La agenda azul

De la noche a la mañana, el país cambió de agenda. Los debates sobre la distribución de las regalías, la sostenibilidad fiscal, el estatuto anticorrupción y la Ley de Víctimas le dieron paso al aborto, al matrimonio gay y a la objeción de conciencia de servidores públicos. Y no por coincidencia estos temas salieron a la luz cuando los conservadores, en cabeza de Juan Manuel Corzo, llegaron a la presidencia del Senado. Con la excepción del matrimonio gay, que llegó al Capitolio por orden de la Corte Constitucional, son los azules quienes abanderan estas iniciativas. La reforma constitucional para prohibir el aborto es obra de José Darío Salazar, presidente de las toldas conservadoras. Y también son los godos quienes promueven la objeción de conciencia para los funcionarios.

Las movidas de ese Partido en el Congreso se explican por razones políticas, ideológicas y estratégicas. Los conservadores tienen la convicción de que en un país en el que hay tanta muerte se debe proteger la vida a toda costa. Con una reforma constitucional de dos artículos pretenden argumentar que "el derecho a la vida es inviolable desde la fecundación hasta la muerte", lo que acaba de un tajo con la despenalización del aborto que había aprobado la Corte Constitucional, al igual que con los avances en materia de eutanasia.

Por otro lado, envalentonados por el apoyo de la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos, buscan avanzar el proyecto de objeción de conciencia para que los funcionarios puedan negarse a casar parejas del mismo sexo y a practicar abortos. Aunque existe un debate sobre si esa figura tiene sentido para los servidores públicos, quienes deben "aplicar y no interpretar la norma", según un experto constitucionalista, los conservadores afirman que todo ser humano debe tener derecho a abstenerse por motivos de creencias y convicción. Por último, la decisión de la Corte Constitucional sobre el matrimonio gay agitó el avispero y alentó a varios partidos a redactar proyectos para reglamentar la figura. Mientras Miguel Gómez, congresista de La U -pero de familia de tradición conservadora-, promueve un contrato civil, Guillermo Rivera, liberal, propone otorgarles el derecho al matrimonio, y los verdes y el Polo también tienen proyectos respectivos. Crece el debate.

Y no deja de ser llamativo que las posiciones tienden a alinearse sobre temas que en el fondo implican visiones encontradas sobre la moral. Al fin y al cabo, el presidente Álvaro Uribe fortaleció la concepción conservadora en temas como el prohibicionismo y las relaciones sexuales prematrimoniales. Lo mismo se podría decir del procurador Alejandro Ordóñez, señalado por difuminar las fronteras entre la religión y el derecho. Según algunas versiones, Ordóñez usa su cargo para defender sus creencias y le tiene "más respeto a la Biblia que a la Constitución". Además, estos proyectos llegan a la palestra en una coyuntura electoral y pueden tener tintes mediáticos. Pero tal vez, mientras el país está girando hacia el centro, jalonado por un gobierno de talante más liberal, es una oportunidad para ver en qué terreno está y qué piensan y quieren los colombianos.

Más allá del cambio de agenda, esta "oleada moralista" genera preguntas de indudable relevancia. ¿Son estos temas urgentes en un país como Colombia? ¿Debe ser el Congreso el que legisle sobre estos temas que tocan, sobre todo, el ámbito privado? Y no menos importante, ¿qué implican estos debates para los partidos, para el Congreso, para el gobierno y para el país?

En cuanto a lo primero, hay visiones enfrentadas. Mientras algunos piensan que el Congreso se debería enfocar en asuntos más urgentes como la eficacia de la justicia, la educación, la seguridad y la pobreza, otros piensan que temas que implican decisiones morales, como el matrimonio gay o el aborto, no dan espera. Según Miguel Gómez, "esta sociedad no sale de la violencia ni de la injusticia social porque el esquema moral está destrozado". Según Gómez, a pesar de que haya necesidades materiales insatisfechas, el Congreso debe priorizar estas discusiones porque el andamio ético y moral está colapsado.

Helena Alviar, decana de Derecho de la Universidad de Los Andes, también defiende la importancia de debatir estos temas, aunque por razones distintas. Según ella, "no hay temas que sean más importantes que otros, pero si quieren hacer un debate sobre la vida, se debe hacer bien. Qué tal si hablamos, por ejemplo, de la vida digna, que incluye temas como la pobreza y la desigualdad, entre otros".

Otros se preguntan si estos debates deben tener lugar en el Congreso, en las altas Cortes o dentro de la misma sociedad civil. En Colombia, en las últimas dos décadas, las Cortes han ejercido el liderazgo en la defensa de los derechos fundamentales de las minorías. La Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos excepcionales, les ha dado los derechos de seguridad social a las parejas del mismo sexo y se ha pronunciado sobre la eutanasia.

Varios expertos coinciden en que el Congreso es el foro natural donde se deben debatir estos temas. Al fin y al cabo, se supone que el Legislativo representa y es lo más cercano a un retrato real de los colombianos. Pero su desprestigio y una evidente incapacidad para tratar estos asuntos -en su seno se han ahogado seis iniciativas sobre los derechos de las parejas del mismo sexo- han llevado a la sociedad civil, con organizaciones como Colombia Diversa, a buscar que las reformas se concreten en la Corte Constitucional. Se basan en que este es un ente más progresista y ágil que actúa como intérprete de una Constitución garantista y de vanguardia en materia de derechos.

Sin embargo, es un avance que los temas se debatan y se hagan en público y no a puerta cerrada entre los directivos de la Iglesia y las cúpulas de los partidos políticos. Y es una oportunidad para ver quién es quién. En una coyuntura preelectoral, con un gobierno de inclinación liberal, pero que paradójicamente carga con la herencia de un antecesor conservador, hay indicios de que el debate ideológico se está reanimando. Y eso es positivo.

"Estos son los temas que dividen al mundo -dice Armando Benedetti, precursor de los derechos de las minorías-, y estoy seguro de que en las discusiones que vienen, los verdaderos liberales nos volveremos a ver las caras", agrega.

Pero más allá de la viabilidad de estos proyectos, de los cálculos de quién apoyará qué y si en efecto será un termómetro para la Unidad Nacional, estos debates también tienen sus peligros. Si no son de altura, la controversia puede terminar por fortalecer el dogmatismo y la polarización. Todavía es temprano para saber qué tan en serio va a ser el tratamiento de la nueva agenda conservadora. Lo que sí es seguro es que el debate está sobre la mesa. En un par de meses se sabrá qué tan de avanzada son los colombianos. O al menos, el Congreso.