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| 1/30/2005 12:00:00 AM

La batalla diplomática

Por estos días el gobierno ha lanzado una ofensiva diplomática para obtener un mayor respaldo internacional a su política de seguridad democrática. Una labor nada fácil.

LA SEMANA PASADA, UN GRUPO de pesos pesados del gobierno se reunió en Nueva York con funcionarios de primer nivel de la ONU, para poner sobre la mesa su incomodidad con los términos en que se estaba dando la cooperación de la organización internacional. Y esta semana buscará renovar en una reunión en Cartagena el apoyo político -y eventualmente económico- de los 24 países europeos y americanos (G-24) que en 2003 en Londres acordaron ayudarle a Colombia en asuntos humanitarios, procesos de paz, reinserción, derechos humanos y desarrollo alternativo.

Luego del triunfo de George W. Bush en Estados Unidos, y la aprobación de la reelección en el Congreso colombiano, Uribe ha endurecido su discurso en el frente internacional. Sin rodeos, el gobierno ha defendido en todos los foros cuatro argumentos principales: 1. Que en Colombia no hay un conflicto armado, sino una democracia legítima defendiéndose de unos grupos terroristas financiados por el narcotráfico. 2. Que precisamente como no hay un conflicto, el gobierno no busca una negociación política para ponerle fin. Espera que los grupos terroristas cesen unilateralmente sus ataques a la sociedad, para considerar su reinserción a la civilidad. Es decir, no cree en negociaciones de paz, sino en desmovilizaciones. 3. Que no hay una crisis humanitaria. Cree que los organismos internacionales la han exagerado para justificar sus gastos burocráticos y que, en cambio, no reconocen la enorme mejoría en la protección y atención a las víctimas. 4. Que la cooperación internacional no debe sujetarse al cumplimiento de los derechos humanos, sino que por el contrario, el apoyo al fortalecimiento de las instituciones del Estado es lo que permite el respeto de los derechos humanos. 5. Que los principios que deben orientar la desmovilización de los grupos armados son Credibilidad (en los hechos de paz), Equilibrio (ni impunidad ni sometimiento) y Universalidad (aplicable a paramilitares y guerrilla por igual), más que los principios de justicia, verdad y reparación por los que abogan las ONG y la comunidad internacional.

Es difícil que el discurso del gobierno cale internacionalmente. Los países europeos y organismos internacionales no sólo creen que en Colombia hay un conflicto armado, sino que tienden a apoyar una solución negociada con la guerrilla. Además consideran que el gobierno no hace suficiente por las víctimas del conflicto y que al Estado le falta voluntad para identificar y castigar a sus funcionarios que violan los derechos humanos, tema recurrente en las recomendaciones de la ONU.

ENCUENTRO EN LA ONU

En esta polémica de conceptos subyace el reciente anuncio de la salida de Colombia del enviado del secretario general Koffi Annan para la búsqueda de la paz, el estadounidense James Lemoyne. Aunque lo primero que desató la crisis fue una mala relación personal de Lemoyne con los funcionarios del gobierno Uribe, había un problema más de fondo: esa misión llevaba cinco años intentando sin éxito una negociación exitosa con las Farc. Los últimos dos años, ante la condición inamovible que puso el gobierno del cese unilateral de fuego y hostilidades y la exigencia igualmente dura de las Farc de que sólo conversarían si se desmilitarizaba un territorio en Colombia, era francamente poco lo que podía hacer el enviado de la ONU. Eso, según el gobierno, llevó a que Lemoyne se convirtiera en un lobbista crítico de la política de paz y de guerra de Uribe, lo que bloqueaba la cooperación de muchos países. Según otras fuentes, Lemoyne tenía razón en muchas de sus críticas a la dirigencia colombiana, pero falló en su estrategia para sentar a las partes a conversar.

En el encuentro de Nueva York, donde el vicepresidente Francisco Santos llevó la voz cantante del gobierno, se decidió la salida de Lemoyne y que por ahora no habría reemplazo. En un comunicado posterior, Koffi Annan reiteró su voluntad de buscar una solución negociada al conflicto colombiano y una ayuda más activa si cambiaban las circunstancias y había un "pedido explícito de las partes". En otras palabras, la visión uribista de que no hay conflicto ni partes no es compartida por la ONU.

