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| 7/18/2015 10:00:00 PM

La amenaza de trastear los votos y la democracia

Pese a las alertas y denuncias, la trashumancia electoral sigue enquistada en la política colombiana. Hay alarma en 150 municipios.

Diferentes autoridades del país han advertido sobre el fantasma del trasteo de votos que amenaza a las elecciones del 25 octubre. El delito de trashumancia (votar en un municipio donde no reside el ciudadano) se volvió común y todo indica que la política colombiana se acostumbró a convivir con esa anomalía.

Hay varias señales de que el problema sigue enquistado: desde hace semanas y desde varios frentes se vienen denunciando irregularidades en ese sentido en todo el país. El propio ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, desde mayo manifestó que “existen síntomas preocupantes” de trashumancia electoral. Luego la alerta provino del registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, quien además de señalar los municipios en riesgo, dijo que “hay algunos que a esta altura tienen dos o tres veces más del número de inscritos de hace cuatro años”.

Como si fuera poco, esta semana el vicefiscal, Jorge Perdomo, remató asegurando que abrió investigación de oficio contra 618 personas, quienes serán escuchadas en interrogatorio por los presuntos delitos de fraude en inscripción de cédula y falso testimonio, que contemplan penas “entre cuatro y 12 años de prisión”.

Las advertencias son tan reales que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) ya tienen en sus despachos 415 denuncias por presunta trashumancia en 285 municipios, es decir, el 25 por ciento de las poblaciones del país. Lo peor es que pueden ser más, pues el proceso de inscripción de cédulas culmina el 25 de agosto. Las regiones donde más se presenta posible trasteo de votos son Atlántico, Santander, Boyacá, La Guajira, Sucre, Bolívar, Magdalena, Valle, Quindío, Casanare y Meta.

Varios políticos consultados por SEMANA coinciden en que el trasteo de votos es el primer paso hacia otro penoso delito electoral: la compra de votos. Y agregan que es tan efectiva la trashumancia para ganar elecciones, que desde hace varios años existe otra manera de aplicarla: el trasteo de votos interurbano.

Ese delito lo explicó hace unos meses con lujo de detalles el senador Armando Benedetti, durante un debate radial en Hora 20, al narrar que en su natal Barranquilla los políticos corruptos obligan a sus electores a inscribir las cédulas en un puesto de votación determinado, diferente a su barrio: “Así lo controlan todo el día de las votaciones; desde el transporte de los electores hasta el conteo de los votos por los que pagaron”.

Las cifras de la Registraduría son elocuentes: Atlántico tiene 22 municipios y en nueve de ellos el total de inscritos ya superó el ciento por ciento de lo registrado en 2011. Hay casos tan alarmantes como el de Campo de la Cruz cuyo porcentaje llega al 214 por ciento, es decir, ya hay 1.074 inscritos, mientras que en 2011 fueron 500.

Otro caso que revela lo que puede significar en un pueblo el aumento irregular de votantes es el del municipio de Florián, Santander. Allí hay 904 nuevos inscritos para las elecciones. Lo peculiar es que para ganar esa Alcaldía al actual mandatario le bastaron 3.518 votos.

Esto demuestra que por insignificante que parezca el fenómeno, trastear votantes da resultados y es un delito que mueve millonarios recursos. Ese aspecto quedó consignado en un informe que en 2014 elaboraron la Misión de Observación Electoral (MOE) y la fundación Foro Costa Atlántica.

Esa investigación, que titularon ‘Elecciones compradas’, advierte que la venta de votos, incluyendo la trashumancia, “movió aproximadamente 20.000 millones de pesos en las elecciones legislativas, solo en el Atlántico”.

Diógenes Rosero, miembro de la fundación, explicó que la mejor forma de comparar el aumento de inscritos no es confrontando los datos con el proceso electoral anterior, “ya que el problema viene en ascenso desde hace muchos años”, sino promediando la tasa de inscritos versus los puestos de votación. “Así encontramos –dice Rosero–, cifras reveladoras. Mientras en Barranquilla la tasa de cédulas nuevas inscritas es de 918; la de Bogotá apenas supera los 376 inscritos, pese a ser una ciudad más grande”.

El tema es tan delicado, que ya existen 156 municipios en Colombia cuyo número de inscritos supera en un ciento por ciento la cifra de 2011. A ello se suma que en varias de esas poblaciones se presenta otro síntoma que evidencia el posible fraude: se trata de aquellos casos en los que el censo electoral, es decir las personas aptas para votar, supera el número de habitantes. Un escenario improbable pues eso significaría, entre otras cosas, que en ese municipio no existen menores de edad.

Desde las elecciones de 2011 el país viene escuchando ese problema en ciudades como Yumbo (Valle) o Puerto Colombia, Piojó, Campo de la Cruz, Juan de Acosta, Suan y Santo Tomás en Atlántico.

Y esa alerta la viene haciendo con ejemplos concretos la MOE y muchos de los casos se denunciaron en las elecciones de 2014. “El más preocupante es el del municipio de Colosó, Sucre, donde según el Dane hay 5.878 habitantes, pero electoralmente hay 6.328 personas hábiles para votar, es decir, hay 450 personas por encima de la población, en la que una parte importante son mujeres y niños”, explicó José Aguilera, observador de la MOE en ese departamento.

Pero no todo es desconcertante. En favor de las autoridades hay que decir que en esta ocasión se percibe interés y consenso por llegar al fondo del problema y castigar a los responsables.

Una señal de ese nuevo enfoque es que tanto el CNE como la Fiscalía reconocen que detrás de ese delito hay verdaderas “estructuras delincuenciales de políticos” y por ello esta vez se siente mayor rigor en las investigaciones. Alejandra Barrios, directora de la MOE, recuerda que hasta la fecha no existe en Colombia una sola condena por el delito de trashumancia.

De ahí que a la Fiscalía le aplauden que quiera judicializar a los que posiblemente inscribieron fraudulentamente sus cédulas, pero solo con el objeto de llegar a los políticos que los patrocinan. El magistrado Felipe García Echeverri, vicepresidente del CNE, coincide en que más allá de revocar la inscripción irregular de cédulas, “se pretende llegar hasta esos grupos al margen de la ley que buscan apoderarse de municipios y departamentos para desfalcar el erario a través de la contratación estatal”.

Frente a esa penosa realidad electoral, el gobierno también actuó y lo hizo hace un mes a través del Ministerio del Interior, cuando puso en marcha el decreto 1294 que da nuevos dientes a las autoridades para frenar la práctica ilegal del trasteo de votos.

En síntesis la norma le abre las puertas a la Registraduría y el CNE para que puedan verificar en tiempo real la identidad de quien inscribe la cédula y a su vez les permite acceder a varias bases de datos de programas asistenciales del Estado y establecer si en efecto hubo cambio de domicilio o se trata de un caso de trashumancia.

El artículo más llamativo es el que faculta a la Registraduría para que en el mismo instante que el ciudadano inscribe su cédula, consulte las bases de datos del Sisbén, Fosyga, las agencias para la Pobreza Extrema y la Unidad de Víctimas.

Mientras esas investigaciones llegan a buen puerto, todo apunta a que en las próximas elecciones el fantasma del trasteo de votos seguirá rondando y una vez más la democracia colombiana será burlada por muchos políticos corruptos.
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