Martes, 24 de enero de 2017

| 1989/11/06 00:00

LA BOMBA DEL DIALOGO

Hasta dónde llegaron los contactos entre el gobierno y el cartel de Medellín antes del asesinato de Luis Carlos Galán.

LA BOMBA DEL DIALOGO

Guido Parra es uno de esos personajes exóticos que de cuando en cuando aparecen en Colombia. Siendo un funcionario de segunda que ponía sellos en el Palacio de San Carlos en el gobierno de Guillermo León Valencia, se presentó al concurso de carrera administrativa,donde sacó el primer puesto del país. Esto le permitió acudir a su paisano, el entonces ministro de Desarrollo Joaquín Vallejo, para pedirle "una manito, en un ascenso. Por cuenta de esto, acabó de asesor jurídico de la Presidencia e inició una carrera político - jurídica que lo llevaría a gerenciar las Empresas Públicas de Medellín, ser suplente del senador Bernardo Guerra en los años 70 y, en los últimos tiempos, tener un bufete de abogados con el ex procurador Carlos Jiménez Gómez y el ex candidato de la Anapo Jaime Piedrahíta.

En mayo de 1988 leyó una columna de su antiguo protector Joaquín Vallejo, titulada "Política del diálogo", en la que este hacía un llamado a hablar "aunque no negociar" con todo el mundo, incluyendo a los narcotraficantes. "Hablar significa también oír y reflexionar sobre la posibilidad de ofrecer alguna vía que ponga término al baño de sangre que sufre el país. Nada se pierde con óírlos. Juan Pablo II no tuvo escrúpulos para ir a la celda de Alí Agca, quien lo hirió mortalmente en la Plaza de San Pedro".

Estas palabras le quedaron sonando a Parra. Como muchos paisas, estaba convencido de que la guerra contra el narcotráfico se estaba convirtiendo en un baño de sangre que sólo podría terminarse a través de una negociación. Conocía personalmente a miembros del cartel de Medellín y sabía que compartían este punto de vista. Que un hombre del establecimiento, del prestigio y de la credibilidad de Joaquín Vallejo dijera públicamente que consideraba esto conveniente, lo hizo pensar que tal vez lo que hasta entonces era un deseo podía convertirse en una realidad. Buscó a Vallejo y, manifestándole su total acuerdo con el contenido del escrito le pidió que interpusiera sus buenos oficios para parar la guerra. El ex ministro le contestó: "Si usted considera que yo puedo cumplir un papel importante, le manifiesto que no tengo ningún escrúpulo". Agregó que lo que sí quería que quedara totalmente claro era que lo hacía por convicción y no por interés económico alguno.
En otras palabras, que no aceptaría remuneración económica de ninguna naturaleza.

Con ese entendido, Parra logró entrar en contacto con Pablo Escobar y acordar una reunión de los tres. Escobar, que de tiempo atrás había llegado a la conclusión de que la salida para la guerra era una negociación como las que se habían intentado con la guerrilla, le expuso a Vallejo, que por esas cosas de la vida fue su padrino de bautizo ya que el padre de Escobar había sido trabajador de la finca de los Vallejo, lo que el cartel pensaba con respecto al diálogo. Desde que el ex ministro lo había cargado en brazos 39 años atrás, nunca se habían visto, y el encuentro estuvo plagado de evocaciones nostálgicas.

LA OTRA ORILLA
Establecido el contacto con una de las partes, quedaba pendiente la otra el gobierno. Por este lado, también había una afortunada circunstancia Vallejo y el secretario general de la Presidencia y mano derecha del presidente Barco, Germán Montoya, además de coterráneos eran amigos de toda la vida. Vallejo le pidió una cita a mediados del año pasado y Montoya la concedió de inmediato. Sin rodeos, el ex ministro entró en materia y planteó su convencimiento de que un diálogo con los narcotraficantes era una fórmula que merecía ser estudiada. Montoya lo escuchó con atención. Le sorprendió el valor demostrado por Vallejo al haber aceptado intentar esta misión, pero se mostró escéptico con respecto a sus resultados. "Pero ¿tú sí crees en estos señores?", le preguntó. El ex ministro respondió que estaba convencido de la seriedad del ofrecimiento.
"Por recuperar la tranquilidad - agregó - están dispuestos a sacrificar muchas cosas". "Pero ¿tú sí crees que son capaces de dejar un negocio tan productivo?", insistió Montoya.
Vallejo respondió:"Ellos tienen mucha plata, pero hoy no son libres.
Ya pueden retirarse y la gente es capaz de cualquier cosa con tal de ser libre".

