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| 8/18/2012 12:00:00 AM

La bomba del ministro de Transporte

Cuando era alto consejero presidencial del anterior gobierno, el hoy ministro Miguel Peñaloza tramitó permisos para construir una estación de servicio, en momentos en que abogados de la firma que fundó daban el visto bueno para concederlos.

El ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, no ha tenido días apacibles desde que hace tres semanas el columnista Daniel Coronell reveló que una empresa que él fundó con su esposa obtuvo varios contratos con entidades estatales. No solo ciertos sectores periodísticos le pusieron el reflector al ministro, sino también los organismos de control. El 3 de agosto, la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria preliminar, y la Fiscalía inició otra la semana pasada.

La pregunta de los investigadores es si desde finales de 2006, año en que Peñaloza entró al servicio público como alto consejero presidencial para las regiones de Álvaro Uribe, influyó -o no- en que el Estado le diera contratos a la empresa P y G Asesorías Integrales que él creó y en la que hoy su esposa, Sonia Guzmán, y sus dos hijos figuran como propietarios.

Ahora SEMANA encontró otro entuerto. La empresa P y G fue contratada de 2008 a 2010 por el Ministerio de Transporte para asesorar a esa entidad en la aprobación de licencias para montar estaciones de servicio, cuando el propio Miguel Peñaloza y su esposa solicitaban un permiso para abrir una bomba de gasolina en la vía que va de Bogotá a Guasca, a 30 minutos de la capital. El contrato entre el Ministerio y la firma P y G dice que esta debe: "Realizar acompañamiento y conceptuar sobre revisión y estudio de resoluciones, actas de viabilidad, verificación, estudio y aprobación de las autorizaciones de ubicación de estaciones de servicio localizadas sobre vías Nacionales".

Al principio, la solicitud de Peñaloza y su esposa fue negada por el Ministerio porque no cumplía los requisitos. El 6 de noviembre de 2008, el Ministerio les exigió presentar un certificado de existencia y representación legal en el que constara que su actividad económica era la distribución minorista de combustibles, algo que no tenían como personas naturales. Luego, en una comunicación del 15 de julio de 2009, el Ministerio rechazó la solicitud porque la bomba quedaría en una zona de reservas prevista en la Ley para Carreteras de la Red Vial Nacional.

A pesar de los argumentos iniciales para negar el permiso, y nueve días después de la última comunicación, el Ministerio de Transporte autorizó la estación de servicio Guasca, que hoy está en servicio y bombeando gasolina a la entrada del centro comercial Los Laureles, también de propiedad de la familia Peñaloza Guzmán.

Según Esperanza Ledezma, actual coordinadora de Vías del Ministerio, el concepto jurídico es fundamental para darle vía libre a estaciones de servicio sobre carreteras nacionales. En ese momento, el asesor legal contratado por el Ministerio para desempeñar esa función era empleado de P y G. Esta firma además participó en el diseño de varias normas como la Resolución 5624, del 17 de noviembre de 2009, que regula los requisitos y procedimientos para autorizar estaciones de servicio en vías nacionales.

Al cierre de esta edición el ministro Peñaloza dijo a SEMANA que tenía información de que en el caso específico de su solicitud el funcionario de P y G se declaró impedido y se abstuvo de firmar la autorización. Dice que le dio la información la coordinadora de Vías. Esta revista contactó a la funcionaria, pero no aceptó dar más declaraciones al respecto. En todo caso si fue así, no se entendería entonces cómo entregaron el permiso sin un visto bueno jurídico.

Los Peñaloza Guzmán piensan construir una nueva estación de servicio y ya aprendieron de los tropiezos de este trámite. Por eso crearon una empresa a finales de 2009, cuyos accionistas son el ministro, su esposa y sus dos hijos, e incluyeron en su objeto social "la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo, gas, alcohol, carburante y/u otro energético, a través de una estación de servicio". Eso les serviría para tramitar el permiso de otra bomba de gasolina en un lote que los Peñaloza Guzmán compraron sobre la vía Bogotá-Girardot, en el popular sector del alto de San Raimundo. Allí planean construir un centro comercial similar al que construyeron en Guasca, y tramitarán el permiso para la nueva bomba de gasolina bajo la resolución que P y G ayudó a elaborar.

