Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2002/04/22 00:00

La batalla contra el terror

En la nueva guerra contra el terrorismo se está logrando más de lo que se cree. Pero falta pensar y diseñar una estrategia de seguridad nacional para enfrentar semejante desafío con éxito.

La batalla contra el terror

El general Jorge Castro, comandante de la Policía de Bogotá, no se desconecta ni un minuto. Está siempre ocupando uno de los dos celulares, el radiotransmisor, los tres teléfonos y el citófono en su escritorio. Por el radioteléfono le llega el anuncio de que han encontrado una camioneta Renault 12 sospechosa cerca de la 100 con séptima; que su color no corresponde con el que registra en la base de datos y que los vecinos están alarmados pues desconocen a su dueño. Segundos después, por el celular le avisan que dos sospechosos acaban de registrarse en un hotel del norte. Y a su oficina entra un subalterno con la noticia de que acaban de encontrar un camión con pólvora en el occidente de la ciudad. El general rápidamente da la orden de que averigüen dónde cargó la pólvora para ir al lugar.

El comandante de la Policía bogotana además está en permanente contacto con sus colegas del Ejército en la V División y en la V Brigada, con la Fiscalía, el DAS y la oficina de seguridad del alcalde Antanas Mockus. Desde que se desató la amenaza terrorista este equipo ha cerrado filas: ahora se reúnen tres veces por semana y mantienen comunicación constante.

Este trabajo mancomunado y la colaboración de la ciudadanía han sido la clave para que Bogotá haya evitado una ofensiva terrorista de considerables proporciones. Desde enero de este año se encontraron en la ciudad dos toneladas del explosivo superanfor en el barrio El Velódromo, 600 kilos de otro explosivo llamado benclo en Ciudad Kennedy. Allí mismo se detectaron 10 cilindros y tres kilos de pentolita (otro explosivo). A finales de febrero se decomisaron 2.300 detonadores y 10.000 metros de cordón detonante y un poco después se detonó una bomba de 25 kilos de superanfor en Ciudad Bolívar. Durante la semana de terror del 8 de abril las autoridades impidieron que estallaran dos cilindros que iban dirigidos contra instalaciones de la Presidencia en el centro y varios petardos.

Claro está que las no-bombas hacen menos ruido que las bombas, y de ahí que mucha gente pueda tener la sensación de desprotección, de que el terrorismo puede llegar hasta donde le provoque sin que nadie lo detenga. Y es que hay además una paradoja: el terrorismo es exitoso también cuando no lo es, porque aunque los atentados fracasen cunde el miedo por el solo hecho de que se sepa de su intención. De ahí el tamaño del desafío de las autoridades frente a la nueva ola de terrorismo urbano de las guerrillas —y de otros que puedan querer aprovechar el caos para desestabilizar—.

No solamente tienen que garantizar la seguridad de los ciudadanos ante un enemigo cobarde y que ataca por sorpresa en cualquier lugar. Además tienen que evitar que su impacto sicológico en la sociedad logre su objetivo de generar pánico. Por último, tienen el deber de proteger a los buenos ciudadanos e impedir que en su búsqueda del enemigo terminen pagando justos por pecadores.

Como dijo el general Francisco René Pedraza, comandante de la III Brigada en Cali a SEMANA: “Los movimientos subversivos intentan demostrar que el Estado es débil. La encrucijada es difícil porque para combatir el terrorismo el Estado debe tomar medidas represivas y cuando esto sucede el Estado pierde su carácter democrático”.



La gran marcha

Las dificultades son grandes y ha habido errores graves. No haber podido impedir el plagio masivo de diputados de la Asamblea del Valle del Cauca es algo que la ciudadanía no se explica todavía, cuando el convoy de secuestrados y secuestradores pasó por medio Cali a plena luz del día.

“La actitud de todos los que tenían que estar en el sector y quienes debían haber hecho presencia no fue la oportuna para haber logrado contrarrestar la acción dentro de la ciudad”, explicó el general Pedraza, comandante de la brigada militar con sede en Cali.

