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| 1/10/1994 12:00:00 AM

La batalla del celular

Esta semana se presentan las propuestas para la licitación de la telefonía celular, en la que participan los principales empresarios del pais. ¿En qué consiste? ¿Qué está en juego? ¿Cómo escogerá el Gobierno a los ganadores?

POCAS VECES LOS GRANDES EMPRESARIOS de Colombia han estado tan nerviosos. Después de 40 meses de tropiezos y bandazos, finalmente a las 4 y 30 de la tarde de este martes, cuando se venza el plazo para la entrega de las propuestas de los participantes en la licitación de la telefonía celular, la suerte de este proceso, en el cual prácticamente todos ellos están involucrados, estará echada. Si todo sale bien, la adju- dicación se hará en seis semanas y los colombianos podrán comen- zar a disfrutar del nuevo servicio a partir de abril.
Pero lo que falta, la batalla final del proceso, no tendrá una solución fácil. Miles de millones de pesos están en juego. Los principales grupos empresariales y medios de comunicación del país intervienen en la licitación. Se han asociado con algunas de las más poderosas multinacionales del sector de las telecomunicaciones en el mundo. Aparte de los ricos colombianos, participan en el proceso inversionistas estadounidenses, ingleses, españoles, mexicanos, venezolanos, canadienses y chilenos. Puede que por su monto no sea la licitación más grande de la historia del país, pero sin duda es aquella en la cual más intereses nacionales y foráneos han estado en juego.
Por todo esto, si los empresarios están nerviosos, el Gobierno no lo está menos. Y lo ha estado desde el comien- zo. Para empezar, le ha tocado sortear muchos problemas jurídicos. Demandas, fallos del Consejo de Estado, y de- bates en el Congreso y en los propios medios de comunicación han acompañado el tema celular desde que arrancó. Aun en estos momentos, cuando la licitación entra en tierra derecha, no se sabe si se podrá adjudicar, pues pesan contra ella por lo menos dos demandas.
El primer problema con que se tropezó el Gobierno fue que varios artículos del decreto 2.824 de 1991, norma que dio la largada a esta carrera, fueron tumbados por el Consejo de Es- tado. El principal era el que autorizaba la inversión extranjera en las empresas celulares. Pero como sin tecnología in- ternacional era absolutamente imposible establecer el servicio, la única solución fue ir al Congreso y sacar una ley que subsa- nara el escollo jurídico. Esto retrasó el proceso un año.
El Congreso dictó la Ley 37 de 1992, que permitió la in- versión extranjera, pero no pudo abstenerse de meterle un poco de populismo a la cosa. Los congresistas quisieron darle un contenido social al nuevo servicio y fue así como decidieron incluir un artículo que les exige, a quienes resulten favorecidos con la adjudicación del celular, garantizar la prestación del servicio en los municipios más pobres del territorio nacional. Este propósito -noble, sin duda- contrasta con la evidencia internacional de que el celular es más bien un servicio de lujo, destinado a usuarios de gran poder adquisitivo, localizados generalmente en los grandes centros urbanos. Pero sea como sea, la ley 37 salvó el celular. Incluso encareció los presupuestos de inversión. "De inmediato, los aspirantes a operar el celular debimos rehacer nuestros cálculos, pues la obligación de llevar el servicio a las zonas apartadas, y de hacerlo en la práctica a pérdida, aunmentó los costos de inversión", le dijo a SEMANA el vocero de una de las firmas licitantes.
Los GRUPOS SE CONFORMAN
El Gobierno estaba convencido de que la mejor fórmula era que todos los proponentes presentaran sus documentos, con el fin de que se les comparara entre sí desde el punto de vista téc- nico y de su solidez financiera, para escoger como ganadores a los mejores.
El país fue dividido en tres zonas de operación del servicio: Bogotá y la región oriental; Medellín, Cali y el occi- dente, y la Costa Atlántica. Por ello no habría uno, sino tres premios: uno gordo -el de la zona oriental-, y dos secos - la zona occidental y la Costa-. Esto le permitiría al Gobierno favorecer con la adjudicación a cuando menos tres de los grupos participantes.
