Home

Nación

Artículo

El general Reynaldo Castellanos salió del Ejército por las denuncias que hizo SEMANA sobre torturas a 21 soldados. Lo paradójico es que Castellanos ha sido el comandante con el trato más humanitario hacia los soldados en la historia reciente

militares

¿Justos por pecadores?

Con la salida del general Castellanos, Uribe les dio una lección a los militares que subvaloraron las torturas a los soldados. Pero esa decisión no resuelve el problema.

26 de febrero de 2006

Tan desproporcionada como quemar a un soldado pensando que con eso aprenderá a ser valiente, resultó la respuesta del presidente Álvaro Uribe al destituir al general Reinaldo Castellanos, después de que SEMANA publicó los vejámenes a los que fueron sometidos 21 soldados en el Tolima. La salida de Castellanos le sirvió al gobierno para apaciguar los ánimos de la opinión pública y silenciar las críticas de la comunidad internacional. Pero no para resolver los problemas de fondo que revelaron las torturas.

Ante un hecho tan grave, es entendible que el gobierno buscara a quien cobrarle la responsabilidad política, pues el daño para la imagen del Ejército y para la moral de los soldados es inconmensurable. Entregar la cabeza de un alto oficial es, en unas circunstancias como éstas, muy popular. Sin embargo, los argumentos del Presidente no convencieron a nadie. Decir que Castellanos se tenía que ir porque no le informó a Uribe sobre este hecho es un despropósito. Es imposible que el Presidente conozca todo lo que pasa en la guarniciones, aun en un caso de tanta gravedad. Y si bien, como dijo Uribe, es necesario dar a conocer públicamente los errores, ésta es una omisión que posiblemente no merecía un castigo tan duro para Castellanos y en general para las Fuerzas Militares. Como dijo el analista Alfredo Rangel, fue "una medida apresurada, desproporcionada e injusta". Igualmente, es inverosímil que salga el comandante del Ejército sin que haya consecuencias para el general de la brigada donde ocurrieron los hechos.

La salida de Castellanos caldeó el ambiente en muchas guarniciones militares. Hubo amenazas de renuncias en masa y hasta se habló de ruido de sables. En el Ejército se tiene la sensación de que el general hizo lo que siempre se hace en estos casos: ordenar una investigación disciplinaria y penal, y mandar a la cárcel a los suboficiales que cometieron los abusos. No obstante, es evidente que para buena parte de la oficialidad, y aun para la tropa, no está claro el límite entre la exigencia física y mental que requiere un hombre para ir a la guerra, y los malos tratos que terminan por dañar la dignidad de cualquier ser humano, y en últimas, debilitándolo.

Posiblemente, el caso del Batallón Patriotas puede ser considerado aislado por la enfermiza crueldad con la que actuaron algunos suboficiales, pero no deja de preocupar que haya una ola masiva de denuncias sobre tratos degradantes, muchas de las cuales están en investigación. Sólo el año pasado se registraron 51 quejas ante la Procuraduría por maltratos entre militares. Y tras la publicación de la denuncia, los medios de comunicación fueron inundados por múltiples casos nuevos. Por eso, el silencio de Castellanos no refleja tanto un deseo de tapar los hechos, como una subvaloración sobre la gravedad del episodio mismo. Subvaloración que le fue transmitida en su momento por el comandante de la Brigada VI, general Arnulfo Martínez.

La falsa idea de que el dolor físico forja a los valientes es tan absurda como las revaluadas premisas de que 'la letra con sangre entra' o que los niños necesitan 'fuete' para ser educados.

Irónicamente, muchos esfuerzos del Ejército y del propio Ministerio de Defensa, se concentraron esta semana en una cacería de brujas para dar con quienes filtraron la información y bajarle importancia al hecho, más que en buscar soluciones de fondo para desterrar esta mentalidad de sus filas. Es diciente que el jueves pasado el Ministro de Defensa y el nuevo comandante del Ejército presentaran ante los medios a uno de los soldados agredidos, justificando los abusos. Días antes, ese mismo soldado se había quejado ante la justicia por el maltrato.

Otro paso en falso ha sido considerar más grave la publicidad que recibieron los abusos, que su propia ocurrencia. Al error de torturar, subvalorar el hecho y ocultarlo, se le sumó la ausencia de medidas claras que eviten que esto vuelva a ocurrir.