Después de esa reunión, Vallejo consideró que tenía luz verde para proseguir las negociaciones. Por iniciativa propia, de su puño y letra preparó el documento de preacuerdo que el periódico La Prensa habría de reproducir el sábado pasado, como la base de negociación entre las dos partes. Como cosa curiosa, este manuscrito, que fue simplemente un ejercicio intelectual por iniciativa de Vallejo, nunca llegó a manos de Germán Montoya. Fue presentado sí a una segunda reunión que Vallejo sostuvo con el cartel de Medellín. Escobar, informado de que el gobierno no le cerraba las puertas al diálogo, manifestó que, aunque él hablaba a nombre de los carteles de Medellín, Bogotá y la Costa, era bueno que toda la cúpula oyera de Vallejo la posición del gobierno y las perspectivas de la negociación. El ex ministro accedió y se organizó una reunión en una finca en las montañas antioqueñas, donde después de un cambio de vehículo él y Guido Parra se encontraron con Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez. Después de un cordial saludo, entraron en materia. Los representantes del cartel de Medellín manifestaron que, aunque tenían muchísimo dinero, no tenian vida; que su preocupación era por Colombia y por sus familias y que, con tal de recuperar la tranquilidad, estaban dispuestos a retirarse definitivamente del negocio del narcotráfico. Si se lograba obtener una revocatoria definitiva de la extradición y un indulto, estarían dispuestos a entregar la totalidad de los laboratorios, cultivos, aeropuertos clandestinos y armas.
Además de esto, repatriarían sus capitales. En términos generales, se trataba de repetir la oferta que habían hecho en el Hotel Marriot en Panamá en mayo del 84, al presidente Alfonso López Michelsen y al entonces procurador Carlos Jiménez Gómez. Vallejo les informó de su reunión con Montoya y manifestó que consideraba viable una negociación realista. Señaló que la gran incógnita para el gobierno y para él era qué garantía de buena fe podían tener en un proceso tan delicado. La respuesta la dio Rodríguez Gacha: "¿Prueba de buena fe, doctor?... A mí no me gusta hablar de plata, pero le voy a decir una cosa: lo que yo les entregaría, si se llega a un acuerdo justo, es más grande
que Ecopetrol". Vallejo, que es un hombre de cifras, no pudo dejar de impresionarse con semejante afirmación.

Pero según lo que le dijo a SEMANA, tal vez lo que más lo impresionó fue la inteligencia de Escobar. Fuera del bautizo, era la segunda vez que lo veía en la vida, pero quedó convencido de que el jefe del cartel de Medellín era "un hombre de un calibre intelectual desconcertante. Entiende todo al vuelo y cada pregunta suya va al meollo del asunto". Otra cosa que le llamó la atención fue la autoridad que irradiaba entre el grupo: lo que él decía era la última palabra. Rodríguez Gacha le pareció más introvertido y reservado pero, aunque silencioso, era un socio de Escobar en las decisiones importantes. Los Ochoa, conocidos por todo el mundo en Medellín desde la época del restaurante Las Margaritas, le parecieron bonachones como siempre, conformando una familia antioqueña tradicional.

EL DISCURSO DE BARCO
En ese ánimo quedaron las cosas hasta el primero de septiembre del 88, cuando el presidente Barco leyó por televisión un discurso en el cual anunciaba una propuesta de paz, como respuesta a las negociaciones que dieron como resultado la liberación del ex candidato Alvaro Gómez, que el M-19 había secuestrado en junio.
El primer mandatario dijo esa noche: "La iniciativa para la paz está dirigida a solucionar las diferentes formas y manifestaciones de la violencia, no sólo las generadas por los grupos guerrilleros (...) Podemos decir en términos sencillos que hay una violencia relacionada con los grupos alzados en armas y otra que no tiene que ver con la subversión. A estas dos grandes manifestaciones de perturbación de la tranquilidad pública va dirigida esta iniciativa".