Con ese marco de adjudicación los interesados comenzaron a reunir los ingredientes de la receta que cada grupo debía mezclar para colocarse en la mejor posición posible. Para satisfacer las exigencias técnicas y financieras de la licitación, cada grupo se integró por lo menos con dos elementos: un operador internacional experimentado, que garantizara la calidad del servicio, y uno o varios empresarios colom- bianos -o en algunos casos de Venezuela y otros países del área-, de gran capacidad de inversión y cuyo prestigio y respetabilidad aportaran puntaje y good will.
A estos dos componentes se les sumaron, en la mayoría de los casos, uno o varios accionistas de los princi- pales medios de comunicación del país. En ninguna parte de las normas dictadas por el Gobierno aparecía la exigencia de que entre los accionistas hubiera dueños de medios. Pero varios de los grupos pensaron en incluir inversionistas de las empresas de periodismo y comunicación, con la idea no sólo de respetar una tendencia universal que lleva a los medios a extender sus inversiones hacia el sector de las te- lecomunicaciones, sino, como le dijo a SEMANA un asesor de una de las companías licitantes, "convencidos de que los medios tienen una influencia que el Gobierno no desprecia y, por el contrario, valora a la hora de adjudicar".
Poco a poco se fueron conformando los grupos y parecía que nadie se quería quedar por fuera.
El Grupo Santo Domingo se alió con la compa- ñía Mc Caw Cellular, en un matrimonio entre el mayor conglomerado del país y la compañía celular más grande del mundo, que posteriormente fue comprada por la multinacional ATT por 12 millones de dólares. Esta compañía fue bautizada como Celu- móvil de Colombia. Con más o menos los mismos socios, Santo Domingo creò una segunda compañía, Celumóvil de la Costa, para competir por esa región.
· La Organización Ardila Lülle también estaba preparándose. Contrató expertos y creó un departamento es- pecializado en el asunto. Sin embargo, hace poco más de un año Carlos Ardila decidió comprometer grandes inversiones en una cervecería y abandonó la idea del celular. Meses después, no obstante, Luis Carlos Sarmiento habría de convencerlo de unirse a su grupo, con una participación del 9,9%, una inversión sin duda simbólica para un grupo como el de Ardila. En todo caso, para quien no es simbólica su inversión es para Sarmiento, el principal banquero del país, quien, además de Ardila, se asoció con la poderosa Telefónica de España como operador. Se creó así la Compañía Celular de Colombia (Cocelco).
· El siguiente peso pesado en interesarse fue el diario El Tiempo, que se alió con Oswaldo Cisneros -elzar del celular en Venezuela-, con la familia Pérez Norzagaray y con el grupo santandereano de Vanguardia Liberal, de la familia Galvis. El operador internacional es la Bell South, otra de las gran- des de Estados Unidos. La nueva firma nació con el nombre de Movicel.
· Pero si hubo alianzas de grandes, también las hubo de medianos.
Los grupos De Lima y Diners se unieron a un grupo numeroso de pequeños inversionistas, integrado, entre otros, por accionistas de los noticieros QAP, 24 Horas y Criptón, y empresarios como Victor Perlman y Carlos Haime. La idea de este grupo era presentar un frente más democrático que los otros, por lo cual gran parte de sus socios posee apenas un 1% . Además de jugarle a la estructura democrática, se jugaron una carta regional al asociarse con una multinacional mexicana de nombre lusacell, que, en medio del proceso, comenzó a vender la mitad de sus acciones a otra grande de Estados Unidos, Bell Atlantic. La compañía se conoce como Telecel.
· También se armó un grupo, llamado Telecelular, alrededor de la multinacional Motorola y del operador de larga distancia estadounidense Sprint.
A él se juntaron siete inversionistas co- lombianos: Pedro Gómez Barrero, el grupo Colpatria, la familia Echavarría, la familia Espinosa, el grupo Mazuera, Alvaro Mac Allister y Felipe López.
