Domingo, 25 de septiembre de 2016

| 2016/09/21 15:46

Solicitan a la Fiscalía investigar a exdirectivos de la multinacional Dole

El Tribunal de Justicia y Paz compulsó copias con el fin de determinar si es verdad que la compañía sería responsable del desplazamiento de unos campesinos en el Magdalena.

Solicitan a la Fiscalía investigar a exdirectivos de la multinacional Dole Foto: Imagen tomada de wikiwand.com

Los nombres de diferentes empresas continúan figurando en las sentencias de los tribunales de Justicia y Paz. Esta vez, en un fallo emitido el 11 de julio del 2016 contra el ex paramilitar Rolando René Garavito, perteneciente al Frente William Rivas de las AUC, la magistrada del caso trasladó copias para que la Fiscalía investigue a quienes fueron los directivos de la multinacional Dole Food Co entre 1997 y 2006.

Según la sentencia, una de las fuentes de financiación de ese frente era el cobro de extorsiones a los pequeños y grandes comerciantes que tenían fincas de banano, así como a los palmicultores.

En ese contexto, la multinacional Dole tendría una situación particular. El fallo señala que para la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá hubo un vínculo entre esa empresa y el frente William Rivas “a fin de lograr el desplazamiento de parceleros de las zonas de interés para la explotación comercial a través de prácticas dirigidas a infligir temor, que involucraron amenazas y el asesinato de varios miembros representativos de la sociedad”.

En la sentencia se lee que la Fiscalía manifestó que, con el fin de obtener tierras en una finca llamada La Francisca, ubicada en el municipio de Zona Bananera (Magdalena), donde habitaban 52 familias (cada una con el dominio de tres hectáreas de cultivo), Dole se habría valido del apoyo de las AUC para adquirir esos predios. Esto, teniendo en cuenta que para esa época en esa región se presentaron varios casos en los que empresarios bananeros habrían acudido a “servicios sicariales” de los paramilitares para adquirir los terrenos a bajos precios o para forzar a los dueños a abandonarlos.

“Con el objetivo de despojar a los pobladores de estas tierras, integrantes del grupo armado ilegal asesinaron a varias personas, entre ellas el señor Abel Antonio Bolaños Morales y a todo aquel que opusiera resistencia y se negara a desocupar los terrenos, por lo que numerosas familias, ante el temor de perder sus vidas, decidieron abandonar la región y se desplazaron a otros lugares”, se lee en el fallo.

Según el documento, Abel Bolaños fue citado a una reunión por dos trabajadores de Dole para negociar la venta de unas parcelas. En esta, Abel habría aceptado el pago de un millón de pesos por hectárea a cada parcelero con la intención de que la comunidad tuviera el dinero para pagar un abogado que los defendiera y pudieran estar en sus tierras con tranquilidad. Pero en un encuentro en el que se suponía le iban a entregar el dinero a los campesinos, solo les entregaron una parte y los obligaron a firmar un documento en blanco. Días después, Abel fue asesinado por dos paramilitares.

Ese no fue el único caso registrado. En total se presentaron 57 asesinatos, según demandas contra la Dole. Al respecto, la Sala señaló que estos “homicidios estuvieron claramente inspirados por móviles de intolerancia, en tanto que ocurrieron bajo el señalamiento de ser las víctimas colaboradoras de la guerrilla, pero que en definitiva perseguían acallar sus voces e intimidar a los lugareños para que abandonaran los predios de Las Franciscas, que, de conformidad con lo registrado en el diligenciamiento, presuntamente lo fue con la aquiescencia de la empresa bananera DOLE”. 

Por estas razones, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla trasladó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue “el actuar de quienes se desempeñaron como directivos de la empresa multinacional bananera DOLE, y la empresa proveedora Eufemia Limitada, por su presunta responsabilidad en los hechos y delitos acaecidos y legalizados”.

Al mismo tiempo, solicitó al ente acusador investigar las acciones de los miembros de la Sijín que presuntamente intervinieron en los hechos.

No es la primera vez que la empresa se enfrenta a la justicia. En 2009 una demanda colectiva, en la que participaron 167 personas, fue presentada en Los Ángeles (California) contra Dole por la presunta financiación a grupos paramilitares y la supuesta responsabilidad en 57 muertes. Sin embargo, el 9 de marzo del 2016 un tribunal de Estados Unidos desestimó las acusaciones

La suerte de Dole quedará en manos de la Fiscalía. No obstante, como lo aseguró el fiscal general Néstor Humberto Martínez al referirse a las empresas que debían ser investigadas por presuntos vínculos con las AUC, si se establece que la empresa fue extorsionada o coaccionada para colaborarle a los grupos paramilitares de esa región, no tendría ninguna deuda con la justicia.

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