¿Qué medidas se pueden tomar?

Quien ha puesto el dedo en la llaga desde hace mucho tiempo es el vicepresidente Francisco Santos. Como lo dijo en noviembre pasado en una entrevista: "no hemos logrado que los inspectores generales del Ejército y la Policía enfrenten con celeridad problemas disciplinarios relacionados con derechos humanos". En este tema las Fuerzas Militares enfrentan dos problemas. El primero es que las investigaciones están en primera instancia en los superiores de quienes cometen la falta. En el caso del Batallón Patriotas, en cabeza del comandante de la Brigada VI, de quien depende directamente el centro de entrenamiento donde se cometieron los abusos. El problema de que la investigación esté en la línea de mando es que por conveniencia y, quizá por instinto humano, los superiores tienden a minimizar las faltas de sus subalternos, pues éstas les afectan directamente. Un general que reporte constantemente violaciones de derechos humanos cometidas por los hombres bajo su mando es responsable directo de éstas y necesariamente verá afectada su carrera.

De ahí la tendencia a tapar y tapar. Craso error, pues la tapadera sólo lleva, como en el caso de las torturas, a que los abusos se destapen con fuerza atómica. Este problema no es sólo de los militares, sino que funciona para todo el sector público que tiene el mismo código de disciplina. Sólo que el número de tropas ha crecido en los últimos años como nunca en la historia -100.000 desde 2002-, están combatiendo cada día bajo una gran presión, y en esas condiciones los errores son más frecuentes. Y, en consecuencia, los controles deberían ser mayores. Sin embargo, estos son débiles. Muchas investigaciones internas no pasan de preliminares y ni siquiera llegan hasta la Inspección del Ejército o del Comando General de las Fuerzas Militares.

Una prueba de que algo está mal en los controles es que en 2004 las quejas que se recibieron en la Procuraduría sobre actuación de militares (no sólo en derechos humanos) se triplicaron. Pasaron de 600 a 1.800. Y en 2005 superaron las 7.000. Recientemente, SEMANA indagó en el Ministerio de Defensa sobre la interpretación que se podía dar a estas cifras. Los funcionarios a cargo explicaron que este desproporcionado crecimiento se debe a que hay más hombres y la gente se atreve a denunciar más. El tema no les pareció preocupante.

El Vicepresidente también ha sido un crítico constante de la justicia penal militar y un impulsor de que ésta entre al sistema oral, para que los procesos sean públicos y rápidos. Con todo lo graves y preocupantes que hayan resultado las torturas de los soldados en el Tolima, es absurdo que el caso pase a la justicia ordinaria, como parece ser el próximo paso en esta cadena de decisiones apresuradas. Es indiscutible que los delitos se cometieron en actos de servicio. Quitarles esta competencia a los militares significa debilitar a su ya desprestigiada justicia y, en cambio, se pierde la oportunidad de probar cuántos dientes puede llegar a tener. El reto es que se aplique pensando primero en la verdad y los valores democráticos, y no en un mal entendido espíritu de cuerpo.

La semana pasada se les oyó decir a muchos generales que el escándalo mediático de las torturas le hacía daño enorme a un Ejército que está en guerra. Lo curioso es que ninguno dijo, como sí lo dijo el Presidente, que son las violaciones de derechos humanos las que dañan irreparablemente a las Fuerzas Militares. Rompen la confianza de la gente en las instituciones y alejan la posibilidad de la victoria que tanto reclama Uribe. "Hay que erradicar el concepto de que con derechos humanos no se puede ganar la guerra", dijo un alto funcionario del gobierno. De ese tamaño es el reto que deja la descarnada publicación de SEMANA sobre las torturas.

Aunque alguien debía asumir la responsabilidad política por un hecho tan grave, de nada sirve pagar un costo tan alto para que todo siga igual. Y si todo sigue igual, quiere decir que los hechos de esta semana fueron apenas una parodia de la Reina de Corazones, descrita por Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, que sólo sabía gritar: "¡Qué le corten la cabeza! ¡Qué le corten la cabeza!". Hasta que un día no tuvo más cabezas que cortar.