· Otro grupo con estructura democrática es Nacel. Lo lidera el prestigioso grupo de inversiones Selecta, que incluye a los grandes de la construcción en Colombia, instituciones como la Federación de Cafeteros y empresarios como Hernan Echavarría Olózaga. Se le sumaron el publicista Jorge Arenas Lamus, el mayor accionista individual colombiano, y la operadora inglesa Vodaphone.
· El último en integrarse fue Servicelular, alrededor de la familia Cano, propietaria del diario El Espectador y el Banco Ganadero, contando como operador internacional a la compañía estadounidense Vanguard Cellular.
Estas ocho empresas compiten por una de las dos bandas que operara el servicio en cada una de las tres re- giones, pues, para garantizar la existencia de competencia, el Gobierno estableció una banda para privados y una para empresas mixtas, de tal modo que en cada región habrá dos ope- radores en competencia: el privado y el mixto. La situación de las empresas mixtas es la siguiente: para la zona de Bogotá y el oriente, se juntaron Telecom y las empresas de teléfonos de Bogotá, Bucaramanga, Girardot, Tolima y Huila, con la poderosa Bell Canada como operador; para la zona oc- cidental de Cali y Medellín, se juntaron las empresas telefónicas de esas dos ciudades, las de la zona cafetera e inversionistas de la talla del sindicato antioqueño y el grupo Carvajal, con la multinacional Cable and Wireless; en cuanto a la Costa Atlántica, se unieron las telefónicas de la región y algunos inversionistas privados con la firma Millicon.
Como son tres zonas y cada una cuenta con una empresa mixta para la banda respectiva, desde un principio se dio por descontado que cada una de las mixtas se quedaría con su respectiva región. Por tanto, la incertidumbre se limitó de entrada a las ocho empresas privadas que tendrían que pelear- se los tres cupos de la banda privada en las zonas oriental, occidental y costeña.

DEL CONCURSO DE BELLEZA A LA SUBASTA
Pero fueron tantos los grandes empresarios privados y los medios de comunicación que terminaron metidos en las ocho sociedades celulares que competían por los tres cupos de la banda privada, que en un momento dado, hacia marzo de este año, el Gobierno se asustó. Por el camino que estaba recorriendo, el de una licitación de valoración de las propuestas al estilo de lo que los estadounidenses llaman beauty contes (concurso de belleza), el margen de subjetividad sería muy grande y quedaba en manos del Gobierno la decisión de quiénes serían los ganadores. Se anticipaba que técnicamente todas las propuestas serían viables. pues al fin y al cabo todas tenían un operador internacional calificado y socios colombianos respetables. Para muchos, en estas circunstancias, la de- cisión final iba a acabar siendo prácticamente a dedo, en forma comparable a como suelen adjudicarse los noticieros de televisión.
El presidente Gaviria, quien, aparte de ser pragmático, es matemático, sabe sumar. Una licitación de ocho aspirantes para solo tres cupos va a dejar a cinco desilusionados, o incluso resentidos, y eso hace que adjudicar a dedo no parezca muy buen negocio político para el Gobierno. ¿A quién dejar por fuera? ¿A Julio Mario Santo Domingo? ¿A Luis Carlos Sarmiento y Carlos Ardila? ¿A los Santos? ¿A El Espectador? Y así sucesivamente. Por ningún lado cuadraba la ecuación: era lo que los gringos llaman una no win situation.
Como si esto fuera poco, las preocupaciones del Gobierno se agravaron a medida que avanzó 1993 y el tema de la corrupción adquirió mayor importancia. Entre las acusaciones del vee- dor del Tesoro, Jorge García Hurtado, sobre el manejo de los fondos de la Presidencia de la República, y los artículos de prensa sobre las actividades de dos hermanos y un cuñado de Gaviria, el propio Presidente y su círculo más cercano de colaboradores comprendieron que la adjudicación del celular solo sería posible si se diseñaba un mecanismo por medio del cual nadie pudiera decir que el Gobierno había actuado en virtud de sus favoritismos.
