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| 5/8/2015 6:11:00 AM

La agenda de tierras de María Fernanda Cabal

Un cuestionario enviado a la Unidad de Restitución de Tierras revela el interés de la congresista en atacar el proceso que lidera esta entidad y estigmatizar a los reclamantes.

La Representante a la Cámara María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, tiene una agenda de tierras bastante particular si se tiene en cuenta el debate de control político que piensa adelantarle a la Unidad de Restitución de Tierras. Su proposición fue aprobada en la sesión del 8 abril por la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional.

Para tal fin desde esa célula legislativa se le envió al director de la Unidad, Ricardo Sabogal, un cuestionario de 28 preguntas, algunas de las cuales exige un alto nivel de detalle. Lo que se puede inferir en su conjunto es que el debate se enfocará a deslegitimar a reclamantes y a organizaciones no gubernamentales que los acompañan, buscando vincular a unos y otros con grupos insurgentes; a considerar que en el pasado hubo despojo de tierras a través de la estrategia de las “ocupaciones” por parte de alzados en armas con las cuales se vieron beneficiadas cientos de familias campesinas; y a deslegitimar la labor de la Unidad de Restitución de Tierras porque ha contratado algunas organizaciones sociales para adelantar estudios en terreno sobre el tema del despojo, particularmente en la región del Bajo Atrato chocoano, sobre las cuales la Representante Cabal tiene la más perversa de las concepciones.

Para sustentar sus posturas frente al tema, se diseñó el cuestionario de 28 preguntas que serán expuestas en un debate, aún sin fecha definida. Una mirada detallada de las preguntas permite pensar en por lo menos cuatro aspectos centrales.

En un primer bloque de preguntas, las seis primeras, son muy generales. Están dirigidas a obtener información consolidada desde cuando entró en vigencia la Ley 1448 de 2011 sobre trámites administrativos relacionados, entre otras cosas, con la inscripción de predios en el registro de tierras abandonadas y/o despojadas, y la inclusión de predios en este registro; el número de demandas de restitución que han sido presentadas ante los jueces especializados de tierras y en qué están esos procesos; un balance del número de procesos fallados y el número de predios restituidos; un censo de los procesos en los cuales los Tribunales Superiores no admitieron las restituciones y en los cuales reconocieron la buena fe exenta de culpa; y se pide una exposición detallada de los resultados obtenidos desde la entrada en vigencia de la Ley y el monto de los recursos, año a año, que han sido destinados para el cumplimiento y desarrollo de la política.

Un segundo bloque, en el que se pueden observar con más claridad las intenciones que pretende la Representante Cabal, va de la pregunta siete a la doce. En ellas, la congresista comienza a tejer su visión sobre el problema de tierras en buena parte del país. En primer lugar quiere saber si la Unidad de Restitución de Tierras “desarrolla acuerdos, convenios y/o contratos de cooperación con entidades no gubernamentales”.

De ser afirmativa la respuesta se le pide a la Unidad que identifique las organizaciones “con las cuales interactúa” y los dineros que ha reservado para cancelar lo que se describe como “el cumplimiento de las funciones que por delegación y/o cooperación han desarrollado estas organizaciones privadas”.
La siguiente pregunta pone de manifiesto un enfoque de análisis problemático para la restitución de tierras. La congresista quiere saber si la Unidad “¿tiene documentado o censado los casos en los cuales el Incora valiéndose de las figuras de compra de predios, extinciones del derecho de dominio, recuperación de baldíos, terminó adquiriendo predios rurales que habían sido despojados por grupos ilegales?”.

Adicionalmente, pregunta si la Unidad está considerando “como inexistentes los negocios jurídicos celebrados entre particulares con el Incora y/o Incoder o nulos los actos administrativos que dieron lugar a las extinciones del derecho de dominio de predios en los que fueron despojados sus antiguos propietarios y/o poseedores y/u ocupantes”.

A todo ello le suma una pregunta que, en su parte inicial, expone el sentido que quiere fundamentar, partiendo de una premisa particular: “movimientos de recuperadores de tierras a cargo de grupos guerrilleros ELN EPL y FARC invadieron por la vía armada cientos de miles de hectáreas en todo el territorio nacional” y, según ella, “terminaron siendo predios del Fondo Nacional Agrario y luego parcelados a los invasores-despojadores”. Bajo ese supuesto, se le pregunta a la Unidad si tiene documentados “los casos de las parcelaciones que a nivel nacional los adjudicatarios vienen reclamando la restitución de sus parcelas”.

Este bloque concluye con una pregunta a la Unidad que a mi juicio es tendenciosa: “¿tiene dentro de sus tipologías del despojo los casos en los cuales el Incora terminó adquiriendo predios o extinguiendo el derecho de dominio de predios que fueron despojados por grupos guerrilleros y sus bases sociales y que luego terminaron en parcelaciones?”.

El trasfondo de estas preguntas encierra una hipótesis compleja: muchos de los campesinos que reclaman sus tierras bajo las normas de la Ley 1448 de 2011 fueron beneficiarios en el pasado de parcelas que surgieron de la “ocupación” de fincas con el respaldo de las guerrillas. Por ello la Representante sugiere cancelar esos negocios, adelantados en el pasado por el Incora, pues considera que esas propiedades son un tipo de despojo.

El tercer bloque de preguntas, que va de la 13 a la 25, hace referencia al programa Implementación de Proyectos de Desarrollo Rural y solicita amplia información sobre sus beneficiarios y todo el proceso que se surtió para llegar a su selección. Este bloque permite inferir una concatenación con el anterior, en el sentido que se estaría otorgando un apoyo a quienes, en el pasado, recibieron tierras gracias a las armas de las guerrillas, otorgándole un papel casi que subversivo a la Unidad de Restitución de Tierras. 

Finalmente, en un cuarto bloque, se centra en indagar por el convenio suscrito por la Unidad con el Cinep para adelantar “los estudios de caracterización de los consejos comunitarios de La Larga, Tumaradó, Pedeguita y Mancilla”. Ya en el pasado, la Representante Cabal había cuestionado a esta organización de la comunidad de los Jesuitas y, en particular, a uno de sus prelados, Javier Giraldo, quien ha liderado procesos sociales en el Urabá antioqueño y en el Bajo Atrato chocoano, zona donde la Representante Cabal ha mantenido una fuerte relación con un sector de afrodescendientes que favoreció el despojo de tierras para beneficiar a empresarios de la palma que llegaron respaldados por paramilitares y que hoy están condenados por esas relaciones.

Lo que me inquieta de este cuestionario es que podría hacer parte de una estrategia más amplia de deslegitimación de los reclamantes de tierras, de las organizaciones que los acompañan y apoyan, así como de la misma Unidad de Restitución de Tierras, promoviendo imaginarios según los cuales grupos alzados en armas estarían detrás de la reclamaciones y de la reivindicación de derechos, tanto en el pasado como en el presente. Ojalá yo esté equivocado.

Pero de existir dicha estrategia contra los reclamantes, las organizaciones y los procesos de restitución como tal, corresponde a las instituciones del Estado tomar distancia de discursos estigmatizantes que favorecen la desprotección de las víctimas y la consecuente revictimización. Al final de cuentas, de por medio está la vida, pero también la dignidad de las víctimas que el Estado no protegió en su momento.

En Twitter: @jdrestrepoe
(*) Periodista y docente universitario

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