Ministro emprendedor

Miguel Peñaloza ha tenido un espíritu emprendedor. Empezó con una discoteca en Cúcuta y con inversiones en el sector inmobiliario. Desde los años ochenta compró oficinas en el centro de Bogotá y tierras en la región de Guasca, que por esa época eran muy baratas. En 1993 fundó la firma P y G Asesorías Integrales, junto a su esposa Sonia Guzmán. "Yo pensaba hacer las asesorías financieras y mi esposa las jurídicas", dice Peñaloza, quien asegura que nunca ha recibido un peso de la empresa.

Mientras Guzmán se encargaba de P y G, la carrera de Peñaloza como ingeniero eléctrico prosperaba de la mano del empresario William Vélez, de quién fue su hombre de confianza y socio por varios años. Así llegó a ser presidente de la junta directiva de Odinsa, la firma más grande de ingeniería en el país.

En 2006, saltó al servicio público, cuando el presidente Álvaro Uribe lo nombró alto consejero para las Regiones. Peñaloza dice que consultó si había alguna incompatibilidad por los contratos que la firma P y G tenía con diferentes entidades, y que el secretario jurídico de Presidencia le informó que no había problema, mientras su esposa no contratara con la entidad en la que él estuviera. Peñaloza, además, se sentía tranquilo porque vendió P y G en 2006, según consta en los documentos mercantiles. Sin embargo, un documento privado revelado por el periodista Daniel Coronell sembró dudas sobre el espíritu de la transacción. En él se demuestra que la negociación incluyó un pacto de retroventa, esto significa que si no se cumplen unas condiciones, esta se revierte y la empresa vuelve a manos de sus vendedores. Eso fue lo que sucedió este año y la firma P y G ahora está en manos de la esposa del ahora ministro de Transporte y sus dos hijos.

Peñaloza dice que el negocio se revirtió porque los que compraron no lograron las utilidades que esperaban. Sin embargo, esos han sido los mejores años de la firma. Según los reportes entregados a la Cámara de Comercio la empresa pasó de tener unos ingresos operacionales en 2006 de 321 millones de pesos, a 899 millones de pesos en 2008 y luego de 1.588 millones en 2009. La mayor parte de estos ingresos provienen de contratos con el sector público. Dichos contratos también se multiplicaron en estos años. SEMANA identificó que P Y G firmó entre 2007 (cinco meses después de que Peñaloza fue nombrado por la Presidencia) y 2012 al menos 42 contratos con más de dos docenas de entidades públicas. Aunque Peñaloza dice que los montos de los contratos eran menores, dichos negocios le significaron a P y G más de 4.000 millones de pesos en ingresos.

Los entes de control también indagan si el ministro o su familia utilizaron su posición y contactos para que les abrieran las puertas en las entidades oficiales. La gerente administrativa de la empresa, Elsa Johana Peñaloza, hija del ministro, lo niega rotundamente. "Nosotros contamos con nuestra experiencia -dice-. En el sector privado sí hacemos mercadeo pero en el sector público no. Nunca llamamos a entidades y con toda seguridad nadie ha llamado a nombre de mi papá. Quien lo haga no está autorizado".

SEMANA consultó con varias entidades públicas sobre la forma como P y G accedió a los contratos. La Superintendencia de Servicios dijo que "la señora Sonia Guzmán había sido contratista, a título personal, de la Superintendencia, en los años 2003 y 2004, con muy buenos resultados" y que esos antecedentes le abrieron las puertas para un nuevo contrato en 2008. En la Gobernación de Cundinamarca, que le adjudicó un contrato de 620 millones de pesos este año, dijeron que se dio un proceso de selección luego de una invitación pública. Sin embargo, una fuente le dijo a SEMANA que en marzo de 2011 Janeth Alvarado de P y G llamó a pedir una cita con el director de la institución a nombre de Sonia Guzmán. "Llamó nuevamente" escribió quien tomó la llamada. "Insiste en obtener la cita que le solicitó. Esposa del Dr. Miguel Peñaloza, alto consejero presidencial. Para hablar de un derecho de petición y hacerle una presentación de la empresa", dice el registro de llamadas que lleva la dirección de la entidad. Es decir que al menos en esta ocasión de P y G sí llamaron usando el nombre de Miguel Peñaloza para presentar la empresa a directores de importantes entidades públicas.

Peñaloza advierte que siempre se ha mantenido al margen de los negocios de su esposa y que su larga trayectoria y sus méritos profesionales son suficientes para abrir puertas. "Ella podría ser Sonia de Peñaloza" dice el ministro "pero ella no me necesita para nada". Queda en manos de las autoridades evaluar hasta qué punto Peñaloza, su esposa o los colaboradores de la controvertida P y G cruzaron los linderos de lo legal y de lo ético.
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