LA BOMBA DE AMNISTIA

En algunos medios del gobierno, y en particular entre los organismos de seguridad, muchos esperaban con cierta inquietud la fecha del martes 19 de abril, aniversario de la organización guerrillera M-19. Las instrucciones eran claras: estar alerta contra posibles atentados, toma de poblaciones o colocación de bombas. Y la verdad es que ese martes sí estalló una bomba, por fortuna en sentido figurado. Se trataba del documento especial sobre Colombia, entregado ese día a la prensa por Amnistía Internacional.
La bomba de Amnistía, un informe de unas 20 páginas -con fotos y numerosos relatos y testimonios- sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, era sin duda el más violento documento de esa organización referido al país. Para darse cuenta de ello, bastaba leer la primera frase de la presentación: "Existen convicentes pruebas de que las fuerzas armadas colombianas han adoptado una política de terror para intimidar y eliminar a la oposición sin necesidad de valerse de procedimientos legales".
Los periodistas que recibieron el informe y comenzaron a leerlo por el principio -como corresponde- se devoraron las 20 páginas en busca de esas "convincentes pruebas". Después de relatar la serie de asesinatos de dirigentes políticos y activistas de los derechos humanos en Medellín, los autores presentan un detallado resumen sobre las decenas de periodistas, catedráticos, profesionales e intelectuales que han abandonado el país como consecuencia de amenazas. Luego, vienen las cifras que son, como ya se sabe, aterradoras: 580 guerrilleros y 324 soldados muertos en choques armados entre enero y noviembre de 1984; más de 600 asesinatos de claras motivaciones políticas en los primeros 10 meses del año pasado; 300 educadores amenazados de muerte y 15 de ellos efectivamente asesinados hasta noviembre del 87; más de 200 asesinatos en Urabá en el mismo año, como consecuencia de la confrontación obrero-patronal en la zona bananera; y así sucesivamente, datos y más datos sobre la violencia que sacude a Colombia.
Pero si bien los datos estadísticos conforman un completo cuadro que muestra las dimensiones del drama colombiano, menos afortunados resultan los análisis sobre las causas y los responsables. La argumentación de Amnistía patina desde el principio: "Tal vez la prueba más contundente de que los 'escuadrones de la muerte' son parte integral de las fuerzas de seguridad colombianas es el simple hecho de que nadie ha sido condenado por los millares de asesinatos políticos y desapariciones que se les atribuyen". Es como si nadie le hubiera dicho a los integrantés de la comisión de Amnistía que visitó el país a fines del año pasado, que hay una crisis en la justicia colombiana que no se limita a los casos de la llamada guerra sucia, sino a todos los casos. "No ha habido tampoco condenas por los centenares de actos guerrilleros y terroristas" comentó a SEMANA un alto funcionario del gobierno.
En el informe hay otras ligerezas, que ayudan a descifrar la raíz del desenfoque de Amnistía. "La mayoría de los 500 presos políticos excarcelados al amparo de una amnistía decretada en 1982 -dice el informe- han sido asesinados, han desaparecido o se han visto obligados a exiliarse".
Una verdad a medias: Amnistía olvida que de esos 500 excarcelados, si bien es cierto que muchos corrieron la suerte a la que se refiere el informe, también lo es que muchos otros salieron de las cárceles y pocos días después se hicieron a un arma y se fueron al monte. Otra apreciación discutible: "El diálogo con las FARC ha continuado, pero el gobierno no ha aceptado las ofertas de otros grupos de reanudar las negociaciones". Falta decir que esas propuestas se han hecho en medio de las voladuras de oleoductos y cementeras, de estallidos de bombas en varias ciudades del país, de emboscadas a soldados y oficiales del Ejército, etc. Los desaciertos de Amnistia son tales que algunos sectores tradicionalmente afines a este tipo de denuncias, como el ex canciller Alfredo Vázquez Carrizosa, han manifestado su desacuerdo con el informe.
Pero, ¿por qué Amnistía ha errado esta vez el tiro en forma tan dramática? La explicación simplista de siempre, según la cual esa entidad es un "instrumento del comunismo internacional", sigue sin ser válida. Los recientes informes de Amnistía sobre violación de derechos humanos en la Unión Soviética y China son suficiente desmentido. Todo indica que la falla se origina en el intento de Amnistia de trasladar la interpretación que era válida para países como Argentina y Uruguay hace algunos aÑos, al caso colombiano. Este, como todo el mundo sabe, es muy distinto. "El informe de Amnistía -dijo a SEMANA el consejero presidencial para los derechos humanos, Alvaro Tirado Mejía- es unilateral y no muestra para nada la complejidad del problema colombiano. Creo que ese tipo de documentos, en vez de ayudar, contribuyen a la grave polarización que se está dando en el país".
Al final de la semana, era claro que el estamento militar colombiano le había ganado en esta ocasión el round a Amnistía. No sólo la organización internacional había lanzado golpes al aire, sino que había recibido como respuesta algunos rectos a la mandíbula. El más claro quizá era el fallo proferido por el Tribunal Superior Militar en contra de un capitán y dos sargentos, hallados culpables del asesinato de seis campesinos en el norte de Antioquia en 1986. El alto tribunal sostuvo en la providencia que la violación de derechos humanos por parte de militares constituye un delito grave, en un párrafo que esta semana tenía un significado muy particular.
Pero también era claro, con el asesinato de otro dirigente de la UP en Medellín el viernes que, independientemente del desenfoque de Amnistía el drama de los derechos humanos pide a gritos una solución.