Guido Parra leyó estas frases en el periódico El Mundo del día siguiente y pensó que se podía tratar de un mensaje al cartel. Llamó a Joaquín Vallejo para transmitirle esta inquietud y decirle que averiguara.
Vallejo a su turno llamó a Montoya a preguntarle si las palabras del Presidente podían interpretarse como una luz verde al diálogo con el cartel. El secretario general dijo que el alcance de esas palabras era exactamente lo que ellas decían: que la iniciativa estaba dirigida a todas las formas de violencia. Estas frases del discurso, en realidad, habían sido redactadas por los asesores de la Consejería Presidencial de Paz pensando en las manifestaciones sicariales y paramilitares de la violencia. En ningun momento habían sido concebidas como un mensaje al cartel. Sin embargo, la respuesta de Montoya, transmitida por Vallejo a Parra y por este al cartel, fue interpretada por Escobar y su gente como un guiño.

Entusiasmados redactaron el documento del 15 de septiembre, que es la propuesta de paz de "Los Extraditables". El contenido, en líneas generales, coincidía con el manuscrito de Joaquín Vallejo, pero ya no era un ejercicio intelectual sino una propuesta. Con este documento en sus manos, Vallejo volvió a la Casa de Nariño. Hizo entrega de él al secretario general y lo discutieron durante un rato. La posición de Montoya era la de que ninguna negociación sería viable hasta que no fuera una negociación tripartita, que incluyera al gobierno de Estados Unidos, que era, al fin y al cabo el país consumidor y el que solicitaba la extradición. Según Vallejo, la recomendación de Montoya fue que si querían que el proceso siguiera adelante, el cartel debía buscar alguna fórmula para hacer lobbying en distintas esferas del poder en Estados Unidos. A través de abogados y relacionistas públicos, se podría llevar a cabo esta misión.

Inicialmente, la idea era que el cartel, por su lado, contratara y se encargara del lobbying. Según Parra, esto no resultó porque no contrataron abogados del nivel adecuado, sino una firma más bien mediocre. Como resultado de esto, el proceso se estancó. Pero no se estancaron las acciones del gobierno contra el narcotráfico, que por el contrario se intensificaban y se volvían cada vez más efectivas.
En materia de incautaciones, capturas y destrucción de pistas y laboratorios, a fines del 88 se triplicaron las acciones del año anterior, que de por sí habían batido en su momento todos los registros.

Pablo Escobar, disgustado ante lo que consideraba una posición ambivalente del gobierno, en que por un lado le recibían su memorando y por el otro le daban garrote, decidió enviarle un mensaje al Presidente. A través de Parra, le mandó decir a Joaquín Vallejo que si el gobierno quería dar una prueba de buena voluntad debería cambiar al general Jaime Ruiz Barrera, comandante de la IV Brigada con sede en Medellín, que era quien le estaba dando todos los golpes al cartel. En una conversación telefónica, Parra transmitió este mensaje y Vallejo le contestó que él no estaba dispuesto a llevar esa razón. Había sido amigo del papá de Ruiz Barrera años atrás y recordó que este inclusive le había regalado un reloj.

Esta conversación fue grabada por los servicios de inteligencia, y circula un rumor segun el cual el propio general Ruiz Barrera le habría llevado personalmente al Presidente una cinta con la grabación. Antes de que estallara la bomba del diálogo, esta historia pasó de boca en boca en los altos círculos de Medellín. Es un hecho que la conversación entre Vallejo y Parra se llevó a cabo y en esos términos, como ambos se lo confirmaron a SEMANA. Lo que no ha podido esclarecerse es si efectivamente el general Ruiz, quien conservó su cargo varios meses más, le llevó la cinta al primer mandatario.

PROPUESTAS ALTERNAS
Durante el primer semestre del 89 tuvieron lugar varias reuniones entre Vallejo y Montoya para seguir tratando el tema. Como la sugerencia del gobierno de que el cartel pagara lobbying en Estados Unidos no se pudo realizar, se llegó a discutir fórmulas alternas. Según Guido Parra, a quien Joaquín Vallejo le transmitía en cada oportunidad sus conversaciones en Palacio para que este a su vez las transmitiera al cartel de Medellín, se estudiaron varias posibilidades. Parra dice que una de estas fue la de enviar al propio Vallejo con el ex procurador Mario Aramburu a Estados Unidos, en calidad de "embajadores extraplenipotenciarios": para que sondearan en forma muy privada la posición del gobierno y el Congreso norteamericano ante una eventual negociación. Esto se descartó, pues el gobierno colombiano consideraba que un Estado soberano no tendría por qué consultarle a otro Estado medidas que, en todo caso, eran de orden interno. En otras palabras, una cosa era una negociación tripartita con Estados Unidos, y otra pedirles permiso para revocar definitivamente la extradición. A esto último el gobierno no estaba dispuesto.

