LA BATALLA DE SU VIDA

LA SEMANA PASADA, LA Fiscalía General confirmó el auto de detención contra Fernando Botero y con ello la opinión supo que está acusado de dos cargos: falsedad ideológica en documento privado y enriquecimiento ilícito en favor de terceros. Como estos cargos son tan diferentes, sus abogados consideran que no tienen un pleito sino dos. La falsedad ideológica en documento consiste simplemente en no decir la verdad en un documento. Las cuentas presentadas por la campaña al Consejo Nacional Electoral y a la Veeduría del Tesoro tenían que ajustarse a un tope de 4.000 millones de pesos. La campaña costó mucho más del doble y por lo tanto, para ajustarse a los requisitos legales, todos los gastos que se hicieron por encima de este límite quedaron por fuera de los informes que la campaña presentó a los organismos electorales. Mantenerse bajo ese tope de 4.000 millones de pesos era uno de los requisitos para que las campañas presidenciales recibieran financiación estatal. Esta modalidad se estrenó en el país en las elecciones de 1994 y por ello no había experiencia en el manejo de esas normas.
En circunstancias normales, volarse un tope de esta naturaleza podría constituir solamente una irregularidad administrativa sin connotaciones penales. En un país donde prácticamente todas las declaraciones de renta y todos los balances son objeto de cierta manipulación, para no incluir en ellos de manera completa la verdad patrimonial y financiera de las personas, que las cuentas electorales se manejen igual no escandaliza. Sin embargo, como por cuenta de esta contabilidad la campaña obtuvo, pasadas las elecciones, fondos del Estado por más de 700 millones de pesos, el asunto adquiere gravedad y se vuelve penal.
Ante este cargo, Fernando Botero tiene bastantes defensas. En primer lugar, no firmó las cuentas. Esa labor correspondió a Juan Manuel Avella, director administrativo de la campaña, y a Alfonso Escobar, revisor fiscal. Seguramente ellos van a argumentar que todo lo hicieron en cumplimiento de órdenes de Botero, quien se desempeñaba como director nacional de la campaña. La providencia donde se confirma el auto de detención del ex ministro de Defensa señala que los testimonios de Santiago Medina, Juan Manuel Avella, Jorge Valencia Jaramillo y Fernando Corredor coinciden en que Botero fue "el principal artífice del montaje de toda la estructura de la organización administrativa, financiera y contable de la campaña". Habrá que ver quién resulta ser el responsable para el juez, si el "principal artífice" o quien firmó la contabilidad. Botero argumentó ante la Fiscalía que la organización administrativa que él puso en práctica era "descentralizada y horizontal", con plena autonomía de los funcionarios encargados de cada una de las áreas de la campaña. En otras palabras, que si algún funcionario que se encontraba por debajo de él en el organigrama cometió una irregularidad, el director general de la campaña no puede ser responsable por esa decisión. Algunos penalistas consultados por SEMANA argumentan que el jefe de una organización puede ser responsable de todo en el campo administrativo, pero no en el campo penal.
Los abogados de Botero consideran que aunque el juez interpretara que el superior es responsable penalmente, tampoco habría caso para falsedad ideológica en documento privado. Consideran que el delito de falsedad ideológica está limitado al documento público y que si se fuera a aplicar a los documentos de carácter privado, prácticamente todos los balances y declaraciones de renta entrarían en esta categoría.
La verdad es que en materia contable la campaña fue manejada como se han conducido tradicionalmente todas las campañas en Colombia. Lo que sucede es que nunca hasta ahora una campaña había sido objeto de un escrutinio tan exhaustivo como ésta. Si la campaña de Andrés Pastrana fuera sometida a lo mismo, es seguro que se encontrarían irregularidades muy parecidas, pues según afirmación del ex veedor del tesoro Jorge García Hurtado, la campaña azul también superó el tope de los 4.000 millones de pesos.
Sea como sea, el cargo de falsedad en documento privado tiene una pena de uno a seis años de cárcel, con la ventaja de que en algunos casos es excarcelable. Por lo tanto, si fuera el único delito del cual estuviera acusado Fernando Botero, no tendría que estar en la cárcel durante el juicio y aun siendo condenado podría obtener una libertad condicional sujeta a presentaciones periódicas.

