abril de la Fundación Ideas para la Paz, que analizó el ataque a Toribío. Este departamento, de grandes montañas, es ideal para una guerra de guerrillas pues facilita las emboscadas y es muy difícil para los aviones del Ejército apoyar a las tropas en tierra. Las Farc han estado allí desde que nacieron en los años 60 y lo han utilizado como centro de producción de coca y amapola y como corredor hacia el océano Pacífico. El gobierno calcula que en el 63 por ciento de los municipios caucanos hay coca y amapola.

Por su importancia estratégica, desde 2001 la guerrilla ha venido atacando todos los pueblos desde el norte hasta la bota caucana consiguiendo la salida de la Policía. Sólo desde que Uribe asumió el poder en 2002 la Policía ha vuelto a estos municipios. No obstante, su relación con la población indígena es distante y como lo demostró el ataque a Toribío, su capacidad de defender al pueblo, limitada.

El único verdadero obstáculo que ha encontrado la guerrilla para lograr el control total del territorio es la organización indígena. El pueblo nasa -su nombre en paez- decidió desde 1999 defender la soberanía de sus territorios frente a todos los grupos armados y lo ha hecho con relativa efectividad. Con la guardia indígena ha promovido la búsqueda de secuestrados y la defensa de los pueblos frente a cualquier ataque.

Por eso y por la gran visibilidad internacional que tienen estos pueblos, en este caso el gobierno de Uribe no se puede equivocar. Los municipios paeces no son iguales a Saravena, en Arauca, o a Cartagena del Chairá, en el Caquetá, donde la guerrilla ha estado íntimamente relacionada con la población. Es obvio -los indígenas lo reconocen- que tras hacer presencia durante tres décadas en el Cauca, las Farc han reclutado a muchos indígenas y se han relacionado con ellos. Posiblemente el viceministro de Defensa Andrés Peñate tenga razón cuando dice: "Tenemos información sobre contactos entre miembros de la comunidad y el frente terrorista de las Farc en la zona. Desde que se hicieron esas capturas en Jambaló se acabaron los problemas". Eso lo decidirá la justicia. Pero si algo queda claro después de la heroica resistencia de estos pueblos durante los últimos años es que ellos más que aliados de la guerrilla son su piedra en el zapato. Los indígenas se han tomado en serio el derecho a la autonomía territorial protegido por la Constitución de 1991. El gobierno sería muy torpe en no comprender su idea de soberanía. La neutralidad de los indígenas le conviene al gobierno, no es una amenaza.

Siguiendo con la idea de que no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista a una democracia, el gobierno de Uribe rechaza que el Ejército sea tratado como un 'actor armado' del conflicto y exige el apoyo irrestricto de los ciudadanos a las instituciones. En teoría tiene razón. Pero para eso se requiere que el Estado sea realmente legítimo y los trate diferente a como los trata la guerrilla. Pero si el Estado busca su apoyo por la fuerza, hostigándolos con capturas masivas (muchas veces con decenas de inocentes) o con amenazas de capturas injustificadas, estigmatizándolos, no puede esperar un trato amigable de parte de la población. La legitimidad del Estado en estas zonas -donde hacía 18 años la Policía no estaba en Jambaló y donde aún no llega la inversión social anunciada después de la resistencia de 2001- no se gana en el discurso. Se gana en el terreno. Las capturas que no sean justificadas y los tanques Cascabel al lado de las viviendas no son un buen comienzo.
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