La batalla frontal

Hace apenas unos días, el pasado 13 de octubre, el prestigioso y multimillonario Guttmacher Institute de Nueva York, que investiga temas de salud reproductiva en el mundo, emitió el siguiente comunicado de prensa: según un riguroso estudio global, los abortos en todo el mundo bajaron un 9 por ciento (de 45,5 millones a 41,6 millones) entre 1995 y 2003. Los resultados del estudio aseguran que el descenso se debe a la masificación del acceso a anticonceptivos, a los programas de educación sexual y a la tendencia global de relajación de las leyes antiaborto.

El estudio puso en evidencia que los argumentos de quienes se oponen a la legalización del aborto -que éste aumentaría al ser utilizado por las mujeres como método anticonceptivo- están equivocados. En realidad, pasó todo lo contrario: tal y como han defendido los movimientos para la liberalización de las leyes, gracias a la educación sexual y sentencias como la que despenalizó parcialmente el aborto en Colombia, éste ha disminuido.

Si bien la noticia del estudio del Guttmacher Institute le dio la vuelta al mundo y fue recogida -de manera discreta- por los principales diarios del país, la verdad es que no generó mucho eco. Muy distinta ha sido la repercusión mediática del debate que se desató la semana pasada por dos noticias locales: la sentencia de la Corte Constitucional que obliga a impartir la materia de salud sexual en todos lo colegios, y la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la aplicación del decreto a través del cual se reglamentaba la despenalización parcial del aborto en Colombia.

Para sorpresa de muchos colombianos, varios medios de comunicación bautizaron esta sentencia de tutela de la Corte Constitucional como "la cátedra de aborto". Este fue precisamente el título que dio a su editorial sobre el tema el diario El Tiempo, y si bien la mayoría de los medios de comunicación han tenido posturas liberales y progresistas, como la tuvo el contenido mismo del editorial mencionado, la frase acuñada para efectos mediáticos acabó por convertirse en una satanización involuntaria. Lo mismo se podría decir de las imágenes publicadas por el diario El Espectador, que mostraban una joven antiabortista en Lima, llorando mientras sostenía una pancarta que rezaba: "los bebés abortados no tuvieron derechos", o la caricatura de Matador que mostraba una niña embarazada volviendo del colegio. Vale la pena recordar que el aborto no es legal en Colombia. La Corte lo despenalizó en sólo tres circunstancias extremas: violación, malformación del feto y riesgo para la salud de la madre.

Pero más allá del complejo tema del tratamiento mediático, es claro que la decisión del Consejo de Estado -que coincide 'por casualidad' con la sentencia de la Corte para incluir la educación sexual en los colegios-, es una batalla más en la guerra frontal de los sectores de derecha contra la sentencia que despenalizó parcialmente el aborto. Otro episodio de la misma guerra es la reciente decisión del alcalde de Medellín de postergar el proyecto de la Clínica de la Mujer, estigmatizada con virulencia por los poderosos sectores conservadores de Antioquia como "la clínica del aborto". Si se suma aquí y allá, el panorama es muy preocupante: la confusión general les allana el camino a movimientos antiabortistas, cuyas visiones morales no se pueden alzar por encima de las sentencias de la cúspide de la justicia. Fallos que, es importante mencionar, el gobierno del presidente Uribe sí ha acatado como es debido sin que necesariamente esté de acuerdo con ellos.

Y las consecuencias de esa confusión se sentirán por partida doble: por una parte, se les seguirá negando a los adolescentes del país el derecho a una urgente materia de salud reproductiva y sexual (que no a una 'cátedra de aborto') en un momento en el cual las cifras de embarazos adolescentes y abortos clandestinos están disparadas en Colombia. Y por otra, queda en el aire la nefasta sensación de que un sector cualquiera de la sociedad puede utilizar sus consideraciones morales para rebelarse abiertamente contra una sentencia de la máxima instancia de la justicia.

La ironía está en que si se acatara la sentencia como es debido, disminuirían los abortos en el país, clandestinos o legales. Eso es exactamente lo que han demostrado con contundencia las estadísticas globales presentadas por Guttmacher Institute.