La reunión fue clave también en asuntos que se mencionaron bastante menos en la prensa. Se acordó una mayor coordinación entre las agencias de la ONU y lanzar con la mayor celeridad el ambicioso Plan Humanitario, piloto en el mundo, que reúne todos los esfuerzos de las agencias de la ONU en una gran cruzada para dar atención humanitaria. El gobierno también ratificó su invitación a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Colombia, reconoció el aporte técnico de ésta y también sus propias falencias en aprovechar esta ayuda. Pero fue franco en decir que entendía sus recomendaciones como sugerencias y no como obligaciones; pidió criterios de evaluación claros para establecer si Colombia ha avanzado o no en el cumplimiento de los derechos humanos, y pidió un trato más franco de su director, Michael Früling, que hacía más críticas al gobierno en el exterior que en su cara.

El gobierno Uribe tiene razón en que quizá se podría avanzar en el respeto a los derechos humanos si se establecieran mejor las prioridades e incluso si se reemplazara el tono inquisidor por uno más de colaboración tras metas comunes. También es cierto que no siempre se reconocen los logros del gobierno en protección de los derechos: han bajado notoriamente las cifras de desplazados, secuestrados, sindicalistas e indígenas asesinados, y también de las masacres.

En lo que no tiene tanta razón el gobierno es en esperar que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU deje de ser lo que es: un sirirí -muy útil, por cierto- que a toda hora le está recordando al gobierno que debe mejorar su desempeño en derechos humanos y que documenta y denuncia todas las omisiones y acciones de la Fuerza Pública que indiquen complicidad con los actores armados ilegales.

Otro punto que le cuesta entender al gobierno Uribe es que en todo el mundo, los únicos dientes que tiene la ONU para que los Estados se tomen en serio la necesidad de mejorar su desempeño en derechos humanos es condicionar la cooperación internacional.

Por las mismas razones, la reunión en Cartagena esta semana será difícil para el gobierno. Las ONG de derechos humanos alegarán frente a la comunidad internacional que el gobierno no ha cumplido sino muy parcialmente las recomendaciones de la ONU. Que no se han respetado los principios de verdad, justicia y reparación en la negociación con los paras ni han sacado de los archivos de inteligencia militar a ex combatientes de los grupos armados ni le han apostado a una solución negociada con la guerrilla. Y exigirán que se condicione la cooperación de los países del G-24 a un avance real en el cumplimiento de los derechos humanos.

El gobierno aspira llevar un nuevo borrador del proyecto de ley de Justicia, Verdad y Reparación y convencer a los países de que su ayuda es fundamental para superar el conflicto armado (perdón, la amenaza terrorista).

Es bastante posible que el gobierno obtenga un duro rechazo a las guerrillas -declaradas terroristas por la mayoría de países- y una mayor comprensión de la negociación con las AUC. Lo que es poco probable es que logre convencerlos de que en Colombia no existe un conflicto. Su decisión de alinearse cada vez más con el discurso antiterrorista de Bush es poco digerible para los europeos e incluso para muchos colombianos. El gobierno nacional tiene razón en cada argumento que esgrime para decir que no hay conflicto armado, pero no en la conclusión. Es cierto que en Colombia ya no hay razones que justifiquen la violencia para llegar al poder; es verdad que hay una democracia con dificultades pero legítima, y que en cambio los actores armados ilegales cada día se criminalizan más. Y solo estos argumentos podrían ser mucho más eficaces para conseguir que la comunidad internacional presione a las Farc para que se sienten a negociar o para que los paras acepten algún nivel de justicia, verdad y reparación. No tiene sentido esforzarse en convencer al mundo de que en Colombia lo que existe es una especie de Al Qaeda, y el mismo tiempo pedir que donen recursos para superar la pobreza, erradicar la coca y fortalecer la justicia, las raíces más profundas de este conflicto.


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