La agresión a un equipo de 'Noticias RCN'

En un hecho repudiable desconocidos encendieron fuego al vehículo del equipo periodístico de Noticias RCN que cubría una noticia en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

Los periodistas grababan un operativo de la Policía contra supuestos contrabandistas en el barrio Isla del Sol.

La agresión se presentó luego de que de las autoridades terminaron su operativo y mientras los periodistas enviaban el material grabado al canal.

La emergencia fue atendida por bomberos y la Policía. El equipo periodístico estaba integrado por Javier Patiño, Pedro Ruíz, José Goyeneche, Luis Bergaño y Álex Gerchar. Por fortuna, el hecho no dejó heridos.

Esta semana ha sido difícil para la libertad de expresión en el país. El ataque a los periodistas de RCN se suma al ocurrido el pasado martes, cuando se conoció un panfleto en el que se les “ordena” a ocho periodistas de Valledupar salir de inmediato de la ciudad. El comunicado está firmado por un grupo autodenominado 'Anti restitución de tierras' y tiene fecha del 5 mayo del 2012.

En el panfleto, rotulado con la foto de una ametralladora corta, amenazan a ocho periodistas a quienes califican de "sapos" y los enmarcan en el macabro contexto de “objetivo militar”. Según el intimidante texto, los comunicadores han “metido sus narices”, en los casos de restitución de tierras y víctimas.

Ana María Ferrer Arroyo, representante de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Cesar, mostró su preocupación. “Una amenaza desestabiliza, crea una enorme preocupación y es mejor tomarla con seriedad -dijo-. Los periodistas están muy preocupados y por eso llamamos al gobierno central para que tome cartas en el asunto”.

La amenaza va dirigida a Herlency Gutiérrez, de RCN TV; J. J. Daza, de la emisora Maravilla; Damaris Rojas, de Al día; Reines Asprilla, de El Heraldo; Katia Ospina, de Noticias Uno y CM&; Ubaldo Anaya, de RPI; Martín Mendoza, de Caracol, y Óscar Arzuaga, de Radio Guatapurí.

Por el número de periodistas y el tamaño de la ciudad, en la práctica esta es una amenaza a todo el gremio de esta capital. La orden sobre la salida de los comunicadores es perentoria: “Tienen 24 horas para salir de la ciudad y debe quedar claro que si siguen metiendo sus narices en los casos de restitución de tierras, serán ustedes las próximas. Es el único y último llamado que se les hace”, dice el comunicado.

Esta, infortunadamente, no es la primera amenaza que reciben los periodistas de Cesar, en donde la práctica del oficio es una tarea llena de dificultades. Damaris Rojas, una de las periodistas amenazadas, explicó a Semana.com que desde hace varios meses, ella y sus colegas han denunciado distintas amenazas de las que han sido objeto víctimas de la violencia en esa zona del país, y les llegan sufragios y ramos de flores. Fue ella quien cubrió la primera entrega de restitución de tierras a familias de la vereda El Toco.

“No me iré de aquí y la Policía ya tiene conocimiento del asunto y están evaluando el nivel de riesgo”, aseguró Damaris, quien añadió que dos de sus compañeros amenazados, Katia Ospino y J. J. Daza, cuentan con protección del Estado por amenazas pasadas.

De hecho, Ana María Ferrer, la periodista que hoy está acogiendo a sus colegas para ver qué medidas tomar, estuvo amenazada. Un presunto plan de la banda ilegal los 'Urabeños’ para atentar contra su vida fue indagado por las autoridades.

Así las cosas, el tema es altamente preocupante. Se trata ni más ni menos de una amenaza a la libertad de prensa en una zona minada por grupos al margen de la ley que, a base de intimidación, no quieren que se toquen temas de importancia para el país como la devolución de tierras arrebatadas a la fuerza por los ilegales.

La amenaza se dio seis días después de que el jefe de investigaciones de la revista SEMANA, Ricardo Calderón, sufrió un atentado por investigar temas de corrupción en las Fuerzas Militares. A propósito de este caso, la revista escribió un editorial en su edición impresa que dramáticamente se ajusta a la amenaza de los periodistas en Valledupar.

“A pesar de que los crímenes contra periodistas se han reducido en los últimos años, las amenazas, la intimidación y las presiones indebidas tienen lugar con demasiada frecuencia en Colombia, muchas veces con resultados mortales. La aplastante mayoría de las cerca de 120 víctimas fatales que ha sufrido el periodismo colombiano en los últimos 30 años han sido reporteros de medios regionales, desprotegidos ante las agresiones de guerrillas, paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes y políticos corruptos, que reaccionan con sevicia y plomo ante las denuncias que los ponen en evidencia. Casi todos estos crímenes están en la completa impunidad, como lo están los de otros sectores sociales. Esa impunidad ha sido un incentivo para seguir amenazando o atentando contra periodistas, aunque hace muchos años no lo hacían contra alguien de un medio nacional”, dice el editorial.

“En todos estos actos, ya sean amenazas, atentados u homicidios selectivos, el denominador común es el mismo: impedir que un periodista denuncie una situación o ponga en evidencia un personaje o un grupo. Los ataques contra la prensa tienen un solo objetivo: acallar una voz y apagar una luz que quiere iluminar algún rincón que alguien quiere mantener en la oscuridad”, agregó.

Y es que esta amenaza que tiene conmocionado al departamento de Cesar se da cinco días después de celebrado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, jornada que se vio empañada por las alarmantes cifras de violencia contra reporteros y los altos niveles de impunidad en que se encuentran estos casos.

En lo que va corrido del año, 17 periodistas han sido asesinados por motivos de su trabajo en el mundo, según datos del Comité de Protección de los Periodistas (CPJ). Por su parte, Reporteros sin Fronteras (RSF) registró que el año pasado 88 periodistas y 47 blogueros fueron asesinados.

En conclusión, el caso de los periodistas en Valledupar no es aislado y es necesario no sólo que se tomen las medidas de protección a los comunicadores, sino que se investigue cuál es el grupo armado ilegal que ahora quiere imponer su propia justicia contra los periodistas.