El atentado contra el candidato presidencial Alvaro Uribe Vélez hace dos semanas tampoco deja bien paradas a las autoridades. Y los petardos que causaron varias víctimas en Cartagena el viernes pasado también muestran fallas graves en la seguridad tratándose de la principal ciudad turística del país. No obstante, es importante tener en cuenta que los ataques fallidos han sido más numerosos que los exitosos, aunque hayan tenido, por supuesto, menor resonancia. Como lo informó el comandante del Ejército, general Jorge Enrique Mora, en rueda de prensa el jueves pasado, entre el primero de enero de este año y el pasado 17 de abril las Fuerzas Militares lograron desactivar 27 carros bombas y cinco petardos en diferentes zonas del país. Evitaron 12 atentados contra la infraestructura vial, seis contra la energética, ocho contra la población civil y dos asaltos a municipios. La Policía Nacional ha evitado otro tanto: ha desactivado 87 artefactos explosivos en lo que va del año y ha incautado 99 kilos de dinamita, 231 detonadores y 82 metros de cordón detonante.

En materia de secuestro las cifras son muy alentadoras. En 2001, de los 3.041 secuestrados que reportaron a las autoridades —una cifra menor que la de 2000— fueron rescatados 697 sanos y salvos. De las 5.205 denuncias de extorsión que hicieron los ciudadanos ante los Gaula en los años 2000 y 2001, esta entidad logró capturar a los delincuentes en la mitad de los casos y en el 40 por ciento su presión hizo que terminara la extorsión. “Una efectividad del 90 por ciento ante las denuncias de extorsión demuestra que estamos teniendo un impacto grande en una de las principales fuentes de financiación de la subversión”, dijo a SEMANA el coronel Carlos Joaquín Arévalo, al mando de los Gaula del Ejército. En 2001 se evitó que las víctimas de extorsión pagaran 572.000 millones de pesos, una cifra que contrasta con el presupuesto de 15.000 millones que tuvo toda la lucha estatal contra el secuestro en ese año.



Las debilidades

Los logros en algunos sectores o en algunas ciudades del país en la lucha contra el terrorismo se han debido a varios factores. El primero, a que existe una mayor colaboración entre las distintas instituciones, en las que hay rivalidades de vieja data. Así, por ejemplo, en Medellín, la reciente alianza entre Policía y Ejército está robándole territorio a las milicias y bandas de guerrillas y paramilitares. (ver artículo p. 60). Y en Bogotá la Fiscalía está acudiendo con rapidez a los operativos de allanamiento, destinando hasta 130 de sus agentes para apoyar las labores de Ejército y Policía. Esta colaboración entre instituciones, que parece tan normal, no es común a todas las ciudades del país y las mismas autoridades reconocen que aún falta mucho por hacer en este terreno.

El otro factor que ha sido clave para frenar los planes terroristas es el de la colaboración de la ciudadanía. Está denunciando a tiempo los secuestros y gracias a ello en 2001 el 76 por ciento de los que se frustraron fue en las siguientes 24 horas del hecho. Más ciudadanos están denunciando la extorsión; las denuncias de este delito crecieron un 34 por ciento en los últimos dos años. Más ciudadanos están llamando a las autoridades cuando ven carros, movimientos o personas sospechosas. En Bogotá, en las últimas semanas, ha habido un promedio de 50 llamadas diarias a los números de la Policía denunciando cuestiones sospechosas. De éstas, sostiene el general Castro, por lo menos cinco han resultado en hallazgos de materiales o personas involucradas en actividades delincuenciales.

En las grandes ciudades se denuncia más porque la gente tiene más confianza en las autoridades, pero también porque guarda mejor su anonimato. En las intermedias y pequeñas la cosa es a otro precio porque guerrillas o paramilitares siembran el terror. Pocos se atreven a denunciar. Y, a veces, si lo hacen, las autoridades no acuden con prontitud.



Lo que falta

La amenaza terrorista que han desatado las Farc luego de la ruptura de los diálogos el 20 de febrero pasado es enorme. Según las autoridades, éstas pretenden atacar prioritariamente unidades de la Fuerza Pública —como lo atestiguó el carro bomba desactivado en Medellín la semana pasada, destinado a destruir la IV Brigada del Ejército—; centros de gobierno nacional y municipal; infraestructura vial y de transporte; torres de energía y, últimamente, le han añadido a su macabra lista de destrucción de la riqueza colectiva el ataque a torres de telecomunicaciones y acueductos. Además tienen en mente seguir acumulando secuestrados políticos para canjearlos por sus guerrilleros presos, como lo ratificaron en su último comunicado público del pasado 19 de abril.

