Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 11/26/2011 12:00:00 AM

Justicia en ruinas

Mientras la reforma a la justicia se enreda en el Congreso, los juzgados siguen atiborrados. SEMANA visitó algunos, que apenas son una muestra de una catástrofe no resuelta.

No se sabe a ciencia cierta cuántos folios hay. Un expediente puede llegar a tener 17.000: cuatro torres de papeles empolvados que llegan hasta el techo. "Uno cómo se atreve a leer algo así, cuando en un día pueden llegar hasta 12 tutelas", dice Ángelo Torres, el secretario. Es el despacho del juez 21 penal de Bogotá, Óscar Germán Herrera, uno de los seis jueces encargados de resolver los casos anteriores a 2005, cuando entró en funcionamiento el Sistema Penal Acusatorio. Este magistrado es responsable de evacuar más de 2.500 casos, muchos de ellos trancados por causa de las artimañas de abogados interesados en dilatar los plazos. Pero el tiempo escasamente le da para atender las tutelas (para lo cual hay diez días de plazo) y para fallar en otros procesos.

Sobre el escritorio titila la pantalla de un computador de color crema curtido con sistema operativo Windows 95. En ese aparato se redactan cartas y documentos para las diligencias. Y a pesar de que hay internet, todavía se utilizan disquetes para trasladar los archivos de un lado a otro. "Es un simulacro de justicia", dice Herrera, quien lleva 22 años en la rama judicial, refiriéndose a la calidad del sistema.

Entra un abogado joven con cara de universitario preguntando por un caso que fue trasladado desde los juzgados de Paloquemao. Torres le indica que no está en ese despacho, que averigüe en otros. El caos no tiene comparación. Los procesos anteriores a la entrada en vigencia del nuevo Sistema Penal fueron repartidos y no se sabe con certeza a qué juzgado fueron a parar, lo que obliga a los litigantes a ir de un lado a otro. Herrera reconoce: "La justicia se volvió rogada", mientras se retira de la cara un tapabocas ennegrecido por la polución.

En las noches, el juez debe leer expedientes, copiar y pegar en un archivo fragmentos de otras sentencias para tratar de agilizar lo que más pueda, y firmar. En el día celebra audiencias en medio del caos de papeles. Los folios apilados sirven para que las partes se sienten, pues la única silla de oficina, la del juez, no tiene una de las ruedas. La sala, divida por estantes atiborrados de procesos, parece una bodega, no un tribunal majestuoso de los que salen en las películas.

Pero la situación de este juzgado no es la excepción. El juez 33 civil del circuito, Alfredo Martínez, comparte una oficina de 25 metros cuadrados con otro juez. Allí cada uno está acompañado de secretario y escribiente. Es decir, seis personas comparten el amago de oficina sentadas en escritorios con pintura deslucida. Dos jueces adjuntos que fueron asignados por tres meses a su despacho para ayudar a la descongestión no encontraron ni equipos ni lugar para trabajar. Y como si se tratara de una broma de la arquitectura, en la mitad de la sala reposa el servidor de internet del edificio: una caja llena de cables, que en criterio de los ingenieros debe estar oculta de las personas por razones de seguridad y de salud. A Martínez, su EPS le diagnosticó estrés laboral.

Las oficinas están en el tercer piso del edificio Hernando Morales Molina, en el centro de Bogotá. Ahí están los despachos de más de 120 jueces (en el país hay 4.561 jueces y magistrados). Por sus corredores de edificio viejo, diariamente acuden entre 7.000 y 7.500 personas en busca de que les administren justicia. Es el mismo inmueble en el que en agosto de 2010 se incendiaron varios expedientes de los pisos 21 y 22, hecho que derivó en la orden, vía tutela, del traslado de los jueces. Pese a que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura consideró necesaria la mudanza, esta no se ha dado. Los funcionarios temen que ante un terremoto las salidas de emergencia colapsen pues el edificio no cuenta con las condiciones técnicas necesarias de una estructura de esa dimensión.

