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Gustavo Álvarez Gardeazábal (izq.) y Hernán Peláez (der.), del equipo de 'La Luciérnaga'. | Foto: SEMANA

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¿La Agencia de Inteligencia se ‘lava las manos’?

El organismo elude el caso de chuzadas a periodistas Gustavo Álvarez Gardeazábal y Hernán Peláez.

6 de mayo de 2013

En días pasados trascendió que la Fiscalía y la Comisión Segunda del Senado ahondarán sobre denuncias presentadas por los periodistas del espacio radial La Luciérnaga Gustavo Álvarez Gardeazábal y Hernán Peláez por las presuntas interceptaciones a sus teléfonos celulares.

En principio se dijo que el coronel de la Policía Juan Carlos Nieto, jefe de operaciones de esa entidad, debía presentarse a la Fiscalía y al Senado a dar explicaciones sobre estos hechos puesto que su nombre fue el primero en relucir como presunto responsable de esas interceptaciones ilegales.

Semana.com conoció que el coronel Nieto ya estuvo en la Fiscalía y brindó las explicaciones del caso. Preguntas y respuestas que, a juzgar por la información obtenida por Semana.com, no arrojaron mayores luces al fiscal que adelanta las pesquisas.

Ahora el turno será este martes para el Senado donde, seguramente, no pasará mayor cosa. Hace un par de meses el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (DNI), almirante Álvaro Echandía, envió a la secretaría de la Comisión segunda las respuestas a un cuestionario solicitado por el senador Juan Lozano para que explicara el asunto.

¿Como ‘Pilatos’?

Echandía, como dicen en el Congreso, prácticamente se ‘lavó las manos’ frente a los señalamientos contra su entidad. Se apegó a la ley y explicó que la Agencia que dirige no tiene las herramientas legales para interceptar teléfonos, mientras no medie una orden judicial.

“El Gobierno no tiene conocimientos sobre interceptaciones telefónicas realizadas a periodistas, ni ha proferido órdenes al respecto, por cuanto, como se reitera, escapa la facultad legal y constitucional”. Asegura el oficial que la única referencia que se tiene es una publicación de prensa del 12 de octubre del año pasado que alude a “supuestas interceptaciones al periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal”.

Echandía asegura que no conoce de denuncias en ese sentido y que, en todo caso, la atención y el trámite de ese tipo de asuntos son de competencia de la Fiscalía General.

Con esto queda claro que el oficial niega tener información de su unidad sobre las presuntas ‘chuzadas’ a los comunicadores. Pero advierte que el pasado 9 de noviembre se abrió una investigación interna con el fin de determinar si existen o no faltas disciplinaria en su unidad.

No obstante, hasta ahora no se conocen resultados de investigaciones internas en ese sentido. De esta manera, es muy probable que las autoridades no den por ahora con los responsables de las interceptaciones a los comunicadores, pues para algunos en el Congreso, esa unidad se ‘lavó las manos’.

El senador Juan Lozano, quien hará el debate en el Congreso sobre el tema, aseguró que “las respuestas escritas que entregó la agencia no hacen suficiente claridad y por eso será necesario el debate para establecer qué pasó con Álvarez y Peláez. Creo que indispensable que se haga total claridad acerca de los episodios que han denunciado porque no puede haber ninguna sombra sobre el funcionamiento de la nueva agencia de inteligencia”, dijo Lozano.

Cómo fue la historia

A mediados de octubre del 2012 el periodista del programa La Luciérnaga de Caracol Radio Gustavo Álvarez Gardeazábal tuvo una comunicación telefónica con el presidente Juan Manuel Santos, a quien le narró de manera detallada cómo oficiales de la Policía adscritos a la DNI, en cabeza del almirante Álvaro Echandía, tenían ‘chuzados’ los teléfonos tanto de él como del director del espacio, Hernán Peláez Restrepo.

En la charla salió a relucir el nombre del teniente coronel de la Policía Juan Carlos Nieto Aldana, adscrito al DNI, un curtido oficial que se ha granjeado el respeto de sus superiores por su capacidad en el área de la inteligencia estratégica.

El periodista, además, le dijo al mandatario que las pruebas que obtuvo por medio de un alto oficial mostraban sus conversaciones telefónicas con altos funcionarios como la contralora general, Sandra Morelli, y el procurador general, Alejandro Ordóñez. Gardeazábal fue más allá y aseguró que las cabezas visibles de la DNI estaban al tanto de esas irregularidades.

Por esos días, el procurador tenía lista la apertura de una investigación contra tres oficiales, incluido Echandía, por el caso del almirante Gabriel Arango Bacci, quien fue víctima de un montaje de la Armada, por supuestos vínculos con narcotraficantes.