LO MAS GRAVE
El cargo de falsedad en documento es menor frente al otro que pesa sobre Fernando Botero: enriquecimiento ilícito. Este es un delito que sólo se configura, en el caso de los particulares, cuando los recursos que causan el enriquecimiento provienen del narcotráfico. Tiene su origen en un decreto de Estado de sitio expedido el día del asesinato de Luis Carlos Galán, que ha sido objeto de bastante controversia jurídica. El artículo pertinente, que se volvió legislación permanente en 1991, dice: "El que de manera indirecta o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado derivado, de una u otra manera, de actividades delictivas...". La pena por este delito es de cinco a diez años y, a diferencia de la falsedad en documentos, no es excarcelable. El acusado es objeto de detención preventiva desde la indagatoria y hasta que termine el juicio, y es esta medida la que mantiene al ex ministro en la Escuela de Caballería.
Según algunos penalistas consultados por SEMANA, para la Fiscalía va a ser más difícil probar este cargo que la falsedad en documento. La principal prueba que tiene la Fiscalía es el testimonio de Santiago Medina según el cual, con el conocimiento de Fernando Botero, la campaña habría recibido 4.000 millones de pesos en efectivo del cartel de Cali para la segunda vuelta. Medina aportó comprobantes de gastos por esa cifra. Dos mil setecientos treinta y cuatro millones fueron girados a los tesoreros regionales en los diferentes departamentos. Cada uno de ellos firmó un recibo por el envío del dinero. Medina menciona igualmente los 190 millones de pesos cancelados a Mauricio Montejo, proveedor de publicidad de la campaña, a quien le pagó en efectivo Alberto Giraldo, relacionista del cartel de Cali. Con otros pagos, Medina logró justificar los 4.000 millones de pesos que afirma fueron recibidos.
Por otra parte, el ex tesorero denunció la existencia de una cuenta en el Chase Manhattan Bank en Nueva York, que habría sido utilizada por Botero para captar recursos supuestamente ilícitos en el exterior y traerlos a Colombia. Contrario a lo que se ha afirmado, Fernando Botero negó la existencia de dicha cuenta. Reconoció en e cambio que él posee cuentas personales que nada tuvieron que ver con la campaña. En cuanto a la traída a Colombia de un millón de dólares para la campaña, el ex ministro manifestó a la Fiscalía que la mayor parte de ese dinero provino de una donación legítima del grupo Santo Domingo. Igualmente señaló que empresas tradicionales como la Federación de Cafeteros y la Mitsubishi contribuyeron a la campaña con recursos en el exterior.
Haciendo un balance de todo lo anterior, la situación jurídica es la siguiente: hay 5.000 millones de pesos no registrados en la contabilidad oficial de la campaña, que según Medina son del narcotráfico, pero que nadie sabe a ciencia cierta de dónde salieron. En términos jurídicos, el hecho de que no se pueda explicar el origen de unos recursos no significa automáticamente que estos provengan del narcotráfico. Mientras no se pruebe su origen, estos gastos no registrados configuran solamente una contabilidad parcial que la Fiscalía ha considerado como posible prueba de la falsedad ideológica en documento privado.
Para que de esa situación se derive una acusación de enriquecimiento ilícito, se requiere demostrar no sólo que el origen de los recursos es el narcotráfico sino que esos dineros sirvieron para incrementar el patrimonio de una persona natural o jurídica. La gran pregunta es si una campaña electoral es una persona jurídica. La Fiscalía afirma que sí puesto que es un ente que tiene que recibir el visto bueno del Consejo Electoral y porque tiene otras características de las personas jurídicas como el hecho de que puede ser multada. Prueba de lo anterior es, según la acusación, que en el propio Código de Etica promulgado por Samper cuando lanzó su candidatura, se habla del "patrimonio de la campaña".
