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| 2/14/2005 12:00:00 AM

Justo a tiempo

Una decisión de la Fiscalía le entrega al presidente Uribe un as bajo la manga para su reunión con Hugo Chávez.

El tema de Rodrigo Granda, el llamado 'canciller' de las Farc y cuya captura causó un grave incidente diplomático entre Colombia y Venezuela, dará mucho de qué hablar esta semana. Será el tema obligado en la reunión que, como se ha anunciado, el presidente Álvaro Uribe sostendrá en Caracas con su homólogo venezolano, Hugo Chávez. La cumbre estará precedida por una decisión de la Fiscalía General que posiblemente avivará el fuego de la hoguera de una crisis que está en vías de superarse.

Cinco días antes del viaje de Uribe, el pasado 10 de febrero, un fiscal especializado dictó una resolución de acusación en contra de Granda por el delito de "entrenamiento para actividades ilícitas". En términos simples, la Fiscalía encontró méritos suficientes para vincular a Granda con actividades terroristas. Esa decisión le da una nueva dimensión al tema.

Hasta hace pocos días se sabía que Granda sólo tenía antecedentes por el delito de rebelión. Ahora se conoce sorpresivamente que la Fiscalía lo investiga desde febrero de 2003 también por delitos relacionados con terrorismo. Para ese organismo el 'canciller' es mucho más que un activista político. Las piezas fundamentales de la investigación son los testimonios recolectados por fiscales el año pasado. Uno de estos es de un hombre llamado Yiber Estrada, miembro del frente 16 de las Farc. En su testimonio, según expediente del ente judicial, afirma que en el año 2000 él fue uno de los alumnos de Granda en la antigua zona de distensión. "... Cuando el Mono Jojoy nos lo presentó (a Granda) nos dijo que era un camarada que había llegado del exterior para darnos unos cursos de política, artillería, explosivos y fusilería", le dijo Estrada a la Fiscalía. "Nos enseñó cómo armar bombas caza bobos, rampas destructivas, cómo armar una bomba con reloj y calcular el tiempo para que explotara al llegar a un retén militar...", dice uno de los apartes de la declaración que describe otra serie de instrucciones que habría recibido de Granda en el Caguán. Para la Fiscalía, la versión de Estrada coincide con el testimonio de otra guerrillera, Yenny Oliveros, quien también narró detalles del entrenamiento que recibió. "Estos dos testimonios permiten concluir que el señor Granda no sólo estuvo como ideólogo en la zona de distensión... su estadía tenía otro propósito, que fue el de actuar como avezado instructor en el manejo de explosivos, fusilería y tácticas militares", afirma el fiscal en uno de los apartes de la resolución acusatoria.

Otro de los testigos es William Mosquera, quien le contó a los investigadores que como miembro del frente 10 de las Farc recibió instrucción de Granda en el campamento La Arenosa, en inmediaciones a Saravena, Arauca. "... Estuvo (Granda) en cinco o seis charlas en donde hablaba de la estrategia que debía tener la guerrilla en caso de atacar un puesto o una población...", dice uno de los apartes de su extenso testimonio.

El último de los testigos es un hombre llamado Luis Navarro, quien afirma que estuvo en un curso con Granda en un campamento cerca de La Gabarra. "Nos enseñó a hacer minas quiebrapatas con tubos de PVC", dice en su indagatoria, en la que además asegura que mientras Granda estuvo fabricaron un carro bomba que fue trasladado hasta la cárcel Modelo de Cúcuta. "Era una camioneta rojita que la ubicaron al lado de la pared de la cárcel, y cuando explotó salieron los presos...", agrega.

Según el fiscal, estos testimonios, entre otras pruebas, "conducen a colegir que no cabe duda de que Granda no sólo adoctrinó políticamente a tropas irregulares sino que también departió (sic) con ellos formación e instrucción en procedimientos tendientes a fortalecer la capacidad bélica de la organización, convirtiéndose en su maestro y su instructor para el desarrollo de actividades terroristas", concluye el funcionario al explicar las razones que lo llevan a formular cargos por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas.

Esta acusación le da un giro al caso Granda, y coincidencialmente respalda el argumento que ha esgrimido el gobierno colombiano ante Venezuela de que sí hay presencia de terroristas en el vecino país. El juicio de Granda dará la última palabra.
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