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| 9/26/2015 10:00:00 PM

Los puntos claves que se pactaron en el acuerdo

El acuerdo presentado en La Habana es muy novedoso y no deja de suscitar controversia. El reto ahora es llevarlo a la práctica.

Hasta hace poco parecía muy difícil que gobierno y guerrilla pudieran encontrar una fórmula de justicia que sacara del estancamiento al proceso de paz. En julio, el presidente había dado plazo hasta noviembre para llegar a un acuerdo en esta materia o para definitivamente dar por terminados los diálogos. Pero la fórmula cuajó antes de lo esperado y el pasado miércoles 23 de septiembre se firmó el acuerdo sobre justicia. Además, se acordó que a más tardar en seis meses se firmará el fin del conflicto y 60 días después de firmado, las Farc comienzan su dejación de armas. Al país le tomará tiempo asimilar este acuerdo, cuyo texto completo no se conoce aún. Sin embargo, ya levanta controversia. Estos son los aspectos más importantes del mismo.

No habrá impunidad

El acuerdo crea una jurisdicción especial para la paz. Este es apenas uno de los cuatro componentes de un sistema integral de justicia que se ha discutido durante cuatro meses y del que también hace parte una comisión de la verdad (ya acordada), un sistema de reparación a las víctimas que está en proceso de concertación, y las garantías de no repetición sobre las que está trabajando una subcomisión especial. El eje de todo el sistema de justicia, así como de esta jurisdicción es la verdad.

El reto: poner en marcha todo el sistema de manera simultánea una vez firmados los acuerdos.

Sí habrá amnistía


Tal como lo contempla la Constitución habrá amnistía para los delitos políticos y conexos, a través de una ley que se presentará al Congreso. El acuerdo habla de que esta deberá ser lo más amplia posible y allí entra la discusión sobre qué tanto se puede estirar el delito político. Actualmente solo puede aplicarse para los delitos de rebelión, sedición y asonada, pero no, por ejemplo, para homicidios en combate o porte de armas. Lo que está claro es que ningún delito de lesa humanidad ni de guerra podrá ser amnistiado. La discusión central, por tanto, será sobre la eventual conexidad que tendrá el narcotráfico. El debate ya está encendido dado que tanto la Corte Suprema de Justicia como el fiscal han dicho que este sí puede serlo. Sin embargo, esa será una decisión del Legislativo.

Otra consecuencia lógica de una ley de amnistía es que muchos guerrilleros que están presos por delitos políticos o conexos saldrán de la cárcel.

El reto: incluir delitos como la extorsión o el narcotráfico en una amnistía son un mensaje difícil de vender en una sociedad azotada por estos dos males.

No es justicia solo para las Farc

Este fue el aspecto que más destacó el jefe de la guerrilla Timoleón Jiménez en su intervención en La Habana. Esta jurisdicción está hecha para quienes han cometido delitos graves relacionados con el conflicto armado. Esto quiere decir, guerrilleros que hagan parte de un acuerdo de paz; militares o agentes del Estado. Esto es importante porque el acuerdo habla de que la justicia para los militares será equilibrada y simétrica, pero también diferenciada.

Finalmente, esta jurisdicción también se le puede aplicar a civiles. Tal como lo han explicado los abogados, nadie tiene fuero frente a este tipo de crímenes.

Tampoco es para todo tipo de crímenes, sino para los considerados más graves como desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento, violencia sexual, toma de rehenes, tortura o ejecuciones extrajudiciales. Por eso, no es cierto lo que han dicho algunos críticos del acuerdo, que la sociedad civil será enjuiciada en este sistema, pues los civiles solo lo serían si han cometido estos hechos.

El reto: la nueva jurisdicción no parte del principio de selectividad de máximos responsables como si lo hacía el Marco Jurídico para la Paz. El riesgo es que haya una congestión y se repita la historia de Justicia y Paz donde las decisiones han sido demasiado escasas y lentas.

A más verdad, menos sanción

El principio básico de esta jurisdicción especial de paz es que a más verdad menos sanción y viceversa. Es decir, que habrá dos carriles. Quienes aporten verdad exhaustiva y detallada podrán recibir sanciones restaurativas y una restricción efectiva de su libertad de residencia y movilidad, de entre cinco y ocho años. Quienes entreguen esa verdad de manera tardía o parcial serán investigados, y si resultan culpables recibirán una pena entonces sí de prisión ordinaria de entre cinco y ocho años. Quien no cuente ninguna verdad podrá recibir penas de prisión de 20 años. Esto significa que en esta nueva justicia sí hay cárcel, pero para quienes no aporten suficiente verdad.

El reto:
tal como lo ha demostrado el proceso con los paramilitares, la verdad exhaustiva puede tomar años, ya que muchos de los guerrilleros llevan dos o tres décadas en armas y tendrán que hablar de muchos hechos. Seguramente se tendrá que acudir a la selección por macroprocesos o tomar los casos más representativos.