Aunque parezca paradójico, para los jueces de más trayectoria, como Herrera y Martínez, las condiciones laborales son mejores que las que había antes de que la rama judicial tuviera autonomía presupuestal. Recuerdan, por ejemplo, que los juzgados estaban en medio de burdeles y que los pagos de sus salarios eran demorados. Al respecto de la congestión judicial, son conscientes de que la hay y se quejan de la carga laboral, pero consideran que la solución no está en las respuestas reformistas del gobierno.

Para la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, la tarea de descongestionar los casos civiles, donde está la mitad de los procesos, es simple: se aplica la figura del desestimiento tácito (después de seis meses se da por terminado el proceso), se hace un inventario juicioso y se evacúan primero los procesos viejos. "No hay necesidad de más jueces, sino de una estrategia", dice.

En el Congreso se tramita un proyecto que contempla un billón de pesos para la descongestión judicial durante cinco años y un aumento porcentual de 2 puntos de la inflación proyectada como presupuesto para la rama judicial. Esa plata es menos de la que ya ha presupuestado la Sala Administrativa, que para 2012 será de 500.000 millones de pesos, por lo que en criterio de los expertos no es un avance, sino un retroceso. Y aunque en el Hernando Morales Molina está la muestra de que la rama judicial necesita más dinero y mejor administración, la fijación constitucional de un presupuesto no garantiza una mayor eficacia de la justicia, porque no es producto de un análisis serio de los problemas inmediatos del sistema. Es tan así que nadie se explica de dónde salió la cifra de aumento del presupuesto de la rama.

Las malas condiciones de infraestructura, la falta de equipos tecnológicos (el juez 33 civil municipal, Germán Grisales, tuvo que comprar dos computadores y una impresora de su propio bolsillo para hacer su trabajo), la escasa preparación de los funcionarios, los salarios (Colombia es el país de la región con más desigualdad salarial entre magistrados de altos tribunales y jueces), son problemas que saltan a la vista cuando se recorre ese edificio. Pero estos no están incluidos en la propuesta de reforma a la justicia.

El gobierno ha mencionado la existencia de más de tres millones de procesos represados. SEMANA conoció un documento de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que revela que el total de procesos de la justicia, al 30 de septiembre, era de 2.341.000, de los cuales 1.189.000 son procesos ordinarios que tienen menos de nueve meses en los despachos. Es decir, solo la mitad de los procesos tienen más de un año. Entre estos, 863.000 del área civil no se han tramitado, no porque los jueces no cumplan su tarea, sino porque las partes son las que están en la obligación de moverlos pero dejan que los procesos se queden engordando para sacarles más provecho. Y la sexta parte del total de procesos son acciones de tutela y hábeas corpus, que se deben al incumplimiento de alguna instancia del deber de proteger los derechos fundamentales. Aun así, la Sala Administrativa aduce que, en 2011, la desacumulación ha alcanzado un récord histórico del 118 por ciento y hace un recuento de las instalaciones para la justicia que se han reformado y modernizado en los últimos meses, como las de Tunja, que están listas, y las de Cali y Manizales, que están por entregarse. "Falta, pero la dimensión del problema no es como la venden", dice el magistrado Ricardo Monroy Church, de la Sala Administrativa.

Los jueces consideran que el problema es la carga laboral; la Sala Administrativa cree que es la falta de autonomía y sostenibilidad financiera y hay quienes piensan que el problema es cultural porque en Colombia hizo carrera la idea de llevar los conflictos más inocuos a los estrados judiciales. Lo cierto es que los problemas de la rama judicial ameritan una mirada a sus raíces, no la simple discusión de cuántos años más debe trabajar un magistrado, por qué los congresistas deben tener la doble instancia o quién debe elegir al fiscal, sino cómo hacer que la justicia sea pronta y eficaz.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.