Otros puntos que Vallejo le mencionó a Guido Parra como preocupaciones del gobierno, eran el temor de que el cartel jugara sucio y cuál sería la posición del Congreso y de los militares ante una posible negociación. Se le sugirió al gobierno contemplar la posibilidad de informar al ex presidente Julio César Turbay, quien mantiene excelentes relaciones tanto con los generales como con los congresistas. Esta posibilidad fue descartada por el gobierno, que consideró que una cosa era escuchar a alguien que hablaba a nombre del cartel y otra muy distinta involucrar a terceras personas como si la negociación estuviera en marcha.

En una de las conversaciones se discutió la necesidad de conseguir una asesoría jurídica para darle forma a cualquier posible fórmula. Como el gobierno se negaba a que cualquier abogado de la Presidencia estudiara el tema, Parra sugirió que se le pidiera un concepto al jurista Jaime Vidal Perdomo, quien en esos momentos ya se encontraba ocupando la embajada en el Canadá. Todo indica que esta gestión tampoco llegó a concretarse.

Fue en ese momento cuando el Presidente aceptó una invitación para ir a Estados Unidos el 7 de julio de este año. Según le dijo a SEMANA Joaquín Vallejo, él y Montoya discutieron la posibilidad de que esta visita fuera aprovechada para transmitirle al gobierno de George Bush que el cartel de Medellín estaba proponiendo diálogo. El viaje presidencial fue cancelado y esta gestión nunca se realizó.

LOS PAPELES DE LEYVA
Para el cartel de Medellín, el proceso ya tenía un año y nada se había concretado. Aunque Montoya recibía cortésmente a Joaquín Vallejo, los golpes contra el cartel seguían en ascenso. Fue en esta coyuntura que se produjo el asesinato del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur. En medio de la consternación, Vallejo comunicó que no podía haber ningun proceso de negociación con asesinatos de esta naturaleza. La respuesta de Escobar fue una negativa rotunda de su participación en el crimen.

En ese momento el cartel decidió que quería hacer públicos los contactos de Vallejo con Montoya, y le solicitó todos los documentos a Parra, quien los tenía en su poder. Copia de estos fue dejada hace dos meses y medio en el Hotel Intercontinental, en el casillero del senador Alvaro Leyva, quien se alojaba allí una noche después de haber dictado una conferencia en la capital antioqueña. Leyva no le hizo mucho caso a los papeles, que le parecieron más bien confusos y muy similares a muchos que recibe con frecuencia. Pero después de que se produjeran los asesinatos de Carlos Valencia, Waldemar Franklin Quintero y Luis Carlos Galán, unos apartes de una carta dirigida por el alcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez, al presidente Barco sobre la cuestión del diálogo, lo llevaron a revisar los documentos. En esa carta, Gómez le recordaba al primer mandatario los mismos párrafos de la iniciativa de paz que aparecían mencionados en uno de los documentos dejados en el casillero del Inter.

Leyva se dedicó entonces a reconstruir la historia, contactó a Parra - cuyo nombre estaba en algunos de los papeles - y decidió hacerlos públicos, entregándoselos al director del diario La Prensa, Juan Carlos Pastrana. Como la pieza clave en todo este proceso era Joaquín Vallejo y no había sido consultado por Leyva, Pastrana lo llamó para confirmar los hechos. Vallejo los confirmó pero le manifesto que consideraba muy inconveniente que todo saliera a la luz pública, pues se acabaría con las posibilidades de una negociación que aunque remotas después del asesinato de Galán, aún estaban vigentes. Efectivamente, el día del entierro de Galán, Montoya y Vallejo se habían reunido. El ex ministro, en medio de la ola de violencia que se estaba viviendo, consideraba el diálogo más importante que nunca. Montoya, que siempre había sido escéptico, lo estaba aún más. El miércoles 23 de agosto, Montoya le manifestó a Vallejo que las puertas para cualquier tipo de diálogo estaban totalmente cerradas.
La guerra había comenzado en serio.