Por eso no es posible pensar que se pueda enfrentar semejante desafío al ritmo actual. Se requieren medidas más agudas y eficaces en varios órdenes: legal, presupuestal, de gestión y en materia de inteligencia.

Por eso cayó como baldado de agua fría la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la Ley de Defensa y Seguridad que había sancionado el gobierno Pastrana. Muchos tildaron a los magistrados de “marcianos” que seguían cuidando los derechos del hombre en abstracto, cuando las Farc estaban violando todos los derechos de los colombianos en concreto y se necesitaban instrumentos jurídicos con más dientes para combatirlas.

Dicha ley 684 de 2001 pretendía organizar y actualizar la extensa legislación antiterrorista colombiana (casi 20 leyes y decretos que de alguna manera regulaban este crimen y a sus víctimas) y crear un sistema de defensa y seguridad organizado con prioridades y objetivos. Le daba un mayor poder al Presidente de la República en materia de orden público y contenía normas que subordinaban el poder civil al militar en los teatros de operaciones y le daban funciones de policía judicial a los militares en algunos casos excepcionales. Así mismo otorgaba soporte legal a un nuevo Estatuto Antiterrorista.

Según uno de los magistrados ponentes de la sentencia de la Corte que tumbó la Ley —dicho sea de paso cayó en su integridad, por su espíritu y no sólo algunos artículos— ésta pretendía que el ciudadano quedara en la obligación de movilizarse para defender el orden público con consecuencias penales si no lo hacía. Eso iba en contra del Estado de derecho pues es el Estado el que debe defender al individuo y, si bien le puede pedir solidaridad, no puede obligarlo a reemplazarlo en sus funciones. Por otro lado, la Corte señaló que la Ley 684 no respeta la separación de poderes y pone al Ejecutivo y al Presidente a la cabeza de los otros. Por último, la ley viola las normas del Derecho Internacional Humanitario aprobadas por Colombia, que buscan sacar a la sociedad civil del conflicto armado y no involucrarla.

“La ley estaba estructurada sobre la base de que hay un enemigo, que puede ser de cualquier orden: político, religioso o ideológico. Es una definición tan amplia que podría caber cualquiera que definiera el Presidente y eso viola a todas luces el principio del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución”, dijo el magistrado Eduardo Montealegre, ponente del fallo de la Corte.

En suma, la ley tenía una postura más ideológica que pragmática, y si bien avanzaba en el ordenamiento de una política de seguridad nacional, todavía tenía muchos vestigios de los postulados de la guerra fría. Posturas más modernas, como la que aduce la Corte, conciben la seguridad como una política para proteger al ciudadano y no para controlarlo. Las guerrillas se han aislado de la población, están inmersas cada vez más en el camino de ganar por la vía del terror y cada vez menos por la vía política de la convicción. Por eso se necesitan más normas prácticas que permitan perseguir con mayor eficacia a los terroristas, sean de la ideología que sean.

Es más, la legislación europea castiga con mayor dureza a aquel que cometa actos terroristas a nombre de objetivos políticos que a aquél que lo haga por razones puramente delincuenciales.

“El terrorismo, lejos de representar la voluntad popular, desprecia las libertades individuales y colectivas, socava el fundamento mismo del orden jurídico y significa la radical negación de la soberanía popular”, dice la legislación española contra el terrorismo. Y la italiana perdona a quien repudia “la violencia como medio de lucha política”.

SEMANA hizo un sondeo entre dirigentes políticos y militares y encontró siete recomendaciones prácticas que mejorarían la fortaleza del Estado para luchar contra el terrorismo urbano:

* Castigar con penas que no sean excarcelables el uso ilegal de armas y de prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. “Eso nos facilitaría más el trabajo que tener 10.000 hombres nuevos”, dijo el general Fernando Tapias, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (ver recuadro en el que el general Tapias hace un balance de la guerra contra la guerrilla).