Algunos penalistas consultados por SEMANA no consideran automática esta interpretación. Para ellos, una campaña electoral es solamente una empresa política. Es decir, la suma de una serie de actividades con un fin político. Por lo general el núcleo de una campaña política es una fundación, que en este caso se denominó Asociación Colombia Moderna, cuyo representante legal era Fernando Botero. Pero el concepto de campaña y el de fundación no son necesariamente asimilables, y estos penalistas alegan que mientras una campaña política no tenga como tal personería jurídica, no se puede utilizar el concepto de patrimonio ni, por ello mismo, el de incremento patrimonial.
Pero si en aras de la discusión se acepta que la campaña tiene personería jurídica y se logra probar que los recursos a los que hace referencia Medina son de los hermanos Rodríguez Orejuela, no es seguro que esto sea suficiente para una condena a Fernando Botero. Esto obedece a dos factores. En primer lugar ninguno de los Rodríguez Orejuela ha sido condenado por narcotráfico en Colombia. Y en estricto derecho, la calificación de "dinero ilícito" no depende ni de la reputación de quien lo tenga ni del conocimiento público de sus actividades delictivas, sino de fallos jurídicos sobre las mismas.
Y como si todo esto fuera poco, algunos penalistas consideran que existe una interpretación aún más radical sobre qué son "dineros ilícitos", incluso si se da por aceptado que los Rodríguez hubieran sido condenados como narcotraficantes. Como el decreto sobre enriquecimiento ilícito fue expedido en 1989, y la l;ey no es retroactiva, algunos penalistas consideran que todo dinero obtenido con anterioridad a esta fecha no podría ser considerado mal habido. Los hermanos Rodríguez Orejuela eran multimillonarios mucho antes de 1989, como propietarios de varios negocios legítimos como Drogas La Rebaja. Por lo tanto, aun si se demuestra, con una sentencia, que los recursos les pertenecían, es difícil establecer si son provenientes del narcotráfico o de sus actividades legales de vieja data.
Todas estas disquisiciones pueden ser consideradas simples tecnicismos jurídicos ante la evidencia de los hechos. Sin embargo la aplicación del derecho penal es restrictiva y es seguro que durante un juicio todos estos argumentos van a ser invocados por los abogados defensores.
¿Cuánto tiempo entonces podría pasar Botero en la cárcel? Dentro de 180 días, la Fiscalía tendrá que decidir si se justifica un juicio o no, y en tal caso tendrá que proferir una acusación concreta. Si lo considera inocente quedaría libre en ese momento. De lo contrario, permanecería en la cárcel hasta el final del juicio. Es previsible que el caso llegue hasta la etapa del juicio, pues la decisión está en manos de las mismas personas que en la Fiscalía consideran que hay suficientes indicios serios para haber justificado la detención del exministro.
El juicio a Fernando Botero probablemente comenzaría a principios del año entrante. Su duración podría ser de alrededor de un año. Por lo tanto la primera posibilidad que tendría de salir de la cárcel sería en 1997. No es imposible que a él mismo le interese prolongar el proceso para que todo este asunto sea definido cuando haya pasado la tormenta política que hoy caracteriza el asunto.
¿Cuál será su situación cuando salga? Si resulta exonerado de los dos cargos, habrá pasado unos dos años en la cárcel pero será considerado como el chivo expiatorio de todo el escándalo de la financiación de la campaña. No habrá perdido ninguno de sus derechos políticos y seguramente se meterá de lleno a la actividad proselitista, con la simpatía nacional de haber sido víctima de una injusticia. Si es exonerado del cargo de enriquecimiento ilícito de terceros y condenado por el cargo de falsedad ideológica en documento privado, podría salir de la cárcel al final del juicio pues la falsedad en documento permite la aplicación de la libertad condicional. En ese caso quedará inhabilitado para hacer política pero habrá derrotado, en lo que a él se refiere, el fantasma de dineros calientes que ronda este episodio. Pero si lo condenan, podría pasar cinco o más años en la cárcel, pues parece claro que el ex ministro está dispuesto a cumplir la totalidad de su condena antes que negociar una rebaja de penas a cambio de la confesión de su culpabilidad. Por una razón simple: porque Fernando Botero siempre ha insistido en su inocencia.