Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2016/01/22 12:24

El lunes se reabren juzgados civiles y de familia

Los sindicatos de los servidores judiciales y el Consejo Superior firmaron en la mañana del viernes el acuerdo al que llegaron la noche anterior.

Ministro Yesid Reyes Foto: Archivo Particular

Por fin se acaba el drama de los usuarios judiciales que se han visto afectados por el cierre de los juzgados civiles y de familia. Servidores de esa especialidad y la Sala Administrativa firmaron el acuerdo al que llegaron hace poco más de 12 horas para poner fin al conflicto laboral que tenía suspendidas las labores en esa jurisdicción.
 
Con la presencia del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y del ministro de Justicia, Yesid Reyes, quienes sirvieron de garantes mediadores, los trabajadores formalizaron el pacto con los magistrados para poner fin a la protesta. En consecuencia, este lunes se reabrirán los juzgados en los que no ha habido atención los últimos días.
 
El descontento de los integrantes de este sector de la justicia se produjo porque el Consejo Superior de la Judicatura modificó el modelo de atención al usuario. Ese organismo ordenó la creación de centros de servicios judiciales, para que en ellos se concentraran todas las labores administrativas que antes se cumplían en cada despacho.
 
Aunque el cambio no suponía la eliminación de los cargos de los funcionarios que cumplían los servidores judiciales asignados a cada despacho, tanto ellos como los jueces se opusieron a esta nueva estructura.
 
Así, el nuevo modelo introducido por el Consejo Superior era un fracaso probado. En su criterio, era ineficiente y desconocía el papel reconocido legalmente al juez como cabeza del proceso judicial. La principal objeción, en ese sentido, era que los titulares de cada juzgado perderían su facultad para nominar a los funcionarios que asumirían esas labores administrativas.
 
El nombramiento de escribientes, notificadores, auxiliares y demás operadores encargados de esas funciones en todos los juzgados pasaría a manos de un coordinador seccional. Para los inconformes, era una atribución demasiado generosa de las facultades de nominación.
 
Por eso hicieron un alto en sus labores. Dejaron sus puestos de trabajo para integrar asambleas permanentes, lo que provocó un paro en la operación de los despachos judiciales civiles y de familia en todo el país. Su exigencia inicial era que se derogara el polémico acuerdo, como condición para reintegrarse a sus puestos de trabajo.
 
Tras ocho días hábiles de cese de actividades, se estableció una fórmula para que los manifestantes regresaran a sus puestos de trabajo. El Consejo Superior de la Judicatura se comprometió a aplazar la vigencia del acuerdo en el que se planteaba el cambio en el esquema de atención.
 
Además, accedió a la exigencia de los sindicatos de instalar mesas de trabajo, para que, de manera conjunta, los servidores judiciales y la Sala Administrativa del Consejo Superior construyeran el nuevo modelo de atención.
 
Desde el principio, esa propuesta sedujo a los dos grupos de Asonal Judicial. Por eso aceptaron socializarla con sus asambleístas, aguardando la impresión que causaría entre ellos. Pese a que algún sector de los servidores afectados se resistió hasta último minuto por considerar que la única alternativa era la derogación –no la suspensión– del acuerdo, al final, la proposición tuvo acogida.
 
Con algunos aportes de los servidores inconformes se redactó el contenido definitivo del pacto en la noche de este jueves. Los representantes de los sindicatos señalaron enfáticamente a los medios que no existía acuerdo sino “un principio de acuerdo”, por cuanto sería incierto prever desde cuándo se levantaría el cese de actividades.
 
Sin embargo, en las primeras horas de la mañana del viernes las partes firmaron el pacto. Eso significa que desde el lunes se reincorporarán a sus labores los jueces y sus subalternos. Mientras tanto, el Consejo Superior y los trabajadores trabajarán conjuntamente en el diseño del esquema para ofrecer atención al usuario.

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