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| 12/17/2011 12:00:00 AM

La agenda ‘goda’

El conservatismo enarboló sus tradicionales banderas ideológicas. El aborto, el matrimonio gay, la objeción de conciencia y la dosis mínima prometen agitadas discusiones en 2012.

Veinte años después de promulgada la Constitución del 91, el país asistió a un candente debate sobre temas que parecían superados con la firma de una Carta considerada progresista. En 2011, el alcance de varios de los derechos individuales que han sido fruto de luchas de algunas minorías y de dos décadas de jurisprudencia de la Corte Constitucional pasó al tablero, por iniciativa del Partido Conservador.

El primero de estos debates se relacionó con la prohibición de portar y consumir drogas En contravía de las tendencias en la mayor parte de Suramérica, la dosis mínima –la cantidad de sustancias ilegales que una persona puede portar para su consumo sin ser penalizada– quedó prohibida en Colombia a finales de 2009 (salvo prescripción médica), por una reforma constitucional aprobada, tras varios intentos fallidos, por el gobierno de Álvaro Uribe.

El proyecto de ley que regulaba la reforma, promovido por los sectores prohibicionistas, entre ellos los conservadores, despertó controversia en el Congreso. Entre otros, ordenaba la valoración inmediata de toda persona sorprendida con drogas y, en caso de ser diagnosticada como adicta, su tratamiento obligatorio por parte del Estado. Mientras el Ministerio del Interior alegaba su alto costo, a mitad de año el proyecto se hundió. Pero la reglamentación sigue pendiente y será una de las discusiones espinosas del Congreso en 2012, en un ambiente en el que el propio presidente Juan Manuel Santos se ha mostrado partidario de despenalizar.

Los conservadores abrieron otro frente. En agosto radicaron un proyecto con el fin de reversar una decisión de la Corte Constitucional que permite abortar a mujeres que han sido violadas, cuando está en riesgo la vida de la madre o se comprueba una deformación del feto. En criterio de los promotores de la propuesta, “el derecho a la vida es inviolable”. El proyecto, que contaba con el respaldo de más de cuatro millones de firmas, generó el rechazo de las organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres. Finalmente, el 12 de octubre la Comisión Primera del Senado lo archivó en una votación de nueve votos a favor y siete en contra. Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez, quien ha sido un defensor de la moral católica a la hora de discusiones como esta, propuso consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con la penalización del aborto, y otras voces conservadoras lo respaldaron. Probablemente, entonces, el año entrante revivirá el debate.

En agosto, el propio Ordóñez pidió regular el derecho de objeción de conciencia de los médicos que están en contra de practicar los abortos y los funcionarios encargados de explicar en qué consiste ese derecho de las mujeres. A mitad de año, un grupo de 30 representantes a la Cámara radicó un proyecto en ese sentido. Dos meses después, el Partido Conservador propuso ampliar la objeción de conciencia para que no solo los individuos puedan recurrir a ella, sino las instituciones médicas privadas.

Casi simultáneamente con la radicación de este proyecto, el 26 de julio una sentencia de la Corte Constitucional reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a formar una familia y determinó que, si en un plazo de dos años el Congreso no regula la unión entre homosexuales, estos podrán acudir a un notario para formalizarla. Voces conservadoras anunciaron que la objeción de conciencia también podría cobijar a los notarios que no quieran legalizar estos vínculos.

Otra discusión marcará el año próximo. Cerrando filas en torno al derecho a la vida, la negación del matrimonio a las parejas gay y la represión al consumidor de drogas, los ‘godos’ parecen dispuestos a buscar que, al menos en lo que respecta a ciertos derechos individuales, se desande el camino recorrido desde la Constitución del 91. De regalo de Navidad, uno de sus principales representantes, el procurador, impugnó la decisión del ICBF de permitir la adopción de dos niños de 13 y 9 años al periodista extranjero Chandler Burr, por reconocer que es gay.
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