"Además de todo esto -aseguró una fuente gubernamental vinculada al proceso celular- columnistas, como Felipe Zuleta, nos estahan acusando de utilizar la presencia de los medios de comunicación en las sociedades que ibán a licitar el celular para acallar las críticas de esos medios en contra del Go- bierno ".
La telefonía celular era presentada como una mina de oro, y el Gobierno comenzó a prever que, sin importar con qué grado de seriedad y objetividad se hiciera la adjudicación, pasaría a ]a historia como una decisión del presidente de favorecer a los poderosos, a sus amigos o a quien mejor se portara con éI. En medio de esas cavilaciones, comenzó a ganar terreno en las esferas gubernamentales la idea de cortar por lo sano y escoger un mecanismo que no dejara dudas sobre posible favoritismo. Y ese mecanismo sólo podía ser el de la subasta. La operación celular quedaría en manos de quienes más plata ofrecieran por cada una de las regiones. Con ello el Gobierno no sólo se ahorraba las críticas y acusaciones de dedocracia, sino que garantizaba que el fisco recibiría más dinero.
CAMBIO EL NEGOCIO
El paso de adjudicación a dedo al mecanismo neutral de una subasta tenía muchas implicaciones. En primer lugar, había que ajustar las normas jurídicas a la nueva decisión política. La Ley 37 estaba diseñada para una adjudicación por meritos. y habia que reglamentarla para una subasta por chequera. Esto implicó que los abogados del Gobierno hicieran varias peripecias jurídicas para cumplir con el doble propósito de ajustarse a las reglas de juego establecidas en la Ley 37, y, al mismo tiempo, a que en la práctica todo terminaría en una subasta.
Como el elemento de oferta económica no puede ser el único por considerar según esa ley, se estableció una precalificación basada en criterios técnicos y de solidez financiera de las compañías. Esto es lo que le permite al ministro de Comunicaciones, William Jaramillo, abstenerse de usar la palabra subasta para definir el proceso y referirse, en cambio, a éste como una combinación de varios factores. Pero en la práctica se da por descontado que los ocho proponentes vayan a llenar los requisitos de la precalificación, como llenaron los del registro hace varios meses.
En las últimas semanas, cada proponente se ha dedicado a reunir y elaborar toneladas de documentos para la precalificación, que deberán ir acompañadas de un pequeño sobre lacrado de pocos gramos con un sólo dato: lo que está dispuesto a pagar. Las toneladas de documentos van a dejar probablemente a todos los aspirantes con el puntaje mínimo que requieren para pasar a la segunda ronda, la de la subasta. A mediados de enero, una vez evaluados los documentos, se abrirán los sobres lacrados con las cifras que cada uno está dispuesto a pagar. El que más ofrezca por cada zona se quedará con ella, y si hace la mejor oferta en dos o tres zonas, puede quedarse con todo el país.
Pero si por cuenta de la subasta el Gobierno tuvo que ajustar las normas jurídicas -que han llegado por ello a ser objeto de demandas ante el Consejo de Estado-, los aspirantes tuvieron que hacer ajustes en sus proyecciones y en sus chequeras. Antes de que naciera la idea de la subasta, las inversiones se limitaban a instalar la red y a comercializarla. Ahora, al tener que pagar por la licencia, el costo puede llegar a duplicarse. Con este aumento, y con la obligación de subsidiar el servicio en los municipios más pobres, la rentabilidad del negocio celular en Colombia bajó considerable- mente. Ya no será la mina de oro de que tanto se habló, pero en todo caso seguir siendo un negocio suficientemente atractivo, como lo demuestra el hecho de que este martes los ocho proponentes privados se presentarán con sus ofertas y se irán de vacaciones con la esperanza de haber hecho la mejor. Lo que sí es seguro es que en las novenas, misas de gallo y deseos para el año nuevo de la temporada decembrina, muchos colombianos importantes van a estar haciendo fuerza para que la suerte les sonría y las sociedades en que participan se ganen el celular.
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