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| 2/13/1995 12:00:00 AM

LA AGONIA DEL DIFUNTO

Detras de las denuncias hechas por la Contraloría al Inderena se esconde el estertor de una errada política ambiental en Colombia.

NUNCA ANTES COMO LA semana pasada las autoridades del medio ambiente habían estado tan acorraladas. Las denuncias formuladas por la Contraloría General de la Nación, que revelaron los desastres naturales en San Andrés y la ciénaga de Santa Marta, pusieron al descubierto graves irregularidades en el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables -Inderena-, la entidad encargada hasta hace poco de proteger los recursos naturales del país.
El abanico de denuncias abarcó desde desgreño, negligencia y malos manejos administrativos, pasando por desaparición de sumas multimillonarias de dinero, hasta complacencia y tolerancia en la destrucción de ese patrimonio ecológico de los colombianos.
Si bien no era desconocido que el Inderena había enfrentado numerosos problemas desde su fundación, en 1968, las acusaciones cayeron como un baldado de agua fría, no sólo entre los empleados del Instituto -que se sintieron cuestionados- sino entre los propios funcionarios del gobierno, encabezados por la Ministra del Medio Ambiente, Cecilia López Montaño, quien precisamente está liquidando a esa entidad tras 25 años de funcionamiento.
Aunque cada quien se defendió, lo que muchos vieron detrás de esta barahúnda de recriminaciones fue, simple y llanamente, el estertor de una pésima política ambiental aplicada durante los últimos años en Colombia y de la cual el Inderena, en cierta forma, fue al mismo tiempo víctima y victimario.
El Inderena reconoce que hay razón en muchas de las denuncias de la Contraloría, pero también dejó recaer cierta responsabilidad en el propio gobierno. El actual gerente liquidador del Instituto, Manuel Santiago Burgos, reconoce que hubo falta de apoyo gubernamental, lo cual limitó la acción del Instituto."No tenía asiento en el Consejo de Política Económica y Social, Conpes, que es el sitio donde se discuten los grandes proyectos de desarrollo, y ni siquiera tenía capacidad de convocatoria porque estaba supeditado al Ministerio de Agricultura".
Más allá de las sanciones disciplinarias o penales, lo cierto es que, aunque sean condenados los responsables, ello no hará que se recuperen los tesoros ambientales perdidos por la falta de una verdadera conciencia ecológica. Nadie ha sido encarcelado por depredar un bosque, un páramo o una fuente de agua, como lo hacen diariamente grandes empresarios y funcionarios públicos. Si la muerte del Inderena significa al menos que esa conciencia por fin comience a aparecer entre los colombianos, el Instituto merecería un entierro de primera. Pero los problemas que haya tenido no exoneran a los funcionarios que cometieron irregularidades.
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