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| 6/9/2011 12:00:00 AM

La acción de tutela: mecanismo emancipador

Para la población LGBTI, la acción de tutela ha permitido materializar derechos como la educación, la salud, la igualdad, el libre desarrollo a la personalidad y hacer vigentes principios como la dignidad humana, el pluralismo y la democracia.

En Colombia, el ejercicio reflexivo frente a las implicaciones de la democracia cambió sustancialmente con los aportes de la transición de la Constitución de 1886 a la Carta novedosa de Derechos que consagra la Constitución de 1991. Cuando nos remontamos a la naturaleza inspiradora de de la Constitución de 1886, nos enfrentamos a una idea de unidad nacional reducida a la religión y al idioma. Por otro lado, como lo expresó el maestro Carlos Gaviria Díaz “el constituyente de 1991, a mi juicio, procedió con una excepcional sabiduría, porque yo he dicho que hizo un diagnóstico hobbiano de lo que estaba ocurriendo. Estábamos y estamos viviendo una especie de estado de naturaleza donde el hombre es lobo para el hombre, y ese estado es absolutamente indeseable. Era no sólo desagradable sino difícil sobrevivir en una situación de esas".

La Constituyente del 91, se decide por la Democracia, por la subscripción conciente de un nuevo contrato social, y es así como se introducen una serie de derechos, libertades y mecanismos jurídicos de protección de los derechos, antes impensables, y cuyo objetivo es la justicia social, reconocer un país pluralista y en donde tengan vigencia los Derechos Humanos y las libertades individuales y colectivas. La Constitución del 91 está fundada en el principio de la dignidad humana, en donde las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. Esto implica autonomía. Ellas pueden y deben decidir sobre su vida. Pero el constituyente también pensó en mecanismos idóneos para garantizar la materialización de esos derechos, como la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones de grupo.

Y aunque diferentes intereses económicos, políticos y religiosos pretenden desconocer los derechos consagrados en la Constitución del 91, los movimientos sociales, activistas, lideres, lideresas y en general ciudadanos y ciudadanas encontraron rápidamente en la acción de tutela un mecanismo eficaz para la protección de los Derechos Fundamentales, negados sistemáticamente por algunas Instituciones y sectores del Gobierno, así como en las distintas esferas de lo privado.

La acción de tutela promueve la construcción de democracia desde la protección efectiva de los derechos de las personas sustentados en los valores del Estado social de derecho, promoviendo de esta manera el acceso a la justicia y la primacía constitucional.

Para las personas de los sectores de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas (LGBT) la acción de tutela ha permitido materializar derechos como la educación, la salud, la igualdad, el libre desarrollo a la personalidad y hacer vigentes principios como la dignidad humana, el pluralismo y la democracia. Ejemplo de ello son sentencias como la T 1001 de 1998, que dice que “la homosexualidad es una condición de la persona humana que implica la elección de una opción de vida tan respetable y válida como cualquiera, en la cual el sujeto que la adopta es titular, como cualquier persona, de intereses que se encuentran jurídicamente protegidos, y que no pueden ser objeto de restricción por el hecho de que otras personas no compartan su específico estilo de vida”.

La sentencia T-432 de 2002  dice que “la elección de la orientación sexual es una clara manifestación y materialización del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de modo que el establecimiento educa¬tivo no puede coartar tal elección, so pretexto de pretender inculcar valores homogéneos a todos los estudiantes, no respetando sus diversas tendencias”.

La sentencia C-481 de 1998 indica que “conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, es claro que la homosexualidad no puede ser considerada una enfermedad, ni una anormalidad patológica, que deba ser curada o combatida, sino que constituye una orientación sexual legítima, que constituye un elemento esencial e íntimo de la identidad de una persona, por lo cual goza de una protección constitucional especial, tanto en virtud de la fuerza normativa de la igualdad como por la consagración del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Todo lenguaje tendiente a estigmatizar a una persona por su orientación sexual es entonces contrario a la Carta y es explícitamente rechazado por esta Corporación”.

Como se ha expuesto, la tutela es hoy, un mecanismo a través del cual los mínimos derechos de un Estado democrático se pueden hacer vigentes, la jurisprudencia de la Corte Constitucional genera precedentes fundamentales como fuente del Derecho. Pero la transformación de estructuras e instituciones que siguen sustentado las inequidades y la discriminación requieren del Estado transformaciones profundas, así como entender el significado de la esencia de una Constitución a la que se le han querido desvirtuar sus pilares y negar su carácter democrático.

Para las personas de los sectores LGBT, para las mujeres y personas históricamente vulneradas, las acciones de protección constitucional le dan un nuevo sentido al Derecho. Es decir, nos dan la posibilidad de poner en duda la objetividad, neutralidad y completud de la norma; de hacer visible cómo los sistemas de dominación hegemónicos –sexo, género, clase, raza— perviven en quienes decisiones judiciales y encontrar en el derecho una herramienta con posibilidades emancipadoras. Es un deber de los movimientos sociales llenar al derecho de un nuevo sentido y buscar en él la posibilidad de materializar su movilización.


*Daniel Verastegui es psicólogo y director del Centro Comunitario LGBTI
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