LA BOMBA
Otra cosa que comenzó en serio fue el escándalo con la publicación de toda esta historia el sábado pasado.
Después de una mañana de expectativa, el secretario general de la Presidencia expidió un comunicado. Había discutido inicialmente la posibilidad de redactar un comunicado conjunto con Vallejo, pero este no lo consideró conveniente. En su declaración, Montoya negó categóricamente las afirmaciones del diario de los Pastrana, tildándolas de "calumniosas e injuriosas": y vinculándolas a "una campaña de desinformación". Hizo un recuento de la cruzada del gobierno contra el narcotráfico y justificó su contacto con Joaquín Vallejo como un acto de cortesía con un dirigente nacional, que nada tenía que ver con las decisiones ya tomadas por el gobierno, que eran las de aplicar todo el peso de la ley contra el narcotráfico. Como prueba de todo esto, señaló que en la declaración de guerra de "Los Extraditables", dada a conocer el 24 de agosto, una semana después del asesinato de Galán, estos "reconocen que no obtuvieron del gobierno ninguna respuesta".

En todo caso, el daño ya estaba hecho. Y comunicado o no comunicado, surgían muchos interrogantes. En primer lugar, ¿pueden los contactos que tuvieron lugar considerarse como un diálogo entre el gobierno y el cartel de Medellín? Según Montoya, categóricamente no. En una posición como la de él, la principal función es oír a la gente. Y más aún si se trata de personajes de la talla de Joaquín Vallejo. Según este, en declaraciones el sábado para la televisión, "diálogo entre el gobierno y el cartel de Medellín nunca hubo. Lo que sí hubo fue un diálogo entre el gobierno y yo, que actuaba en representación del cartel de Medellín". Vallejo se reunió con Montoya diez veces, pero con el Presidente nunca tuvo contacto. La evaluación de esas reuniones para cada uno de los participantes en el proceso era diferente. Para Montoya, él simplemente estaba oyendo. Para Vallejo, se trataba de una misión muy importante que se discutió con seriedad con el gobierno, pero que lamentablemente no se pudo concretar, principalmente porque los narcotraficantes no llenaron la condición de incorporar a Estados Unidos en el diálogo. Cuando Vallejo regresaba a Medellín y le comunicaba a Guido Parra de sus conversaciones, y este a su turno se iba a las montañas a comunicárselas a Pablo Escobar, para este último y para sus colegas lo que estaba en marchar era una negociación, con fórmulas jurídicas, nombres de abogados, borradores de acuerdo y hasta la mención de una posible intervención presidencial ante Bush.

Pero a todas estas, el gran interrogante no es qué pensaba Pablo Escobar, sino qué pensaba Barco o inclusive qué sabía. Como se ha formado el mito de que el secretario general hace todo y el Presidente no se entera de mueho detalle, no son pocos los que no desearian que el primer mandatario en realidad no tuviera mucho que ver. El propio Montoya en su comunicado, sin negar categóricamente la participación de Bareo, lo aleja bastante del proceso puntualizando que recibió a Vallejo "personalmente y por decisión propia". Vallejo, por su parte, afirma que la impresión que tuvo durante todo el proceso es que el Presidente estuvo permanentemente enterado de todo. Lo que es indudable es que el gobierno contó con mala suerte con todas estas revelaciones, pues si bien muchos colombianos son partidiarios del diálogo, el hecho de que este fuera negado públicamente, mientras en privado se le dejaba una puerta abierta, puede ser explotado políticamente como una posición de doble moral. Y como el país está en vísperas de elecciones, los intereses nacionales pasan a un nivel secundario comparados con los intereses electorales, por lo cual la oposición está buscando un "Barco-gate,,. Conceptualmente, es gravísimo que un gobierno diga una cosa en público y haga otra en privado. Es exactamente de eso que acusaron al presidente norteamericano Ronald Reagan en el escándalo Iráncontras. Publicamente decía que Estados Unidos no negociaba con el terrorismo, mientras que desde el sótano de la Casa Blanca se le vendían armas al Ayatollah, buscando liberal a los rehenes de EE.UU. en el Líbano. Las comparaciones en este sentido no faltarán, aunque en el caso de Barco, incluso si se acepta que hubo diálogo, lo que no hubo nunca fue negociación.