Qué tan blanda es la justicia

Dado que para quienes digan toda la verdad no está contemplada la cárcel, muchos críticos han dicho que este es un modelo blando. Pero esto no es necesariamente cierto. Tanto las sanciones restaurativas como la restricción de libertad serán, según el comunicado, efectivas y tendrán vigilancia. El acuerdo contempla que haya un régimen para hacer cumplir estas dos condiciones.

El reto: hasta ahora ni gobierno ni guerrilla han logrado darle al país un ejemplo claro de qué sería una sanción restaurativa, ni cómo funcionaría la restricción de la libertad. En medio de esa vaguedad, se han hecho todo tipo de especulaciones. Se necesita una pronta pedagogía y concreción de los ejemplos.

Solo es para el conflicto armado

La pregunta de hierro para muchos es si delitos como los falsos positivos irán a esta jurisdicción. Dará la respuesta una de las salas creadas por la jurisdicción, encargada de calificar si los procesos son o no parte del conflicto. Si lo son, le dan trámite, de lo contrario se quedan en la justicia ordinaria. Lo mismo puede ocurrir con otros delitos cometidos por civiles o guerrilleros. Por ejemplo, la violencia sexual, pues no todos los casos que lleguen tendrán que ver con el conflicto.

El reto:
entender que no todos los falsos positivos se cometieron de la misma manera y que en ese término se han mezclado tipos de delitos diferentes y de gravedad diferenciada.

Un tribunal y varias salas


La jurisdicción cuenta con varias salas y un tribunal de cierre. La puerta de entrada es una sala de conocimiento a la que llegarán las investigaciones que tienen la Fiscalía, la Procuraduría, la Comisión de Acusaciones, la justicia penal militar. Toda entidad de investigación que tenga casos de graves violaciones a los derechos humanos deberá aportarlos. Pero, además, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos también podrán aportar investigaciones y presentar denuncias. En ese sentido, este es un sistema que reconoce lo que la justicia ordinaria ha hecho hasta ahora.

También habrá salas para resolver contradicciones, de apelación, de revisión, entre otras. El tribunal funciona como instancia de cierre jurídico.

El reto:
aprender de la experiencia que ha dejado justicia y paz en el sentido de que la investigación y la imputación en el conflicto armado es más eficiente si se hace por estructuras y leyendo los contextos. La Comisión de la Verdad aportará sin duda muchos de estos contextos.

Magistrados intachables


Los magistrados de este sistema serán colombianos en su mayoría y habrá algunos internacionales. Se elegirán con los criterios con que se eligen los miembros de las altas cortes en Colombia, pero aún no está totalmente claro quien los elegirá. Posiblemente se opte por un sistema similar al que quedó pactado en la Comisión de la Verdad, por el que haga la escogencia una comisión independiente de alta credibilidad, constituida por consenso entre gobierno y guerrilla.

El reto: en los últimos años muchos magistrados de las altas cortes colombianas se han visto envueltos en escándalos de corrupción vergonzosos. Para este tema tan delicado se debería elevar aún más el estándar profesional y moral de los magistrados.

No habrá extradición

Aunque el comunicado difundido el miércoles no habla de la extradición, todas las entrevistas concedidas por el gobierno y los abogados han dicho que nadie firma un acuerdo de paz para ser extraditado luego. El acuerdo prohíbe que se extradite a quien entre a esta jurisdicción y cumpla con los requisitos y sanciones que ella le impone.

El reto:
que esta decisión quede blindada para que no dependa de la voluntad política de los presidentes de turno.

Participación en política

El objetivo de todo el proceso de paz es que las Farc pasen de organización armada a partido político, y así lo expresaron tanto Santos como Timochenko el miércoles. Es claro que hay interés en que los exguerrilleros participen en política. La pregunta es si mientras se ejecutan las sanciones restaurativas y la restricción de la libertad se pueda simultáneamente participar en política, en especial en elecciones o cargos públicos. Al respecto, las partes dan versiones diferentes y, al parecer, no se ha precisado este tema.

El reto:
este tema se relaciona profundamente con otros puntos del acuerdo como el dos, que busca una apertura democrática. Habrá que encontrar un punto de equilibrio para cumplir con este propósito y a la vez con el de justicia.

Un acuerdo en desarrollo

El documento con las bases del acuerdo no se conoce aún y el gobierno ha sido muy enfático en decir que hay que desarrollarlo a fondo, y en eso todavía hay un camino grande por recorrer. Es decir, muchas preguntas aún no tienen respuesta.

El reto: como el diablo está en los detalles, es importante que estos no terminen enredando el calendario trazado para que el conflicto finalice antes de marzo. La propia jurisdicción, cuando sea creada, tendrá que abordar muchos de estos detalles.
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