Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 10/30/2011 12:00:00 AM

La bomba de Mapiripán

Las gravísimas revelaciones de la Fiscalía sobre falsas víctimas en una de las peores masacres del país no deben llevar a revisar la historia de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Toda Colombia vio a Mariela Contreras, madre y esposa de tres de las presuntas víctimas de la masacre de Mapiripán, confesar que ninguno de ellos fue asesinado por los paramilitares en su fatídica incursión a ese poblado del Meta en julio de 1997. Para colmo, el suyo parece no ser el único caso: la Fiscalía colombiana sostiene que nueve personas que se dieron por muertas o desaparecidas entonces en realidad están vivas o fallecieron en otras circunstancias, y no en la masacre. El impacto para los abogados que representaron a sus familiares y para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado a una millonaria reparación, es devastador. Y los efectos colaterales, que ya empiezan a verse, pueden ser aún más graves.

La de Mapiripán es una de las masacres más emblemáticas de la truculenta historia reciente de Colombia. En cinco días, entre el 15 y el 20 de julio de 1997, paramilitares enviados por Carlos Castaño desde Urabá habrían torturado y asesinado, según él mismo lo dijo, a 49 personas (la mayoría de los cadáveres, presuntamente arrojados al río Guaviare, nunca aparecieron), y su llegada y tránsito por esa región del Meta habrían contado con la complicidad del Ejército. Por esa masacre, la justicia colombiana condenó a cinco militares, entre ellos al general Jaime Humberto Uscátegui, a 37 años, y la Corte Interamericana obligó al Estado, en 2005, a pagar más de tres millones de dólares a varios familiares de 20 víctimas, las únicas identificadas entonces.

Hoy, 14 años después, en un giro de 180 grados, la Unidad de Justicia y Paz de la misma Fiscalía ha llegado a conclusiones opuestas a las que arribó su Unidad de Derechos Humanos, que aportó evidencia para el fallo de la Corte Interamericana. Dice que de los 49 muertos y desaparecidos solo ha logrado individualizar a 13 (seis asesinados, cuatro desaparecidos y tres secuestrados). Y que de las 20 víctimas que reconoció la Corte, nueve no lo son. Las verificaciones sobre las demás continúan, y pueden arrojar nuevas falsas víctimas.

La reacción ha sido apabullante. El presidente Juan Manuel Santos declaró "aberrante" lo sucedido y anunció que la Cancillería llevará el caso a la OEA, de la que depende la Corte Interamericana. El ministro de Defensa dijo que su institución se declarará víctima en el caso. La Defensoría Militar (Demil) alega que falsificaciones similares habrían tenido lugar en el bombardeo de la Fuerza Aérea contra el pueblo de Santo Domingo, Arauca, y la masacre de Trujillo, Valle. Se anuncian toda suerte de investigaciones y, con toda probabilidad, no faltará la aparición de nuevas 'falsas víctimas' en otras masacres.

Sin embargo, más allá de las reacciones y de la gravedad de lo revelado, la explosión de la bomba de profundidad que ha soltado la Fiscalía tiene varias aristas, que es conveniente mirar una a una.

Lo primero es constatar la gravedad de estas revelaciones. Si al Ejército lo pusieron en la picota los 'falsos positivos', con igual razón un caso de falsas víctimas como este debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. Y aquí solo caben dos posibilidades, que la justicia debe esclarecer. O se trata, como ha ocurrido ya en casos de falsos desplazados, de avivatos individuales que se aprovechan de los mecanismos de reparación y de las instancias legales para su lucro personal; o de que los apoderados de los casos de los familiares de las víctimas -que perciben sustanciosas sumas por esa labor- contribuyeron al engaño. El Colectivo de Abogados José Alvear, que llevó casos como el de Marina Contreras, ha dicho que pudo haber sido engañado (ella alega que un miembro de esa organización le dijo "que dejáramos así", cuando le informó que uno de sus hijos en realidad estaba vivo y había sido reclutado por la guerrilla). Comprensiblemente, el prestigio -y la existencia misma- del Colectivo y la autoridad de la Corte Interamericana están sobre la mesa (esta última ha anunciado que revisará el caso) y todo dependerá de lo que las investigaciones arrojen finalmente.

En segundo lugar, lo sucedido es revelador de las inmensas debilidades de la justicia colombiana. ¿Cómo puede ser, se preguntará cualquier observador externo, que la misma Fiscalía que hace años certificó a esas víctimas -y en la evidencia que aportó se basó en parte la Corte Interamericana para su decisión de 2005- hoy diga que no son tales? La respuesta, además de las conocidas debilidades de la justicia, tiene que ver con que esta depende más de pruebas testimoniales que forenses. Son los testigos, más que las investigaciones de laboratorio, los que condenan o exculpan en Colombia. Y esto puede llevar a reversazos y equivocaciones tan espectaculares como la de Mapiripán.

Por último, hay un aspecto de esta discusión que puede terminar convirtiéndose en un efecto colateral de indeseables consecuencias. Más allá de cuántos hayan sido exactamente los muertos y de que algunas personas hayan fabricado víctimas imaginarias para lucrarse, en Mapiripán hubo una masacre. Esclarecer si sus víctimas fueron 13 o 49 no debe hacer olvidar que se trató de un horrendo homicidio colectivo como tantos otros que han sucedido y siguen teniendo lugar en el país. Por otra parte, y esto es de lo más grave para el Estado colombiano, hubo complicidad de militares con los paramilitares que la ejecutaron. La Corte Interamericana condenó a Colombia no solo a pagar reparación por las víctimas, sino por acción y omisión de agentes del Estado en la muerte de civiles en Mapiripán. Y esa parte de la sentencia no queda cuestionada por los descubrimientos de la Fiscalía.

Por eso, nada sería más grave que, al amparo del descubrimiento de falsos testimonios en torno a las graves violaciones al derecho internacional que han tenido lugar en Colombia, se pretendiera poner en duda que estas han tenido lugar o presentar como víctimas a agentes o instituciones del Estado que las permitieron o participaron en ellas. Si bien hay que investigar hasta sus últimas consecuencias las 'falsas víctimas' de Mapiripán, las verdaderas víctimas, de esa y de todas las masacres en Colombia, siguen necesitando justicia, verdad y reparación.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.