Concretamente, la única respuesta a las propuestas de los narcotraficarites fue el plomo. Pero el plomo, combinado con el diálogo, aunque puede ser considerado como una estrategia, pierde mucha credibilidad. No sólo ante los foros internacionales donde Colombia se ha venido luciendo últimamente como el adalid de la lucha sin cuartel contra el narcotráfico, sino ante la opinión pública nacional, que estaba comenzando a creer que todos los muertos que había visto caer eran el costo de defender principios no discutibles. En la práctica las cosas son menos dramáticas y el gobierno lo único que hizo fue oír cuando se podía oír, y dejar de hacerlo cuando, asesinado Galán, ya no se podía. Visto así, no suena como un pecado muy grande pues, al fin y a cabo, en una u otra forma, lo que se buscaba era obtener la paz. Sin embargo, en materias tan delicadas, oír es casi un compromiso y nadie oye impunemente.

El Pre Acuerdo

El siguiente es el texto del manuscrito redactado por Joaquín Vallejo como proyecto de base de la posible negociaciOnEntre los suscritos, germán Montoya, quien obra por delegación del señor Presidente de la República, y Guido Parra, quien obra en representación legal del "Grupo A,,, se convienen las siguientes bases para un Acuerdo formal.

1o. El "grupo A" manifiesta su voluntad de aceptar las condiciones del discurso del señor Presidente Barco, sobre la nueva estrategia de paz, dentro de su situación peculiar que requiere un tratamiento especial, o sea ajeno a los diálogos regionales.

2o. En tal virtud, espera y confía en las decisiones del Congreso, relativas a los proyectos de indulto y amnistía especiales para la actividad que han venido ejerciendo, según el
Memorandum (1) adjunto.

3o. Cumplida la etapa del Congreso, se compromete a adoptar el programa ofrecido en Panamá, desde mayo 29 de 1984, según el Memorandum (2) adjunto, el cual probablemente no fue considerado por las lamentables circunstancias del asesinato del doctor Lara Bonilla, ajeno a la voluntad del "Grupo A".

4o. Mientras las medidas propuestas por el gobierno al Congreso son aprobadas, sobre indulto y amnistía, se conviene entre ambas partes una tregua, tanto en las actividades del "Grupo A" como en las del gobierno, en forma de patrullaje y hostilidad contra las personas y familiares del "Grupo A".

50. Guido Parra, en su carácter particular, ofrece gestionar la adhesión de otros grupos a este acuerdo, para lograr el cabal cumplimiento de lo ofrecido en el Memorandum (2).

6o. El "Grupo A" está conformado por los llamados Carteles de Medellín, Bogotá y la Costa, que controlan la mayoría del negocio de narcotraficantes desde Colombia, y los nombres de las personas se presentarán al aprobarse los proyectos de amnistía e indulto.

El grupo llamado "Cartel de Medellín", que incluye a Bogotá y la Costa, ofrece retirarse totalmente del negocio de la droga; entregar las armas a una institución que dedique el producto de su venta a la rehabilitación de las personas que cultivan la coca. colaborar con el gobierno en la erradicación de ese negocio y reintegrarse a la vida normal, dentro de la ley.

Contraprestación: a) Poner término a cualquier gestión de restablecimiento de la extradición de colombianos.

b) Inclusión en el Proyecto de Ley que ha ofrecido el gobierno llevar al Congreso sobre indulto.

c) Amnistía patrimonial.

d) Que se desarme la subversión, causa del secuestro y extorsión, con lo que se arnenaza el manejo de sus propiedades.
Dicen que el "Cartel de Cali" podría entrar en un compromiso similar, pero por razones conocidas el gobierno debería gestionarlo por algún conducto de su confianza. Consideran que sólo representa el lO% de la droga (el "Cartel de Cali").

Preguntados sobre la posibilidad de una legalización de la cocaína en los Estados Unidos y un monopolia de producción en Colombia, por parte del gobierno, como ocurre con el alcohol, podría facilitarse el arregla propuesto.

Nota: Los grupos auxiliares, llamados "MAS" u otros nombres, que (ilegible) su protección, deben entra en el Proyecto de indulto.

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