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| 6/11/2011 12:00:00 AM

Kafka en Santa Marta

Este es el novelón de un pleito de 20 años lleno de increíbles leguleyadas, en el que el Estado está perdiendo un predio de más de 800.000 millones de pesos.

"Da coraje", dijo Juan Manuel Santos la semana pasada, en su visita a Santa Marta, al enterarse del laberinto jurídico,digno del panteón del leguleyismo, que por décadas ha mantenido en el limbo al predio Pozos Colorados, las mejores 65 hectáreas de tierra urbanizable en Santa Marta.

La reacción presidencial es comprensible. Con una ubicación privilegiada entre la Troncal del Caribe y el mar, a pocos minutos del aeropuerto y con tres kilómetros de playa, este gigantesco lote es el de mayor potencial para el desarrollo turístico de la ciudad . Pero sobre él hay serias dudas acerca de su verdadero propietario: si el gobierno nacional, el local o unos particulares que lo reclaman por una heredad ancestral.

Desde la época prehispánica, en esta zona existían pequeñas lagunas que al secarse dejaban expuesta la sal marina; de ahí el nombre de Pozos Colorados. Por ley, a mediados del siglo XX estas salinas pasaron al Banco de la República, que luego las entregó al Bienestar Familiar, que a su vez las pasó a la Corporación Nacional de Turismo. Al menos desde 1974 hay registros del predio a nombre del Estado.

Pero pasaron los años y la Corporación nada hizo. En los años noventa, el Distrito de Santa Marta demandó a la Nación para reclamar en favor de la ciudad la propiedad de Pozos Colorados. Esto desató una disputa judicial que durmió el sueño de los justos por más de una década hasta llegar al Consejo de Estado. En1993 el entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Manuel Santos, expidió un decreto que convirtió a Pozos Colorados en Zona Franca Industrial de Servicios Públicos, lo que potenció aún más su valor, que hoy supera los 800.000 millones de pesos.

Mientras tanto, unos particulares liderados por Máximo Campo, a través de la sociedad Cerro Blanco S.A., lograron que un registrador local de Instrumentos Públicos les reconociera el predio como suyo. Para esto, presentó unos títulos de su bisabuelo, que, según los documentos, era el dueño de una extensión indeterminada que iría desde las estribaciones de la Sierra Nevada hasta cerca del municipio de Ciénaga. Reclaman como propias cerca de 6.000 hectáreas, donde hoy están construidos varios barrios residenciales e industriales, el aeropuerto y la zona de Pozos Colorados. Fue así como en 2003 logró que le asignaran al predio otro número de registro.

Es decir, el mismo predio comenzó a figurar con dos números de matrícula: una en disputa entre la Nación y el Distrito y otra a nombre de un particular, que comenzó a subdividir el predio y a venderlo. Hay registros de prensa que mencionan cómo algunos de estos lotes han ido a parar a manos de personas procesadas por narcotráfico, y hasta a David Murcia Guzmán, el de DMG, entre otros.

Para aclarar la situación, la Superin-tendencia de Notariado nombró un superintendente ad hoc para revisar el tema. El proceso se llevó al interior del país, y luego de un año y medio, a finales de 2008 el superintendente dio su concepto definitivo: el supuesto heredero no era heredero.

Esta decisión fue objetada por terceros que le habían comprado al particular, y se nombró un nuevo registrador ad hoc, esta vez de Barranquilla, que en menos de tres meses reversó la decisión y volvió a dejar en firme ambas matrículas. Al mismo tiempo, los alegatos de los terceros fueron a los estrados y comenzó a pasar por el Tribunal de Cundinamarca, el Consejo de Estado y hasta la Corte Constitucional, instancias que les dieron la razón a los particulares. Lo increíble es que, de forma paralela a la demanda de los particulares, el pleito entre la Nación y el Distrito se resolvió, y luego de casi 13 años, el Consejo de Estado le dio la razón a Santa Marta. Es decir, distintos órganos de la justicia confirmaron a particulares y al Distrito que eran dueños.

Como si no fuera suficiente en esta historia kafkiana, sucedió un hecho macondiano y tropical. La alcaldía de Juan Pablo Díaz Granados expidió el año pasado una reglamentación que permite el desarrollo de Pozos Colorados. El problema para los intereses de Santa Marta es que en la resolución incluyó los números de matrículas que tienen los privados y no los del Distrito.

Mientras Máximo Campo no ha dejado un minuto de dar la pelea por los que considera sus derechos y ya está a la espera de que en los próximos días se materialice una orden de desalojo del predio para tomar posesión, el Estado -en esta oportunidad en cabeza del alcalde-, a pesar de los esfuerzos y del interés del gobierno central, no parece estar actuando con agilidad, y por el contrario, en su despacho se cometen torpezas que terminan favoreciendo a su contradictor.

Con este panorama, cualquiera termina cogiéndose la cabeza a dos manos, como le sucedió al primer mandatario. Por un lado, es desolador el panorama de inseguridad jurídica. No en vano el país, bajo este indicador, está en los últimos puestos de los rankings mundiales. Por otro, queda la duda de si lo que ha sucedido en Pozos Colorados es que el Estado no ha contado con una defensa de alto nivel para encarar una disputa que le está sacando de las manos un predio que sería una buena punta de lanza para la prosperidad democrática en una región que mucho lo necesita.
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