Viernes, 24 de octubre de 2014

| 2013/09/20 00:00

“Se puede pensar otro castigo distinto a la cárcel”

Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, dice que a los colombianos les corresponde decidir las penas para los desmovilizados.

Paul Seils es el vicepresidente del Programa del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Foto: Camilo Aldana / Archivo SEMANA

La experiencia principal de Paul Seils proviene de su trabajo en Guatemala, donde investigó las masacres cometidas en la guerra civil. Además, ha trabajado en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional y en la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Desde el 2010, está en el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por su sigla en inglés). 

En entrevista con Semana.com, dio su punto de vista sobre cómo enfrentar los crímenes que se han cometido en Colombia durante los últimos 50 años.

SEMANA: ¿Qué es para usted la justicia transicional?


Paul Seils: Este mecanismo se utiliza donde se están superando los conflictos para enfrentar, de otra manera, el legado de violaciones masivas a los derechos humanos. Es cuando hay tantos crímenes, que no se pueden enfrentar por las formas normales del sistema de justicia, debido a la falta de recursos y, a veces, por la fragilidad del Estado. 

SEMANA: ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre no juzgar una por una a todas las personas que han cometido crímenes sin caer en la impunidad?


P. S.: La búsqueda de justicia en este contexto no se limita simplemente a lo cuantitativo de cuántos son castigados. Si tomamos en serio la cantidad de crímenes que se han cometido en Colombia durante al menos los últimos 20 años, estaríamos hablando de miles de personas involucradas. Es impensable llegar a todos. Se trata de qué podemos hacer en este contexto extraordinario de la búsqueda de paz para lograr que la sociedad tome en serio los derechos de las víctimas y para prevenir la repetición de los hechos.

SEMANA: ¿Qué decirles a quienes creen que habrá impunidad?


P. S.: Hace 30 años, era normal que el Estado otorgara amnistías, sobre todo a ellos mismos, por los hechos que cometieron contra civiles, como son los casos de Guatemala, Chile, Argentina, etc. Esto ha cambiado. Ahora se piensa en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, en la creación de comisiones de verdad porque ya se entiende que la impunidad es inaceptable. Tiene que haber una forma de justicia por lo que ha ocurrido, incluida la justicia penal. Lo que todavía no se resuelve nacional e internacionalmente son las reglas de quiénes deben ser investigados y cómo deben ser castigados.

SEMANA: ¿Qué pasa con quienes quieren participar en política?


P. S.: Ese es el tema más complicado. Colombia tiene el deber y el derecho de considerar cuáles son las necesidades y las normas sociales a proteger. Sin embargo, mi opinión es que un Estado democrático debe enviar un mensaje sobre que no es posible cometer crímenes graves y esperar que por medio de ellos se gane una curul en el Congreso. No digo con ello que se impida la participación política a miembros de las FARC, pero se podría pensar, por ejemplo, en límites.

SEMANA: ¿Como cuáles?


P. S.: Como quiénes sí se pueden postular y quiénes no, o en prohibir la participación en política por una o dos elecciones para ciertas personas, para los máximos responsables. 

SEMANA: ¿Quién decidiría esto?


P. S.: Es importante que la sociedad colombiana en su totalidad participe en el debate y discuta cuáles son las implicaciones para la salud de la democracia. Se debe pensar en qué clase de mensaje se emite sobre el proceso de paz y la participación en política. 

SEMANA: ¿Qué otras penalizaciones se podrían pensar?


P. S.: Yo creo que para el caso de la guerrilla se podría plantear una compensación monetaria. Si tienen dinero, que lo obtuvieron ilegalmente por el narcotráfico, por ejemplo, se puede pensar en un fondo de reparaciones. Que sea una contribución seria. Pero no estoy sugiriendo quitar todas las finanzas de las FARC porque es necesario que tengan los recursos para poder participar en política. 

También habrá que preguntarse si tiene sentido que miembros de las FARC hagan trabajo comunitario, como en la reconstrucción de vías, de escuelas, de centros de salud, etc. Alguna forma para que ayuden a reparar las vidas afectadas por el conflicto, para que demuestren que ha habido un cambio real. De paso, cuando los generadores del conflicto estén aportando a la paz, se regenerará la confianza poco a poco. Eso es más importante que la cárcel y, quizás, más barato. 

SEMANA: ¿Y en qué casos se podría pensar en cárcel?


P. S.: Cuando han cometido crímenes de lesa humanidad, no crímenes que normalmente tienen amnistía, como la rebelión. La carta de la fiscal de la CPI dice que en el caso colombiano se deben poner penas que prevengan la impunidad, pero ello no implica necesariamente la cárcel. No es claro que la cárcel sea necesaria. No hay reglas claras sobre el tema. Lo que hay que decir es que el Estado de Colombia tiene el derecho de amnistiar algunas formas de crímenes según el derecho internacional, por ejemplo, crímenes de rebelión y crímenes políticos conexos.

Es claro también que la pena tiene que cumplir algunos objetivos, ponerle fin a la impunidad sobre todo. Pero eso no implica necesariamente la cárcel. Es un error pensar que la impunidad sólo termina con la cárcel. En tiempos normales es obvio que la cárcel sería lo que todo el mundo esperaría como pena por crímenes de lesa humanidad, pero estos no son circunstancias ordinarias. El tema para Colombia es pensar en cuales son los bienes sociales en el contexto actual para protegerse, como adecuar una pena al contexto de estas necesidades.


SEMANA: ¿Qué quiere decir con esto?


P. S.: No hay reglas muy claras sobre cuánto es el mínimo de prisión, o que la cárcel sea imprescindible. Eso es decisión de cada país, de cada sociedad. En la Ley de Justicia y Paz de Colombia, la pena punitiva es entre cinco y ocho años de cárcel. En Irlanda del Norte, que pasó por un proceso de paz, se habla de la ‘salida temprana’, que quiere decir que con pasar dos años en prisión es suficiente. No es claro tampoco en qué tipo de cárcel haya que cumplir la condena. El verdadero desafío es cómo hacer para que se restituyan los derechos de las víctimas, se fortalezca la sociedad y el proceso no se convierta en una burla. Es posible que la sociedad colombiana concluirá que esto necesite cárcel, pero no hay ninguna regla que lo requiera y, tal vez, en las circunstancias reales que vive el país, hay razones buenas para considerar otras formas de castigo. 

SEMANA: Entonces, ¿cuál es el papel de la justicia internacional?


P. S.: En la justicia internacional se ha avanzado mucho para terminar la impunidad que se generaba con las amnistías totales. De allí partieron los cuatro derechos básicos: justicia, verdad, reparación y reformas institucionales que eviten la repetición de los hechos. 

Pero todavía no se ha definido con claridad hasta dónde es la intervención en cuanto a las penas que pongan en las naciones. Los organismos internacionales vigilan que la pena no sea groseramente inadecuada, pero la cuestión de lo que es adecuado o no depende de la comunidad nacional, de esa sociedad, según el contexto. Como se dice en el artículo 1712 del Estatuto de Roma, se trata de tener en cuenta las circunstancias. 

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