* Controlar el comercio de insumos agrícolas, como el nitrato de amonio, que sirven para fabricar explosivos y hoy circulan libremente.

* Controlar la venta de teléfonos celulares para que se pueda saber exactamente dónde viven y quiénes son las personas que los usan. Hoy, según fuentes del Ministerio de Defensa, muchos delitos se planifican y llevan a cabo por celular y no es fácil ubicar a sus dueños pues las ventas se hacen sin mayor control y ninguna autoridad exige a los usuarios presentar los carnés de identidad. Llama la atención que, por ejemplo, los grupos de autodefensas sí lo hagan rigurosamente con los habitantes del sur de Bolívar.

* Colombia necesita mejores equipos de interceptación de teléfonos satelitales. Al parecer sólo hay un equipo que tiene la Policía y la guerrilla planea muchas operaciones y transacciones por esta vía sin que las Fuerzas Militares puedan conocerlas.

* Se requiere una legislación que, como la inglesa, persiga en detalle las finanzas de los grupos armados ilegales y el lavado de dinero que muchos de sus cómplices hacen en las grandes ciudades. Que se sepa, en dos ocasiones, por ejemplo, las autoridades colombianas han detectado cuentas multimillonarias de la guerrilla en Rusia y Panamá y no han podido congelar los fondos.

* Se requiere atraer funcionarios y expertos del sector privado para que apoyen a la Fuerza Pública en aspectos que exigen alta especialización, como el seguimiento a las finanzas o la gerencia logística.

* Se requiere una tarea más eficaz en inteligencia para que las distintas fuerzas del Estado superen la competencia institucional, compartan información y elaboren prioridades para capturar a las cabezas de los grupos guerrilleros y de autodefensas. Se ha avanzado en este campo, según los expertos, sobre todo en la lucha contra el secuestro, pero todavía falta mucho por hacer.

* Se requieren más recursos, pues con los que cuentan hoy algunas instituciones están haciendo verdaderas proezas en materia de seguridad. Bogotá, con ocho millones de habitantes, tiene apenas 1.200 policías por turno en servicio y los Gaula solamente tienen de presupuesto este año 9.000 millones de pesos para luchar contra los dos delitos que quizá hoy tienen más frenada la inversión y la confianza en el país: el secuestro y la extorsión.

Más allá de estas recomendaciones puntuales, que facilitarían mucho el trabajo de la Fuerza Pública en la protección de los ciudadanos frente al terrorismo, muchos expertos consultados por SEMANA coinciden en que se necesita una política que redefina la seguridad nacional y que trace unas directrices para todo el Estado. No sólo se necesitan Ejército y Policía con mayores recursos y personal para combatir las guerrillas o las autodefensas, se necesita una justicia que los juzgue y unas cárceles seguras donde, sino se regeneran, por lo menos no puedan seguir delinquiendo.

Un solo ejemplo muestra cómo esto no está funcionando. De 2.220 casos de delincuentes capturados por secuestro —la mayoría en flagrancia— que los Gaula presentaron a la justicia y le hicieron seguimiento, según ellos, 1.746 fueron investigados, 434 pasaron a instrucción, 26 fueron juzgados y 14 condenados. Es decir, que la justicia apenas condenó al 0,3 por ciento de los capturados. ¡Aunque haya habido errores en las capturas no pudieron jamás ser tantos!

Luchar contra el terror no es nada fácil. Basta ver a los ingleses, los israelitas y a los mismos estadounidenses. Se está haciendo mucho con pocos recursos, y reconocerlo es empezar a ganar la batalla contra la sensación de desprotección que pretenden los terroristas generalizar y triunfar sobre la desazón. Pero falta mucho más por hacer, mucho, en normas, en recursos, en gestión institucional y en políticas integrales que pongan la responsabilidad sobre más hombros que los de la Fuerza Pública. Sin embargo hay que tener la claridad de que protegiendo a los ciudadanos es como se gana su apoyo y, al fortalecer el Estado para defender legítimamente la democracia, no se puede sacrificar esta última. Ese es el desafío.



Resultados operacionales de la Fuerza Pública del último trimestre (Ministerio de Defensa)

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