“Se puede pensar otro castigo distinto a la cárcel”

Hace unos días Jeffrey Sachs publicó algunas reflexiones acerca del uso del carbón y la sostenibilidad, en las que indicaba que su papel en la economía global había llegado a su fin debido a sus efectos en el cambio climático. El Acuerdo de París corrobora esa perspectiva y compromete a los países a acabar con el uso del mineral en la generación de energía térmica o en otros procesos industriales, aunque es poco probable que el mundo sacrifique la producción de acero, por ejemplo.

En Colombia la discusión se centra en los efectos de la actividad minera, no en los del uso del carbón (que es muy bajo), y en las empresas que la desarrollan en La Guajira, el Cesar, Boyacá, Santander y otros departamentos, que han estado en el ojo del huracán desde hace algunos años dado el impacto ambiental (social y ecológico) derivado de la explotación de los yacimientos grandes o pequeños con que cuenta el país.

Los páramos, por ejemplo, ya no permiten estas actividades, pero hay innumerables empresas familiares que dependen de la extracción en pequeña escala en zonas limítrofes y activan o desactivan el negocio según el vaivén de los precios internacionales y su capacidad de amortiguarlos, a veces a costa del sacrificio de la seguridad de sus trabajadores o el incumplimiento de la normatividad minera o ambiental.

El reconocimiento de un sector de la economía directamente asociado con la explotación de carbón, esté bien, regular o mal hecha, es el paso fundamental para definir la estrategia de transición hacia un futuro descarbonizado, pues no es poco lo que implica la ratificación de estas decisiones de política global en el futuro de ninguna nación.

Es imposible “cerrar el grifo” de la noche a la mañana, no es conveniente hacerlo “por decreto” y no es recomendable imponerlo sin considerar el manejo de los pasivos ambientales y sociales que resultarían de una medida apresurada. Por eso, aparte del deber de cumplir e incluso exceder la ejecución de la ley actual, el país carbonero, articulado con el resto de naciones con las que interactúa, debe construir la mejor ruta para llegar a un territorio “libre de carbón”, tal vez en 2050, si no antes.

Siguiendo las huellas

Una pregunta inicial para construir estos escenarios es si la decisión de descarbonizar cubre todos los usos del mineral o solo aquellos que por sus modalidades mineras o huella climática no serán aceptables. La innovación tecnológica puede cambiar una parte de estas perspectivas (se habla de “carbón limpio”), ya que el mineral sigue siendo un elemento fundamental de muchos procesos productivos del planeta, no necesariamente térmicos.

A partir de ello, hay que definir, para cada modalidad de explotación y uso, cuál es el tránsito hacia un modelo sustitutivo que considere, en su proceso, subsanar algunas de las deficiencias estructurales que generó la actividad históricamente. La perdurabilidad que implicó la decisión carbonera, por ser una actividad de largo plazo, debe constituirse en aliada de la transición, pues está más ajustada a los ritmos de cambio de los sistemas sociales y ecológicos interdependientes.

La huella ecológica de la minería de carbón, por ejemplo, persistirá por generaciones, y en algunos casos las inevitables modificaciones del paisaje que causó se deben convertir en materia de gestión, no de abandono. El cierre minero tiene que ser un proceso restaurativo y de creciente articulación con la gestión territorial tanto a escala local como regional.

La programación de estos cierres representa un reto a la innovación y la institucionalidad, ya que la actividad minera en sí ha generado aprendizajes muy importantes que deben ser incorporados en el proceso y que a veces no lo logran porque las normas con las que se expidieron las licencias o se planificaron los procesos no son suficientemente adaptativas. No podemos regular el proceso de descarbonizar con los mismos instrumentos con los que construimos la economía del carbón.

Desde el punto de vista de la gestión de los ecosistemas afectados o transformados por las actividades de extracción, almacenamiento o transporte de carbón, es necesario sintetizar la historia y evolución de cada caso, evaluando las trayectorias de cambio, sus responsables y el potencial de los procesos de restauración de la biodiversidad. Pero sin perspectivas naturalistas ingenuas: en muchos casos hay cambios irreversibles y estamos enfrentados al diseño de los ecosistemas poscarbónicos, si se pueden llamar así, con inversiones adecuadas de las regalías y compensaciones previstas por la norma o con recursos adicionales. La comunidad científica tiene retos importantes en este proceso de ingeniería de la sostenibilidad territorial, y los investigadores y expertos el deber de crear narrativas propositivas y serenas del cambio ambiental: no es posible volver al pasado preminero (muchas veces inventado), pero sí construir nuevos paisajes funcionales y muy interesantes, con justicia social y nuevos roles para las comunidades locales que recibirán el legado.

Sabemos que las transformaciones ecológicas a escala del paisaje traen cambios importantes en la mentalidad y perspectivas de las personas, algunas veces positivos, y a menudo negativos, como en el caso de la solastalgia que el profesor Albrecht reseñaba en sus trabajos acerca de la historia del territorio en el occidente de Australia: la noción de arrepentimiento generacional o nostalgia por el lugar, el solaz, pese a los beneficios materiales que se derivaron de la decisión de explotar. Lo cierto es que en Colombia debemos pensar en ese futuro posminero desde la misma minería, para explorar y experimentar de manera más directa los contextos ambientales en que deberán vivir nuestros hijos y nietos. Gobernar esta transición será el reto de las próximas administraciones.